El ‘no es no’ de Feijóo: el PP vota en contra de los decretos del Gobierno para salvar situaciones de crisis

El PP tiene un nuevo dilema: el plan de 14.000 millones de euros que el Gobierno ha diseñado para tratar de paliar la crisis derivada de la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y las consecuencias que esta pueda tener sobre trabajadores y empresas. Alberto Núñez Feijóo se debate entre ejercer de partido de Estado y apoyar políticas que reclaman importantes sectores del país ante una agresión externa o sacar tajada de la debilidad parlamentaria del Gobierno y contribuir a una derrota parlamentaria, que en este caso no es segura. Siempre bajo la amenaza de Vox, dispuesto a atacar todo lo que salga del Consejo de Ministros, pero también a quien ose votar junto al PSOE, aunque sean medidas imprescindibles para hacer frente a emergencias.

Detrás de los focos las negociaciones entre populares y socialistas continúan: no están rotas pero tampoco hay acuerdo, apuntan las fuentes consultadas, pese a algunos mensajes lanzados por el PP que podrían dar a entender su voto en contra.

El lunes, en su última comparecencia pública, el propio Feijóo recalcó que no había “novedades” respecto su rechazo a las medidas del Ejecutivo, porque este “se niega simplemente a aceptar propuestas reiteradas del PP”. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene, en cambio, que sí se han aceptado algunas de esas ideas y que se mantiene la negociación. De nuevo, ante otra crisis internacional, el Gobierno no tiene garantizado el apoyo del primer partido de la oposición en una materia tan sensible como las ayudas a la ciudadanía.

Condicionado por la oposición frontal de la extrema derecha a cualquier plan del Gobierno, Feijóo se ha apuntado también al ‘no es no’ en lo que va de legislatura y prácticamente desde su aterrizaje en la presidencia del PP. Pese a prometer una oposición de Estado, los populares han votado sistemáticamente en contra de todos los decretos de Moncloa para salvar situaciones de crisis. Feijóo prioriza así las derrotas parlamentarias del Gobierno, incluso en temas sensibles para la ciudadanía, mientras su partido fantasea con el fin de la legislatura cada vez que el Ejecutivo pierde una votación. Pero Sánchez, entretanto, insiste en que agotará la legislatura y que no convocará elecciones hasta 2027 pese al complicado escenario para lograr mayorías.

El plan contra los aranceles que aprobó el Consejo de Ministros el 8 de abril y que en las próximas semanas pasará por el Congreso alcanza la cifra de los 14.100 millones de euros en ayudas, de los que 7.400 serán de nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes. Contempla una línea ICO de avales de 5.000 millones “para que fluya el crédito a través de las entidades financieras” a los sectores afectados por la guerra comercial. Y suma otra línea ICO de financiación por 1.000 millones para la renovación del Plan MOVES III por 400 millones, la creación del fondo de inversión industrial productiva por 200 millones y el mecanismo RED. En un segundo eje, el plan activa “instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización” de las empresas por 720 millones. Además, diseña coberturas de 2.000 millones a través de las instituciones CESCE y CARI. Por último, despliega el plan ICEX de internacionalización con fondos del Plan de Recuperación (5.000 millones).

Tras unas horas de titubeo en el PP, donde su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, llegó a pedir que no se confundiese un eventual apoyo a los españoles con hacer seguidismo del Gobierno, el PP dejó en el aire el aval a ese paquete de medidas invocando los acuerdos de Sánchez con Junts, que es el comodín que utilizan los populares cada vez que quieren apearse de cualquier plan del Gobierno.

Después apuntó que no puede respaldar al Ejecutivo porque, a su juicio, su plan es “un parche”. Sin concreciones, Feijóo se limita a pedir “reformas estructurales” y “no cambiar nombre de partidas presupuestarias”, y basa su propuesta en combinar las ayudas económicas con rebajas permanentes de impuestos y en prolongar la vida útil de las centrales nucleares.

Esta dinámica de alternar argumentos o excusas para rechazar los decretos de ayudas del Gobierno se ha repetido una y otra vez desde que Feijóo se hizo con las riendas del PP, en 2022. Uno de los ‘noes’ más sonados del principal partido de la oposición se produjo este enero, cuando precisamente se alinearon los intereses de la formación conservadora y Junts. Ambas fuerzas tumbaron un decreto ómnibus que incluía medidas tan importantes para la ciudadanía como la revalorización anual de las pensiones y las ayudas al transporte público.

“El chantaje” del PNV que el PP terminó apoyando

Entonces la plana mayor del PP –lo hizo con especial énfasis el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado– argumentó que su ‘no’ se debía a que en el texto se incluyó la devolución al PNV de un palacio en París que fue adquirido a principios de siglo por dirigentes de la formación nacionalista, pero que fue sustraído por el régimen nazi cuando invadió Francia y, posteriormente, fue entregado por Alemania a la dictadura franquista.

