El juez Peinado mantiene imputadas a otras cuatro personas en contra del criterio de la Fiscalía y después de que la Audiencia Provincial haya avalado parte de la causa y corregido algunos de sus excesos
Bolaños declara ante Peinado que conoció a la asesora de Begoña Gómez “semanas después” de ser contratada en Moncloa
Hace un año que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a todo el país y a su propio partido con un gesto inédito en la política española: canceló su agenda durante cuatro días para decidir si continuaba en el cargo ante lo que definió como una “campaña de acoso” contra su esposa, Begoña Gómez. Apenas unas horas antes había trascendido que un juzgado de Madrid había abierto una investigación para investigar sus actividades y relaciones profesionales tras la denuncia de un pseudosindicato que se apoyaba sobre informaciones de prensa, algunas directamente falsas. Aquella pausa que mantuvo en vilo al PSOE, a sus socios y a los integrantes del Gobierno y propició incluso una manifestación a favor a las puertas de Ferraz, se cerró con otro mensaje en el que Sánchez se limitó a confirmar su continuidad en el cargo por la “regeneración pendiente” de la democracia, pero sin hacer más anuncios.
Doce meses después, lo que se inició con una querella de siete folios presentada por Manos Limpias — y que incluyó el bulo de una subvención a la mujer del presidente que en realidad fue a una empresaria cántabra del mismo nombre— ha derivado en una exhaustiva investigación que acumula 15 tomos y para la que han sido interrogadas más de una treintena de personas, entre ellas el propio presidente y el ministro de Justicia. En todo este tiempo, y a pesar del ruido mediático, el juez Juan Carlos Peinado sigue sin hallar pruebas de los cuatro delitos que investiga en la esposa de Sánchez. En su última batería de citaciones, el juez apunta al Gobierno y al Ibex.
La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, ha dado un aval parcial a sus pesquisas y corregido algunos de sus excesos. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, advirtió a Peinado el tribunal el pasado enero. El sumario acumula también dos informes exculpatorios de la Guardia Civil, así como un buen número de recursos de la Fiscalía y las defensas, que han criticado una instrucción “errática” y la “constante oscuridad” con la que consideran que Peinado dirige la causa.
Este miércoles 16 de abril, justo cuando se cumplió un año del inicio de la investigación, el juez más famoso de España se trasladó por segunda vez al Palacio de la Moncloa para interrogar a un miembro del Ejecutivo después de que el pasado verano tomara declaración al presidente del Gobierno en calidad de marido (y testigo). En esta ocasión, el testigo era el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que interrogó en búsqueda de indicios del delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por Cristina Álvarez, la asesora encargada de coordinar la agenda de la esposa del jefe del Ejecutivo.
La declaración se alargó durante casi dos horas y media, en las que Bolaños explicó que no conoció a la asesora hasta “semanas después” de que ella empezara a trabajar en la Moncloa y que, por tanto, tampoco participó en su contratación. Detalló, además, que nunca fue su jefe y que desconocía sus funciones, aunque enmarcó su nombramiento dentro de la legalidad y explicó que cargos como ese siempre han existido por requerirlo la figura de las esposas de los presidentes del Gobierno. Lo que indaga el juez es si los recados que la asesora realizó para Begoña Gómez constituyen una malversación de dinero público, puesto que ella está contratada por La Moncloa.
El rescate de Air Europa
El asunto que llevó de nuevo esta semana a Peinado a la Moncloa tiene que ver con la última ramificación del caso de las varias que el juez ha ido abriendo apoyándose en acusaciones populares como Vox, HazteOir o Iustitia Europa —las dos primeras vinculadas a la extrema derecha—. Estas piezas indagan en cualquier actividad profesional que haya desarrollado Gómez desde que su marido es presidente: de sus másteres en la Universidad Complutense a sus atribuciones en el Instituto de Empresa (IE).
La causa ha ido expandiéndose después de que la querella inicial acusara a Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el IE con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos.
Una de las últimas piruetas del juez ha estado relacionada con la insistencia en investigar si Gómez facilitó el rescate de Air Europa a pesar de que la Audiencia Provincial ha dicho hasta en dos ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios. También la UCO descartó las sospechas recogidas en la denuncia de Manos Limpias.
