La instructora inadmite una nueva querella contra el jefe del Consell aunque, de nuevo, deja la puerta abierta a que el aforado solicite declarar como imputado «de forma voluntaria»
La jueza de la DANA cree “evidente” que las llamadas de Pradas apuntalan la negligencia del Gobierno de Mazón
La jueza de la DANA ha citado de testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, rechazando así imputarlo en la causa, tal como solicitaba la defensa del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, investigado en el procedimiento junto a la exconsellera Salomé Pradas. La instructora descarta que haya indicios de delito que justifiquen la imputación de Miguel Polo, al que acuerda citar en condición de testigo, cuestionando de plano la estrategia de defensa de Argüeso, según la cual hubo un supuesto apagón informativo por parte de la CHJ en relación con el aumento del caudal del barranco del Poyo.
“No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH [Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHJ], ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no de dicho organismo”, afirma un auto dictado este jueves.
La instructora considera que “no es admisible en modo alguno” que Emilio Argüeso “desconozca” el SAIH “ni la firma de acceso a los datos”. “En el caso de que fuera así”, avisa el auto, “dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia”.
También recuerda que, según el informe pericial aportado por la defensa de Argüeso sobre sus comunicaciones el pasado 29 de octubre, el entonces alto cargo de Emergencias indicó a las 14.44, en referencia a la zona de Carlet: “Los barrancos están a punto de colpasar”. “Lo que supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo”.
La magistrada también rechaza la imputación del jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset; de la funcionaria Inmaculada Piles, y de la técnico de comunicación del 112, Aurora Roca. Sí que admite, por el contrario, su declaración como testigos, a la que se suman la comisaria de aguas de la CHJ, Cristina Sola; el actual director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla; el gerente de la empresa pública SGISE, Raúl Quíles; la directora general de Prevención de Incendios, Rosa Tourís; al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y a la comisaria jefa de la Policía autonómica, Marisol Conde.
Además, también ha acordado citar de testigos a los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat; de Catarroja, Lorena Silvent, y de Sedaví, Josep Francesc Cabanes.
El testigo Alvise, “sin interés alguno”
La jueza descarta la declaración como testigos de los eurodiputados ultras Alvise Pérez y Diego Solier, que estuvieron con Argüeso al día siguiente de la DANA en el Puesto de Mando Avanzado de Paiporta. “No posee interés alguno para la investigación la actuación que pudiera realizar el 30 de octubre el investigado”, remata la jueza, que también rechaza la testifical de varios mandos de la Guardia Civil que solicitaba la defensa de Emilio Argüeso. El conductor del alto cargo el 29 de octubre “poco puede aportar sobre los hechos sucedidos”, apostilla.
En otro auto dictado este jueves, la jueza desestima el recurso de la defensa de Argüeso contra la resolución que acordó solicitar las llamadas al 112 de las víctimas cuyos familiares autorizaran la medida. “El auto recurrido”, recuerda la magistrada, “no admitió la obtención indiscriminada de todas las grabaciones de las llamadas al 112, dejando, sin embargo, la puerta abierta, como sí se ha hecho, de obtener las grabaciones cuando la persona llamante prestara su consentimiento a tal eefcto”.
La instructora también cuestiona la alegación de Argüeso de que una posible filtración de las llamadas causara “alarma social y daño a las víctimas”. Por el contrario, el auto recuerda que eso “no se corresponde con lo manifestado por muchas de las víctimas.
Tambié afirma que las alegaciones del exalto cargo de Mazón investigado en la causa sobre las llamadas al 112 son “contradictorias” con la aportación de las comunicaciones y mensajes que declaró haber recibido en su teléfono personal el día de la DANA y cuya transcripción aportó su defensa en un informe pericial poco antes de su declaración del pasado 11 de abril.
Nueva querella contra el aforado Mazón
Por otro lado, la instructora ha inadmitido una nueva querella de un particular, del pasado 16 de abril, contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su condición de aforado. “Ello sin perjuicio de lo dispuesto en resoluciones anteriores de este Juzgado en el que se efectuó el oportuno ofrecimiento a su declaración como investigado”, indica el auto.
La magistrada recuerda que, dada la condición de jefe del Consell, su declaración como investigado o querellado “solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara”. Una opción que Mazón ha declinado asumir.
Así, la resolución inadmite la última querella contra el presidente autonómico, “sin perjuicio de su declaración voluntaria como investigado”, según apostilla la jueza en la parte dispositiva del auto.
Además, la magistrada ha aceptado la personación de dos nuevas acusaciones populares, ejercidas por Compromís y por Intersindical Valenciana.