La perplejidad de una parte del PP ante lo que había hecho su dirección tumbando un texto que iba en favor de los intereses de pensionistas y trabajadores hizo al equipo de Feijóo sobreactuar y hablar de “un regalo” al PNV e incluso de un “chantaje más” de las fuerzas nacionalistas e independentistas al equipo de Sánchez. Génova 13 llegó a lanzar bulos como que el decreto incluía subidas del IVA a alimentos o a la electricidad, dos aspectos que ni siquiera se mencionaban en el texto. Todos esos argumentos se esfumaron apenas unas pocas semanas después cuando, tras días de presiones internas y externas, el PP sí apoyó un decreto idéntico en el Congreso que también recogía la devolución del polémico palacete parisino al PNV. “No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno”, argumentó entonces el PP para justificar su llamativo cambio de opinión en solo unas horas, tan pronto como vieron que la votación iba a tener mayoría gracias al apoyo de Junts.

Un año antes, en enero de 2024, Feijóo y sus 137 diputados también votaron ‘no’ a un enorme paquete de medidas sociales. Durante uno de los plenos más importantes de la legislatura, el PP rechazó, en primer lugar, un real decreto de medidas anticrisis que, no obstante, fue aprobado gracias al respaldo de los partidos que facilitaron la investidura de Sánchez. Del texto dependían medidas que impactaban directamente al bolsillo de millones de personas. En primer lugar, la subida de las pensiones de 2024 para más de nueve millones de pensionistas, del 3,8% de manera general y más elevada (entre el 5 % y el 7%) en el caso de las mínimas y no contributivas. La norma estableció también la pensión máxima, el aumento del complemento contra la brecha de género, así como otras medidas relevantes desde el punto de vista de la financiación, como el aumento de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para la hucha de las pensiones, y de lo que cotizan los salarios más altos. 

Junto a las pensiones, se reguló también el aumento del 6,9% del ingreso mínimo vital (IMV), otra iniciativa a la que el PP dijo ‘no’. Y también rechazó más medidas laborales como las ayudas a autónomos, en las cuotas y cese de actividad, por el volcán de la Palma, también los ERTE específicos por la crisis climática y la llamada “prohibición de despedir” de manera objetiva por la crisis energética o por las consecuencias de la guerra de Ucrania. También se opuso Feijóo a la prórroga de las condiciones más ventajosas de la jubilación parcial y el contrato de relevo en la industria manufacturera, así como a los descuentos al transporte de los usuarios habituales, la prohibición de los desahucios de todas las personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad, las ayudas a consumidores vulnerables para la calefacción y la luz o la rebaja del IVA de los alimentos básicos.

En contra de ayudas y subsidios

En aquel primer pleno de 2024 el PP también rechazó otro decreto para la modernización de la justicia que incluía un nuevo complemento salarial para funcionarios o la creación de una nueva retribución que permitiera a los funcionarios ascender salarialmente sin cambiar de puesto de trabajo. El texto, no obstante, también salió adelante con la mayoría de la investidura. El mismo PP que hace de la bajada de impuestos su principal bandera se opuso a ese mismo decreto que recogía ampliar las desgravaciones fiscales que se aplican para las donaciones a entidades sin ánimo de lucro incluidas en las normas de mecenazgo, así como cambios en cuanto a las entidades que podían beneficiarse de no tributar por el impuesto de Sociedades, al incorporar a aquellas encargadas de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social o las actividades de educación de personas con altas capacidades.

Feijóo también votó ‘no’ a otro real decreto, el de la reforma de los subsidios de desempleo, que en este casó sí decayó porque al rechazo de PP y Vox se sumó también Podemos. Entre las medidas más destacadas de esta norma figuraban: el aumento de la cuantía del subsidio a los 570 euros al mes (desde los 480 euros actuales), la eliminación del mes de espera entre la prestación y el subsidio, la posibilidad de compatibilizar un empleo y cobrar parte del subsidio, así como la protección de nuevos colectivos –menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios– mientras que otros (personas salidas de prisión, RAI, subsidio extraordinario de desempleo) se extinguieran y fueran derivados al ingreso mínimo vital. Otro de sus elementos –que fue el que decantó el ‘no’ de Podemos– consistió en la reducción progresiva de lo que cotiza el subsidio para mayores de 52 años: del 125% de la base mínima (determinada por el salario mínimo) al 100% de esta en 2028. El voto del PP también contribuyó a anular la universalización del derecho a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas o la posibilidad de compatibilizar el subsidio de paro con prácticas formativas.

Al poco de llegar al frente del PP, Feijóo tampoco quiso contribuir a la aprobación del real decreto de medidas contra la crisis económica provocada por la inflación, ante el que los populares se abstuvieron, en julio de 2022, aunque salió adelante con más ‘síes’ que ‘noes’. La norma incluyó medidas de amplio calado social como la limitación de la subida de los alquileres u otra subida del IMV, además de las rebajas al transporte público, una rebaja al 5% del IVA de la electricidad, la congelación del precio de la bombona de butano y un cheque de 200 euros para las familias de menores ingresos.

Cuando aterrizó en Madrid, en abril de 2022, después de acumular cuatro mayorías absolutas en Galicia, Feijóo quiso presentarse como un dirigente de consenso y adalid de la moderación. Pero desde entonces, además de multiplicar las descalificaciones contra la izquierda con el mismo estilo que Vox –con el que compite por el mismo electorado y de quien depende en comunidades y ayuntamientos– el PP se ha opuesto a todos los decretos sociales del Gobierno y ha desechado la idea de hablar de pactos de Estado, que se convirtió en una cotidianidad en sus primeros meses al frente del PP. Pero desde entonces tan solo ha acordado con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado julio, y después de cinco años de bloqueo por parte del PP, y la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el pasado febrero.