Pese a que la ley, en vigor desde junio de 2024, daba dos meses a los jueces para aplicarla, la causa lleva casi un año de retraso por discrepancias entre los tribunales sobre quién debe decidir
Un enredo procesal retrasa la amnistía para la treintena de imputados por los preparativos del referéndum
La Fiscalía de Barcelona ha pedido la amnistía para los cerca de 40 empresarios y exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O y los gastos exteriores del procés, tras casi un año de bloqueo por un enredo procesal. El Ministerio Público solo pide juzgar a dos exaltos cargos por fraccionar contratos de limpieza y auditoría al no tener relación con el proceso soberanista.
La petición fiscal está ahora en manos de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir si aplica la amnistía, la rechaza (como ha hecho el Supremo) o demora todavía más el proceso a través del envío de sus dudas al Constitucional o la Justicia europea.
Se trataba de una solicitud de Fiscalía muy esperada para los alrededor de 40 exaltos cargos procesados. Pese a que la ley de amnistía, en vigor desde junio del año pasado, daba dos meses a los tribunales para aplicarla, un desencuentro entre jueces sobre quién tenía que aplicarla viene demorando casi un año la resolución del olvido penal del procés para la causa de los preparativos del 1-O.
Al contrario de la interpretación del Supremo, que consideró que los gastos para el 1-O eran privados y rechazó amnistiar a los exconsellers, la Fiscalía considera que la malversación sí entra plenamente en la ley de amnistía. “Se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas”, recalca el teniente fiscal de Barcelona, Amadeu Melis, “los actos directamente dirigidos a financiar o sufragar las consultas independentistas deben entenderse amnistiados”.
El fiscal se desmarca de la tesis del Supremo e insiste en que debe amnistiarse también el delito de malversación (además de los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum), porque de lo contrario se dejaría “vacío de contenido” lo dispuesto en la ley.
Entre los procesados que la Fiscalía pide amnistiar están, entre otros, el exconseller de Exteriores Raül Romeva; los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicent Sanchis y Saül Gordillo; el exdelegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj; la exinterventora Rosa Vidal o los exaltos cargos de Presidència Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquín Nin, Ignasi Genovés y Teresa Prohías.
Los únicos dos exaltos cargos que sí deben ser juzgados por prevaricación, a juicio de la Fiscalía, son el exjefe de la fundación Diplocat, dedicada a promocionar Catalunya en el exterior, Albert Royo y la exsecretaria general de la entidad, Rosa Clavell.
En su caso, argumenta el fiscal, sí hay que celebrar un juicio porque fraccionaron sendos contratos del servicio y de limpieza del Diplocat en vez de convocar un concurso público. Royo y Clavell “fueron conscientes de que no podía recurrirse a la contratación sucesiva de contratos menores en la misma empresa”, pese a lo cual encargaron a dos mismas empresas durante seis años seguidos las labores de limpieza y auditoría del Diplocat.