Este reciente episodio afloró de nuevo las discrepancias entre el juez y la Fiscalía, que ha pedido desde el inicio el archivo de la causa. El Ministerio Público califica de “insólito” que el magistrado continúe poniendo el foco en las ayudas que otorgó el Gobierno en 2020 para rescatar a la compañía Air Europa a pesar de las delimitaciones de la Audiencia Provincial.
Fruto de estas líneas de investigación el juez mantiene investigadas a otras cuatro personas relacionadas con las diferentes etapas profesionales de Gómez. En esta investigación, además, se una circunstancia totalmente excepcional: los cuatro pasaron a estar investigados tras comparecer como testigos —con obligación de decir la verdad— y negar la existencia de cualquier ilegalidad o trato de favor que sustentaría el delito de tráfico de influencias que el magistrado atribuye a la mujer de Sánchez, a la que también imputa corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
De Barrabés al software de la Complutense
En los primeros meses, el magistrado centró las pesquisas en Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet. Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados, en dos adjudicaciones públicas por las “cartas de recomendación” o incluso “avales” que recibió de la mujer del presidente.
En realidad, Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, la Audiencia de Madrid aseguró que eso no excluye que haya tráfico de influencias en los once contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. El tribunal sí dio la razón al empresario en su recurso contra el registro de su casa y sus oficinas mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces determinaron que el instructor no justificó la “urgencia” de hacer esos registros cuando el investigado estaba ingresado y advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio”.
De ahí Peinado pasó a poner el foco en la actividad profesional de Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. En el marco de esta ramificación ha interrogado a representantes de Google o Indra y ha citado para el próximo mayo al actual presidente de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra; y al antiguo máximo responsable de esta última, Fernando Abril-Martorell.
El instructor investigó primero si la contratación de Gómez en la Complutense en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias. Su rector, Joaquín Goyache, ha comparecido ya dos veces, la primera como testigo y la segunda como imputado. Y en las dos ha negado haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra.
También un informe de la Complutense rechazó la existencia de irregularidades en la cátedra, pero pidió al juez que investigara si gestionó de forma ilegal un software desarrollado para su cátedra. El patrocinio empresarial de ese software está detrás de las citaciones de los directivos de tecnológicas y del Ibex. No hay ningún indicio de que el citado software propiciase ningún beneficio económico ni a Begoña Gómez ni a nadie.
Otro de los testigos que acabó imputado es Juan José Güemes. Hombre fuerte en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, fue llamado a testificar para explicar por qué el Instituto de Empresa, donde es directivo, contrató a Gómez para ponerse al frente de su África Center. El empresario afirmó que su fichaje no guardaba relación con la condición de mujer del presidente del Gobierno, pero el juez estaba convencido de que otra testigo había sido tajante al afirmar que Güemes había dado la orden de contratarla por ser esposa de Sánchez y optó por imputarle. Según consta en la transcripción de la declaración, la testigo nunca hizo esa afirmación.
La última ramificación del caso indaga sobre si Gómez tiene a su disposición una asesora de Moncloa para coordinar su agenda y también sus asuntos profesionales. Entre otras acciones, envió correos electrónicos relacionados con los dos másteres y la cátedra que dirigió Gómez en la Complutense hasta hace unos meses, en lo que Peinado apunta a la existencia de un supuesto delito de malversación. Esta nueva ramificación del caso ha servido al magistrado para tratar de escalar el caso hasta el corazón del Gobierno con su nueva visita al Palacio de la Moncloa este miércoles. Unas de las últimas decisiones del juez ha sido acordar una prórroga, por lo que la investigación se alargará otros seis meses más. Mientras tanto, PP y Vox usan el sumario como munición contra el Gobierno, al que acusan de estar asediado por la corrupción. En las últimas horas la diputada Cayetana Álvarez de Toledo llegó a pedir la dimisión de Bolaños por su citación como testigo ante el juez. Y es raro el día que Feijóo y los suyos no pidan a Sánchez que disuelva las Cámaras y convoque elecciones. Un año después de aquella pausa, el presidente repite que está dispuesto a agotar la legislatura hasta 2027 y ser candidato entonces para optar a cuatro años más.
