La alerta de los equipos de protección al menor en Galicia: «El sistema está saturado y deja fuera a quien lo necesita»

El sistema gallego de protección de menores hace aguas. Las quejas de la Xunta cuando se conoció el reparto de migrantes pactado entre el Gobierno y Junts permitieron descubrir, por boca del propio ejecutivo autonómico, que se encontraba ya “sobreocupado”, al 108% de su capacidad. Mientras entidades como el Foro da Inmigración se echaban las manos a la cabeza por las reticencias de la administración Rueda a acoger a poco más de 300 jóvenes procedentes de Canarias, los profesionales alertan de la falta de medios en una comunidad que tiene a 900 menores repartidos entre centros y familias pero en la que no hay datos de cuántos son los que se quedan a las puertas ante la carencia de recursos. Aunque Política Social lo niega, los técnicos aseguran que cuentan con los mismos equipos que hace tres décadas.

“Es un sistema saturado que deja fuera a quien lo necesita”. David Gontán, el coordinador del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG), tiene claro que “la Xunta es la primera interesada en que no exista una lista de espera real para no causar alarma con tantos menores en desprotección”.

“Los medios de los que dispone Política Social no cubren la demanda y no hay familias acogedoras suficientes. Eso provoca que, a pesar de que vaya contra la ley, si quieres pasar un niño a una familia acogedora tienes que separarlo de sus hermanos, porque no hay familias para grupos”. Teresa forma parte de uno de los equipos técnicos de intervención del menor de la Consellería, los encargados de la valoración y el seguimiento de los pequeños en situación de alto riesgo o desamparo. Hoy ha salido de su trabajo a media tarde tras atender seis citas pautadas, inicialmente, entre las 9 y las 14 horas: una cada hora.

“En esas citas vemos a familias enteras, menores por un lado y padres por el otro. Es agotador. Los casos están muy ramificados. Por ejemplo, tienes el caso de un niño que tiene tres hermanas y cada una es de una madre o un padre distinto, así que tienes que entrevistar a cuatro progenitores y seis abuelos”. Cada técnica, como ella, tiene asignados unos 80 casos diferentes. “Eso es una barbaridad. La gente se cabrea con nosotras porque no nos da tiempo ni a llamarlos por teléfono”.

“Da mucha rabia cuando una madre o un padre o un niño —a los que también vamos a ver, que somos sus tutores— te dice que lleva dos meses esperando por ti, que si ya no te importa su vida, que por qué no le haces caso, que siempre pones la excusa de que tienes mucho curro…”, se lamenta.

Teresa no se llama así. Tanto ella como el resto de integrantes de su equipo —trabajadoras sociales, psicólogas y educadoras— han pedido que no se revele su identidad. Sus voces transmiten toda la urgencia de las situaciones que viven en su día a día. Cuando una toma aire, su compañera completa el argumento. “No se asumen medidas porque no hay recursos. Al no haber un registro oficial, no hay forma de cuantificar la demanda ni un criterio de acceso”. “Tenemos niños en situación de desamparo, pero no lo podemos declarar porque no hay dónde meterlos”. Y la consecuencia: “Nos llevamos todo esto para casa. Acabamos enfadándonos entre nosotras por pura frustración”.

Desamparados y en el limbo

Declarar a un menor en situación de desamparo es una medida extrema para garantizar sus derechos y obliga a una intervención inmediata de la administración, en este caso, de la autonómica. Cuando se resuelve, el niño es apartado de sus padres y entregado a una persona de su entorno, a otra familia o, en último caso, ingresado en un centro. Pero, ¿qué sucede cuando ninguna de esas tres respuestas es posible? Esa es la situación que viven a diario en Galicia los equipos de menores. “No se puede declarar porque no hay donde meter a los chavales”. Y, cuando lo hay, no siempre es la mejor solución. “Sufren más riesgos allí que en su propia casa”.

Eso pasa “cuando se ingresa en un centro de protección a niños que, lo que necesitan, es un recurso especializado”. “No hay ningún centro que atienda problemas actuales como las adicciones a las nuevas tecnologías o adicciones que han aumentado entre los menores, como el consumo debenzodiacepinas”. Las consecuencias de esas carencias también las pagan, a menudo, las propias educadoras: “En esos centros, aunque no se cuente, se registran agresiones a diario: bofetadas, tirones de pelo…”.

“La Consellería dice que no ha recortado recursos, lo que es discutible, pero los tiempos avanzan, la sociedad avanza, el concepto de maltrato infantil no es el mismo hoy que hace veinte años, por eso los recursos no pueden ser los mismos; y lo son”, clama una de las integrantes del equipo. Política Social niega a la mayor. A través de correo electrónico, un portavoz asegura que es “totalmente falso que la Xunta disponga de menos recursos y medios en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. El presupuesto destinado a recursos del sistema de protección aumentó desde el año 2020 en un 46,7%, lo que permitió reforzar la red de plazas en el sistema de protección en sus distintas modalidades y también poner en marcha nuevos recursos y programas que hasta ahora no existían”. La respuesta no especifica cuáles son esas novedades.

