Los representantes de ambos organismos públicos se han opuesto al pleito de 40.000 euros iniciado por Alberto González Amador contra la vicepresidenta por referirse a él como «defraudador confeso»
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La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Supremo que rechace la demanda de 40.000 euros que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto contra la vicepresidenta María Jesús Montero por llamarle “defraudador confeso”. “No nos encontramos en presencia de un particular al uso. Su nombre, sus dos apellidos, el sitio en el que trabaja son perfectamente conocidos”, ha dicho el Abogado del Estado. “Puede parecer una crítica agria, molesta, malsonante, sin que se llegue a vulnerar el derecho al honor”, ha añadido más tarde el fiscal.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha llevado ante los tribunales a casi una veintena de políticos, periodistas y partidos que a lo largo del último año se han referido a él como “defraudador confeso” después de trascender que había confesado por escrito sus delitos fiscales cuando buscaba un acuerdo con la Fiscalía. En los últimos meses diversos juzgados han celebrado actos infructuosos de conciliación, entre otros, con el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
El pleito iniciado por González Amador contra María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, es el primero en tramitarse ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Su abogada Guadalupe Sánchez, la misma que ha presentado una demanda de honor contra Miguel Ángel Revilla en nombre del rey emérito, ha defendido que estas declaraciones de Montero sí vulneraron el honor del empresario: “Tiene como finalidad última atacar a su pareja sentimental”, ha reprochado, añadiendo que Alberto González Amador “no es un cargo público, no tiene redes sociales, difícilmente se le puede atribuir la consideración de personaje público”.
El Abogado del Estado ha pedido a la Sala de lo Civil que rechace su demanda alegando que el caso era de interés público y que fue el propio González Amador y su entorno los que colocaron al empresario en el objetivo de la opinión pública y el debate político. “Se coloca él mismo de forma consciente en una posición con protagonismo, una situación de interés general, y esa situación produce las consecuencias”.
El fiscal, que en su alocución ha asegurado que ninguno de sus superiores ha ejercido su “jerarquía” sobre él para informar sobre este caso, ha explicado que todo lo que dijo Montero entre marzo y octubre de 2024 sobre González Amador había sido sobradamente publicado por los medios. Los correos con su confesión, ha dicho, “son confidenciales pero han llegado a la prensa, a todos los ciudadanos, hay un sustrato fáctico. ¿Hay un interés general? Ya lo vemos aquí”, ha dicho apuntando a la sala llena de periodistas siguiendo la vista. Montero, dice, se “extralimitó” en sus declaraciones pero no vulneró el honor de González Amador.
Tanto el representante de la Fiscalía como el de la Abogacía del Estado han defendido que la expresión “defraudador confeso” no implica haber atribuido una condena penal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Que sea confeso o no confeso es una expresión, no quiere decir que esté condenado, quiere decir que ha admitido algo y eso existe”, ha dicho el fiscal Javier Muñoz. “Las declaraciones de confeso no deben circunscribirse a su significado jurídico penal, es un debate político y determinadas expresiones pueden ser malsonantes pero existen correos en los que su representante legal manifiesta expresamente que se han cometido dos delitos”, ha añadido el Abogado del Estado José María Mulero.
Un “argumentario” del Gobierno
El presidente del tribunal ha cortado el paso a la abogada de González Amador cuando ha intentado mezclar este pleito civil con las decisiones del juez Ángel Hurtado en la causa penal que investiga la filtración de la confesión del empresario y en la que mantiene imputado al fiscal general del Estado. “Usted traspasa la cuestión controvertida y empieza a introducir elementos que no son objeto de enjuiciamiento”, ha reprochado el juez cuando la letrada ha destacado que Hurtado, en uno de sus autos del pasado mes de enero, lamentó que González Amador hubiera sido llamado “defraudador confeso” sin estar condenado por fraude fiscal.
Antes de empezar la vista, la abogada del empresario ha intentado aportar al proceso un “argumentario” del Gobierno que, según sus palabras, la Secretaría de Estado de Comunicación remitió “por error” a periodistas, incluyendo declaraciones de Montero sobre el caso de Alberto González Amador en diciembre del año pasado. El tribunal, después de deliberar unos minutos, ha aceptado ese documento como prueba, aunque ha restado importancia a la alegación de la defensa del empresario sobre una supuesta estrategia concertada del Gobierno contra él: “Es ajeno a lo que es objeto de enjuiciamiento”.
También ha intentado ampliar su reclamación a más declaraciones de la vicepresidenta, a lo que se ha opuesto el Abogado del Estado: “Lo que se está pretendiendo no deja de ser una ampliación de hechos nuevos”, ha explicado. Aportar ese “argumentario” de la SEC, también se ha quejado, es una “alteración sobrevenida” del proceso. “No sabemos qué tiene que ver eso con este tema”, ha apoyado el fiscal: “Habría que pedir a todos los medios lo que han publicado”.
