EEUU comienza el proceso para decidir cómo romper el monopolio de Google en el sector de las búsquedas, una decisión que podría influir en la configuración del Internet basado en inteligencia artificial
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Es difícil imaginar cómo sería Internet sin Google. Su buscador ha sido clave para navegar la web y descubrir nuevos contenidos, mientras que sus herramientas publicitarias han definido en gran medida la rentabilidad de incontables negocios digitales. Lo mismo ocurre con las aplicaciones móviles, donde la Play Store ha sido prácticamente imprescindible para llegar a los usuarios de Android. Son tres patas del mundo virtual en el que las herramientas de la multinacional han ayudado a prosperar a muchos y hundido a otros tantos, pero en las que la que más ganaba era la empresa. En las tres, Google ha sido condenada por monopolio.
La última condena llegó la semana pasada en el caso de la publicidad online. “Google ha participado deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos para adquirir y mantener un poder monopolístico en los mercados de servidores de anuncios y publicidad”, declaró una jueza federal estadounidense. “Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio”, había escrito otro magistrado en agosto sobre su posición en el mercado de las búsquedas.
Sin embargo, la situación está lejos de quedar resuelta. Ahora el Departamento de Justicia de EEUU y la multinacional tendrán que esgrimir ante el juez sus argumentos sobre cómo deshacer cada uno de esos monopolios. Una serie de decisiones que podrían cambiar para siempre Internet. Tanto el actual, al redibujar las herramientas de Google y la forma en la que impactan en los usuarios; como el que viene, sentando un precedente sobre el dominio que las multinacionales pueden ejercer sobre la inteligencia artificial.
“No ignorar lo que se avecina”
La vista sobre cómo romper el monopolio las búsquedas ha comenzado esta semana. “La solución de este tribunal debe ser prospectiva y no ignorar lo que se avecina”, pidió el abogado del Departamento de Justicia refiriéndose a ese nuevo Internet basado en IA. “Google está utilizando la misma estrategia que para las búsquedas y ahora la está aplicando a Gemini”, avisó. Gemini es el modelo de Google similar a ChatGPT que se ha convertido en una de las herramientas estrella de la compañía.
Los fiscales han adoptado una postura muy firme, que incluye la posibilidad de obligar a Google a vender Chrome. Argumentan que el navegador ha sido un elemento clave en el fortalecimiento de su monopolio en las búsquedas, ya que es el más utilizado —con una cuota de mercado cercana al 70%, según StatCounter— y está estrechamente integrado con el buscador de la compañía. Su uso promueve la recolección de datos que mejoran la experiencia con el buscador, y viceversa.
“Su Señoría, no estamos aquí para una victoria pírrica”, aseveró el Departamento de Justicia: “Es hora de que el tribunal le diga a Google y a todos los demás monopolistas que están escuchando, y lo están haciendo, que hay consecuencias cuando se infringen las leyes antimonopolio”.
La multinacional, por su parte, ha abogado por soluciones mucho más limitadas. El factor clave que derivó en su condena fue una serie de acuerdos multimillonarios por los que Google pagó a Apple, Samsung, Mozilla y otras empresas del sector para que su navegador apareciera como predefinido en sus productos y servicios. La compañía alega que regular ese tipo de contratos de colaboración acuerdos debería ser la base de la resolución judicial.
“Las empresas de navegadores como Apple y Mozilla deberían seguir teniendo la libertad de negociar con el motor de búsqueda que consideren más conveniente para sus usuarios. El tribunal aceptó que las empresas de navegadores ‘ocasionalmente evalúan la calidad de búsqueda de Google en comparación con la de sus competidores y la consideran superior’. Y para empresas como Mozilla, estos contratos generan ingresos vitales”, ha afirmado Google.
¿Un Google de marca blanca?
El Departamento de Justicia también ha pedido al juez que obligue a Google a revelar datos sobre los algoritmos de búsqueda y cómo gestionan la distribución de anuncios entre los usuarios. Esto, defiende, ayudaría a su competencia a competir en igualdad de condiciones con la multinacional, ya que esa información es clave para mejorar el rendimiento del buscador.
Google, que ha sido muy crítico con la lista de peticiones del gobierno estadounidense, también rechaza esa posibilidad. Entiende que en la práctica es “una lista de deseos para los competidores que buscan beneficiarse de las extraordinarias innovaciones y secretos comerciales de Google que hemos desarrollado durante décadas”, alega.
“La propuesta del Departamento de Justicia obligaría a Google a compartir tus búsquedas más sensibles y privadas con empresas de las que quizá nunca hayas oído hablar, poniendo en riesgo tu privacidad y seguridad”, explica la multinacional a los usuarios en una publicación de su blog oficial: “Tu información privada quedaría expuesta, sin tu permiso, a empresas que carecen de las protecciones de seguridad de primera clase de Google, donde podría ser explotada por actores maliciosos”.
Un caso para sentar precedente
El Gobierno de EEUU ha intentado dejar claro que el proceso contra Google no es uno más, sino que está enmarcado en una política de amplio espectro para romper los monopolios digitales de sus multinacionales. Así lo ha expresado tanto ante el juez del monopolio publicitario de Google como fuera de la sala.
“En un momento de división política en nuestra nación, este caso contra Google une a todos. Este caso se presentó durante el primer mandato del presidente Trump y se ha litigado a lo largo de tres administraciones. Ha unificado a nuestra nación. Cuarenta y nueve estados se han unido al Departamento de Justicia para procesar a Google. Y tienen una buena razón para ello”, ha declarado la fiscal general adjunta para casos antimonopolio.
La desintegración de Google representaría la acción judicial más severa contra un monopolio en un cuarto de siglo. El último proceso similar fue también contra una multinacional digital pero en una era previa a la democratización de Internet. La acusada fue Microsoft, por imponer la preinstalación de Windows en los ordenadores. Aunque un tribunal ordenó dividir la empresa en dos —una para Windows y otra para el resto del software—, Microsoft logró evitar la escisión mediante una apelación, que resultó en compensaciones para sus competidores.
Google esgrime que obligarla a vender Chrome sería excesivo y contrario a la regla de que “la cautela es clave” en las medidas antimonopolio que ha defendido la Corte Suprema de EEUU. Sin embargo, si su caso se usa como precedente para cambiar ese rumbo, las consecuencias afectarían directamente a empresas como Meta, Amazon y Apple, que también tienen procesos abiertos por sus prácticas para torpedear la competencia en sus respectivos dominios del negocio digital.