“Llevamos treinta años con los mismos equipos y con los mismos recursos. Si miras los que existían en el año 94 y miras los que hay ahora, son los mismos, pero la situación empeoró”. Gontán explica que “hay más problemas que entonces no se tenían en cuenta: inmigración, violencia de género…”. En su respuesta, Política Social insiste: “Se reforzaron los equipos técnicos dependientes de la Xunta, al tiempo que se implantaron nuevas herramientas —como el procedimiento Valora— para objetivar las decisiones en el ámbito de la protección del menor”.

“Valora es un manual, un pdf. Como instrumento está bien, pero ni dota de recursos para los niños ni suple la falta de personal”, argumenta Teresa, que respalda a sus compañeros: “Son los mismos equipos pero, además, se amortizaron plazas que ya estaban concretadas porque, según la Xunta, no iban a hacer falta”.

El centro, el último paso

“Institucionalizar a un menor es lo último”. Institucionalizar es el eufemismo con el que administración y profesionales se refieren a su internamiento en un centro. Antes de llegar a ese punto se intenta el acogimiento familiar, la fórmula preferente para proteger a un menor en desamparo. “El interés superior del menor siempre tiene prioridad”, subraya Gontán, “por eso se tratará de mantenerlo en su entorno, que pueda seguir escolarizado en el mismo colegio…”. Si es posible, se optará por la fórmula de la familia extensa: que sea un pariente quien se haga cargo de su tutela. Si no hay ninguno que pueda hacerlo, será cuando se busque una familia ajena.

Aquí llega otro punto de fricción entre los trabajadores sociales y la Xunta. Mientras Gontán echa de menos “campañas de sensibilización” por parte de la administración para que crezca el número de familias acogedoras, que “con la situación actual tienen muy difícil” poder hacerse cargo de un menor, Política Social defiende que Galicia es “la segunda comunidad con mejores ratios de acogimiento familiar”, algo que se debe, entre otros motivos, a que el presupuesto para esta partida creció “un 88% desde el año 2020”.

Según las cifras oficiales de la Estatística de protección de menores, en 2022 —último año publicado por la Xunta— hubo 1.236 niños y niñas en acogimiento familiar. De ellos, 924 lo estuvieron en la modalidad de familia extensa; los otros 312 sí fueron acogidos por una de las 285 familias ajenas que toman parte en esta iniciativa. Un número que Gontán sigue viendo insuficiente. “Al final, estamos en una sociedad tan individualista que no concienciamos de los problemas de los más vulnerables”.

La Estatística recoge también el número de plazas en centros existentes en Galicia: 877, de las que el 80% son concertadas. “Muchos recursos son privados, de corte católico o evangelista, que hacen ir a misa a los niños… y eso, a las familias de otras culturas y religiones, no les gusta nada”, critican las integrantes del equipo técnico.

Los colegios, asignatura pendiente

“Sigue sin valorarse el fracaso escolar, la necesidad de hacer de los colegios lugares seguros”. Gontán recuerda la existencia de una vieja demanda: “que los centros educativos cuenten con un trabajador social, tanto para la prevención como para la intervención”, una figura que ya existe en comunidades como la valenciana o en Catalunya.

Hasta hace muy poco, cada provincia contaba con un orientador al servicio de los centros, un vestigio de las redes comarcales previas a la aparición de la figura del orientador en cada colegio e instituto. En agosto pasado se jubiló la de Lugo, la última que quedaba, y con ella desaparece también ese puesto. Lo hace coincidiendo con la aparición de una nueva figura, el coordinador de bienestar de los centros, creada por la ley educativa estatal, y que será asumida por un docente nombrado por el director, algo que no gusta a la federación ANPAS GALEGAS.

Por su parte, el sindicato mayoritario en la educación gallega, CIG-Ensino, critica las carencias del puesto: tan sólo cuenta con dos horas a la semana para una labor que no está remunerada —algo que sí tienen asociado otras coordinaciones similares—, a pesar de que obligará a un gran trabajo de formación, técnico y legislativo, si la persona a la que le toca ejercerla no procede del área de orientación y es, por ejemplo, docente de inglés o matemáticas.

La precariedad de este nuevo coordinador choca con la necesidad que apuntan los expertos de trabajar “mucho más” en la prevención. “Los casos llegan al sistema cuando salta una alarma” y eso, en muchas ocasiones, supone llegar tarde. Entre otros motivos porque, tal y como alerta una de las integrantes del equipo de menores, “hay áreas sanitarias en Galicia en las que la primera cita para niños con problemas graves de salud mental tarda 11 meses”.