Se abren nuevos frentes judiciales. Una de las trece personas fallecidas en el incendio estaría trabajando sin contrato en la sala la noche del siniestro
Víctimas del incendio de Murcia piden ampliar la causa a un delito contra los trabajadores
La noche en Murcia ha cambiado desde la del 1 de octubre de 2023. Aquella madrugada, un incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, situadas en el polígono industrial de Las Atalayas de la capital murciana, provocó la muerte de 13 personas y dejó varios heridos. El fuego se inició en el interior de los locales situados a las afueras de la ciudad, donde las condiciones de seguridad no cumplían con la normativa vigente. Las salidas de emergencia no eran operativas, los recorridos de evacuación excedían las distancias legales y la falta de sectorización entre ambos locales facilitó la rápida propagación de las llamas. La tragedia destapó una cadena de irregularidades administrativas, omisiones de control y fallos en la gestión municipal que permitieron que los locales funcionaran durante años en condiciones de riesgo evidente para el público. Las chispas de una máquina de fuego frío sin homologar comprada en Ali Express prendieron la llama.
Un año y medio después, la investigación judicial sigue en curso. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha ampliado la causa para incluir posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, al constatarse que algunos empleados de las discotecas trabajaban sin contrato y sin formación en prevención de riesgos laborales. Los cuatro responsables de Teatre y Fonda Milagros, ya imputados por homicidio imprudente, se han negado a declarar en relación con estas nuevas imputaciones. Además, las acusaciones particulares han solicitado que se investigue la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia, dado que existía una orden de cese de actividad que no se ejecutó, permitiendo que los locales siguieran operando sin licencia ni condiciones de seguridad adecuadas.
La clausura de las dos discotecas de las Atalayas no fue la única esos días. Durante las siguientes semanas, varios locales de la ciudad se veían cerrados ante el miedo a una inspección del Ayuntamiento. “Mi local estaba en perfectas condiciones por entonces”, recuerda Román, propietario de una sala de fiestas situada a las afueras. “Pero es cierto que teníamos un par de extintores y llevaban unos meses fuera de fecha. Tenía ya encargada una revisión y renovarlos, pero no me la quise jugar porque esos días sí que se estaban tomando muy en serio todo y hacían inspecciones en todas partes”.
Órdenes de cese no ejecutadas
Esa noche en el Teatre, que abría puntualmente, se celebraba la fiesta ‘We are remember’. Todas las víctimas eran de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y nicaragüense. La Fonda Milagros era una de las favoritas del público latino de la capital murciana.
En el caso de Fonda Milagros y de Teatre, aunque contaban con titularidades diferenciadas, en la práctica funcionaban como una única unidad operativa, compartiendo instalaciones, personal, sistema eléctrico y de climatización. Desde su apertura a mediados de los años 2000, el local original fue objeto de sucesivas modificaciones internas, incluyendo ampliaciones de superficie útil, instalación de palcos elevados y creación de nuevas zonas de público sin una revisión completa de las condiciones de seguridad.
Si originalmente había sido una sola discoteca enorme, el dueño lo convirtió en tres “para que fuera más rentable”, contaron en su momento trabajadores en esta zona de locales de ocio que conviven con gimnasios, almacenes de recambios y concesionarios de coches. El falso techo de Teatre se prendió con facilidad y se hizo “una bola de fuego”. Por su parte, la armadura que sostenía la Fonda Milagros se desplomó por completo.
Concentración en apoyo a las víctimas del incendio en Murcia
Algunas de estas obras se realizaron sin licencia, o bien fueron legalizadas posteriormente mediante certificados técnicos privados no contrastados por la administración, hasta el punto de que el consistorio de la capital del Segura suspendió de forma cautelar a varios funcionarios por no haber precintado las discotecas incendiadas después de una orden de cierre.
Durante años, la actividad del local había estado marcada por una situación de irregularidad administrativa. En varios momentos, el Ayuntamiento tuvo constancia de que las discotecas carecían de licencia de actividad válida, lo que no impidió su funcionamiento continuado. En algunos casos, se iniciaron procedimientos para regularizar la situación, que nunca llegaron a completarse. En otros, se dictaron órdenes de cese de actividad que no fueron ejecutadas.
La distribución interior del local presentaba graves deficiencias en materia de evacuación y compartimentación contra incendios. Existía un palco con acceso limitado, situado a más de 36 metros de la única escalera practicable. Las salidas de emergencia no eran operativas, algunas estaban bloqueadas o cerradas con candado, y no se cumplían los requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente. Además, se compartían elementos estructurales y técnicos entre ambos locales sin las debidas medidas de sectorización. Estas circunstancias, mantenidas durante años, generaron un entorno de riesgo acumulado. La tolerancia institucional ante las irregularidades permitió que la actividad continuara con deficiencias estructurales graves, sin que se adoptaran medidas eficaces para garantizar la seguridad del público.
Nuevos frentes judiciales
En paralelo a la instrucción judicial, varios familiares de las víctimas, representados legalmente por Miguel Torres Álvarez, han presentado en nombre de Jairo Antonio Correa García y Kely Daiana Gómez Acosta una querella criminal contra varios responsables del Ayuntamiento de Murcia. La acción penal se dirige a concejales, inspectores técnicos y jefes de servicio que habrían participado en la tramitación de los expedientes de Teatre y Fonda Milagros, acusándolos de delitos de prevaricación administrativa y homicidio imprudente grave.
