Los populares han puesto en marcha una ofensiva judicial a través de las comunidades que gobiernan y que han recurrido ante el Constitucional medidas claves del Ejecutivo de Sánchez en las materias más diversas
Las comunidades del PP y Page activan sus recursos contra la ley de amnistía ante el Constitucional
El PP ha trasladado su confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales. A través de las doce comunidades autónomas en las que gobierna, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha presentado recursos en el Tribunal Constitucional en contra de algunas políticas claves del Ejecutivo central como la ley de amnistía, la de vivienda o el impuesto a las grandes fortunas.
A esta ofensiva, los populares han sumado recientemente un nuevo conflicto por el reparto de menores extranjeros. Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Murcia y la Comunitat Valenciana ya han anunciado recursos de inconstitucionalidad. En línea con el discurso de sus barones territoriales, Feijóo pidió al Gobierno central que asumiese “sus responsabilidades” y se hiciera cargo de la gestión de estos menores “con sus propios recursos y en sus instalaciones, y no trasladando la responsabilidad a las comunidades autónomas”, que ya están saturadas, según apuntan los presidentes autonómicos que se oponen a la distribución de los jóvenes que llegan a Canarias.
El aragonés Jorge Azcón, que necesitaría el apoyo de Vox para aprobar unos nuevos presupuestos, fue de los primeros barones que rechazaron el nuevo decreto ley. Se situó al frente de una “oposición frontal” a la “desigualdad que se impulsa desde el Gobierno de España y las políticas xenófobas que han acordado Junts y el Partido Socialista”, apuntó. A esta oposición del PP también se ha unido el socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ya ha adelantado que su gobierno estudia recurrir esta medida.
En Génova han recabado menos apoyo en su oposición a la quita de la deuda autonómica de más de 82.000 millones que ha anunciado el Gobierno. Únicamente Madrid y Castilla y León han amenazado con llevar este asunto a los tribunales cuando la medida se apruebe en el Congreso, mientras otras comunidades de mismo signo político intentan no confirmar si mantendrán su negativa a adherirse a este mecanismo.
Recursos contra la ley de amnistía
Los populares también desplegaron su ofensiva judicial contra la ley de amnistía. En esta ocasión, además del propio partido, se unieron a la iniciativa seis comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Parlamento de Cantabria y, de nuevo, Castilla-La Mancha. Page defendió que la norma “es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos”.
Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, fue más allá y calificó la ley como “una norma escrita al dictado de los delincuentes, una aberración legislativa que rompe la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles”. Su gobierno solicitó, además, la recusación de los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez “por su notoria y sonrojante vinculación con el Partido Socialista”. De esta manera, el Ejecutivo de Mazón –tal y como hizo el propio partido y otras comunidades autónomas del PP– aludía al hecho de que fueron nombrados magistrados a propuesta del PSOE y que Campo formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Finalmente, el exministro no participará en el debate del pleno sobre la amnistía.
En su cruzada en contra de la Moncloa, Isabel Díaz Ayuso culpó al presidente de ser “responsable” de un proceso que, según ella, iba a desembocar en un “referéndum” y “la ruptura de la convivencia”. En relación con este conflicto judicial, la Comunidad de Madrid recurrió la exclusión de José María Macías –un magistrado del Constitucional que se opuso a la ley de amnistía– de las deliberaciones del Alto Tribunal sobre esta norma. El Gobierno autonómico sostuvo que la recusación de este magistrado es “una decisión irregular y arbitraria, que no respeta procedimiento alguno y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, apartándose del criterio previo de este mismo Tribunal Constitucional”.
Desde el Gobierno de Ayuso se ha optado por cargar contra el presidente del Constitucional, el magistrado Cándido Gómez Pumpido, al que la semana pasada el portavoz autonómico del Ejecutivo acusaba de ser el “ministro 23” de Sánchez. Lo hacía al referirse a otra de las disputas abiertas entre las dos administraciones, la negativa de la mandataria madrileña a que se recuerde con una placa el pasado franquista de la sede de la Presidencia regional, la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol. De nuevo, el enfrentamiento ha escalado, y las dos partes lo han llevado al Constitucional.
El aval a la ley de vivienda
Los pulsos judiciales no terminan con la amnistía. La ley de vivienda ha abierto una grieta entre la Moncloa y varias comunidades gobernadas por el PP, no solo por la negativa de estas regiones a aplicarla, también porque algunas, como Andalucía, Madrid, Baleares y Galicia, han llevado parte de su articulado al Constitucional. Los diputados del PP en el Congreso tomaron la misma decisión. A ellos se sumaron otras administraciones, como el gobierno de Euskadi y el Parlament catalán.
Además de una invasión de competencias, comunidades como Galicia azuzaron el miedo a la okupación, asegurando que la norma del Gobierno central que pretende limitar los alquiles favorece la usurpación de inmuebles y la inseguridad. Provoca, según advirtieron, “la retirada de viviendas del mercado del alquiler optando por la venta o el uso turístico”, aseguró la conselleira del ramo, Ángeles Vazquez.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado poco margen a estas críticas. En 2024, el pleno rechazó casi todos los argumentos del recurso de la Junta de Andalucía. Un posicionamiento similar adoptó al analizar las alegaciones de los diputados del PP, la mayoría progresista del tribunal de garantías avaló los límites de las subidas del alquiler en zonas tensionadas, una medida muy criticada por los barones populares. “No se obliga, en ningún caso, a fijar un precio antieconómico”, concluyeron los magistrados, a pesar de las declaraciones catastrofistas sobre esta medida. De esta forma, desmontaban las tesis de Ayuso que llegó a asegurar que topar el precio del alquiler “es un atentado contra la propiedad”.
En paralelo, los gobiernos del PP aunaron fuerzas el año pasado para llevar a Sánchez al Supremo para que convocase la Conferencia de Presidentes. Nueve comunidades se movilizaron en los tribunales para requerir al presidente del Gobierno que programase este encuentro de forma “inmediata y urgente”. La reunión se terminó celebrando el pasado mes de diciembre, en Santander.
Este frente judicial ha chocado en varias ocasiones con las decisiones de los tribunales. Madrid, Andalucía y Galicia han recibido varapalos judiciales, como ocurrió con el impuesto a las grandes fortunas. El Constitucional rechazó la ofensiva de estas comunidades contra este tributo que únicamente afecta a personas con un patrimonio neto superior a los tres millones de euros. A pesar de estos reveses, el pulso del PP continúa con los recursos presentados contra el reparto de menores migrantes y los anunciados por Madrid y Castilla y León contra la condonación de la deuda.