Agentes de bomberos trabajan de la sala Teatre donde se produjo el incendio
Según sostiene la querella, la administración municipal no solo ha omitido sus deberes de control e inspección, sino que además habría permitido de forma activa el mantenimiento de una actividad que incumplía gravemente la normativa de seguridad contra incendios, siendo estas irregularidades una causa directa de la muerte de trece personas.
En conversación con este medio, el abogado José Manuel Muñoz, representante de varias familias afectadas, ha explicado que el avance de la instrucción judicial pone de manifiesto el incumplimiento de numerosas medidas de seguridad en los locales, avalado ahora por un informe técnico solicitado por el propio juzgado. Muñoz señala que la muerte de las trece personas se produjo precisamente en el “foco de los incumplimientos”, en una estructura que ha calificado como una “ratonera” por la falta de salidas adecuadas y la distancia excesiva hasta la única escalera operativa.
“No había un sistema de detección de humo, las medidas de emergencia no cumplían con los requisitos legales y los locales funcionaban como dos discotecas pero compartían un mismo espacio”.
Además, el letrado denuncia que el Ayuntamiento ha estado permitiendo el funcionamiento de una actividad ilegalizable, dado que el local de Fonda Milagros no cumplía los requisitos mínimos para obtener licencia. Según Muñoz, el expediente administrativo entregado inicialmente por el consistorio incurriría en un delito de manipulación documental, ocultando irregularidades graves, y sostiene que la administración, de manera consciente, no ejecutó la orden de cese de actividad dictada en 2022.
Posibles delitos contra los derechos de los trabajadores
La investigación judicial revela también posibles delitos contra los derechos de los trabajadores en el marco de la tragedia. Según consta en las actuaciones, algunos empleados de las discotecas trabajaban sin contrato y sin formación en prevención de riesgos laborales, incumpliendo la normativa básica de protección laboral. Además, una de las víctimas mortales se encontraría sin contrato laboral la noche del incendio.
Dueños de las salas incendiadas en Murcia se niegan a declarar sobre condiciones laborales
La jueza instructora ha decidido ampliar la causa para investigar estas infracciones, considerando que la situación de precariedad laboral podría haber agravado las consecuencias de la tragedia.
Los responsables de Teatre y Fonda Milagros, ya imputados por homicidio imprudente, se han negado a declarar sobre estos nuevos hechos. Para las acusaciones particulares, este nuevo frente judicial confirma el patrón de irregularidades sistemáticas que caracterizó el funcionamiento de los locales y refuerza la gravedad de la conducta atribuida tanto a los empresarios como a las autoridades que permitieron su actividad.
Dejación de funciones documentada
La documentación recopilada a lo largo de la instrucción judicial y de las actuaciones administrativas ha sido clave para entender cómo se fraguó la tragedia. Uno de los documentos más relevantes es el informe técnico encargado por el juzgado a una arquitecta independiente. En sus conclusiones, certifica que las discotecas Teatre y Fonda Milagros no cumplían las condiciones mínimas de sectorización contra incendios, que los recorridos de evacuación excedían ampliamente las distancias legales permitidas y que existían deficiencias graves en la compartimentación de los espacios, lo que facilitó la propagación del fuego.
La anatomía de la Fonda hizo “imposible” la evacuación desde la planta alta. “No existía muro resistente al fuego, ni puertas cortafuegos, ni compartimentación en falso techo ni en la cubierta, las instalaciones de climatización cruzaban ambos locales sin protección”, enumera el texto, que concluye que “esto favoreció la propagación rápida del fuego entre recintos”.
Desde la acusación señalan que el ingeniero proyectista del edificio omitió “por completo” la compartimentación entre sectores y no justificó medidas contra incendios, “pese a legalizar obras que modificaban elementos estructurales clave”.
Informe del Ayuntamiento y actas de la Policía Local
Familiares de las víctimas del incendio declarado en la zona de ocio de Las Atalayas, en Murcia
A este informe se suma el expediente informativo elaborado por el propio Ayuntamiento de Murcia tras el incendio. En él se reconoce que existía una orden de cese de actividad dictada en enero de 2022, que no se llegó a ejecutar pese a ser plenamente consciente de que los locales funcionaban en situación de riesgo grave para el público. Esta omisión quedó reflejada también en las múltiples actas de inspección elaboradas por la Policía Local y por técnicos municipales entre 2018 y 2023. Dichos informes advertían reiteradamente de salidas de emergencia bloqueadas, exceso de aforo, obras no autorizadas y fallos estructurales que nunca fueron corregidos.
La querella criminal presentada por las familias de algunas de las víctimas se apoya directamente en esta cadena documental. En ella, se acusa a concejales, inspectores y jefes de servicio del Ayuntamiento de Murcia de prevaricación administrativa y homicidio imprudente, señalando que se omitió el deber de controlar la actividad y se permitió su continuidad pese a las múltiples advertencias.
Por último, la comunicación remitida por la Dirección de Urbanismo al juzgado completa el mapa de responsabilidades. Este documento relaciona todos los expedientes abiertos sobre los locales desde su apertura y confirmaría que, durante años, distintas áreas municipales tuvieron constancia directa de las deficiencias y no actuaron en consecuencia. La acumulación de advertencias ignoradas y la reconstrucción parcial de los expedientes tras el incendio refuerzan la tesis de que la tragedia no fue un accidente, sino la consecuencia de una dejación prolongada y sistemática.
