Una sentencia considera infundada la negativa de la Comunidad de Madrid para denegar un alquiler social a una mujer que abandonó su casa tras ser adquirida por Goldman Sachs, aunque la Comunidad de Madrid ha recurrido el fallo
Nuevo revés al Gobierno de Ayuso: la Justicia otorga un alquiler social a una afectada por la venta de pisos públicos
Como ya les ocurrió a sus predecesores, Isabel Díaz Ayuso continúa afrontando las consecuencias políticas de la venta de 3.000 viviendas públicas en 2013 al fondo Goldman Sachs por 200 millones de euros, en una operación llevada a cabo por el Gobierno de Ignacio González (PP). Más de una década después, los afectados por aquella decisión siguen padeciendo sus consecuencias sociales, incluyendo casos extremos que terminaron con situaciones de sinhogarismo, tras perder alquiler social.
Ese fue el caso de Susana, 53 años, que se vio obligada a abandonar una casa que ya no podía pagar. Con el cambio de casero, perdió todas las bonificaciones que le había otorgado la Comunidad de Madrid, y se adentró en una vida cada vez más precaria. Pasó por casas de familiares, ocupó viviendas, y en sus peores momentos, llegó a dormir en la calle, según explica su abogado. En busca de una solución, volvió a solicitar ayuda a las administraciones públicas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid le denegó el acceso a un segundo alquiler social.
Esta decisión fue anulada recientemente por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que reconoce el derecho de Susana, una mujer con una discapacidad del 39%, madre de tres hijos y en riesgo de exclusión social, a acceder a una vivienda de emergencia social con una renta reducida, en condiciones similares a las que le fueron concedidas en 2008. Así lo establece una sentencia emitida el 24 de marzo, a la que ha accedido elDiario.es, y que ya ha sido recurrida por el Gobierno de Ayuso, según explica la defensa de la afectada.
De esta forma, el abogado de Susana, César Pinto, que ya consiguió que la Justicia anulase la venta de las 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs, le vuelve a abrir una brecha a la Comunidad de Madrid en la gestión de este caso. Esta es la tercera sentencia de primera instancia que falla a favor de afectados por esta operación y que obliga a la administración autonómica a concederles un alquiler social, algo a lo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se había negado por la vía administrativa. Uno de los fallos, ya ha sido ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los tres demandantes están defendidos por Pinto.
La respuesta de la Comunidad “no responde a la realidad”
El magistrado considera que la justificación que la Comunidad de Madrid dio a Susana para negarle un nuevo alquiler “no responde a la realidad”. La afectada pidió una nueva vivienda social en mayo de 2023, una vez que la venta de su casa ya había sido anulada por la Justicia. Cinco meses después, la Directora General de Vivienda le denegó la solicitud. Alegó que esta mujer incumplía uno de los requisitos del decreto que regula el parque de viviendas de emergencia social porque ya había sido adjudicataria de una vivienda pública “en los diez años anteriores al momento de presentar la solicitud”.
La Justicia desmiente esa afirmación y recuerda que Susana no incumple los requisitos, ya que recibió la vivienda pública en 2008, por lo que el plazo de diez años ya había transcurrido. No solo eso, también recuerdan que la operación con Goldman Sachs fue revocada.
“En consecuencia, es lógico entender que la anulación, mediante resolución judicial, de la venta de una vivienda de emergencia social”, apunta el magistrado, que añade que esta circunstancia “supone un acontecimiento extraordinario que justifica la adjudicación de una vivienda de esa naturaleza a favor de aquella persona a la que, debido a su precaria situación económica, se le había reconocido el derecho a ocuparla con anterioridad a que se produjera la venta”.
Por lo tanto, el magistrado concluye que el recurso presentado por Susana “debe estimarse íntegramente; declarando la nulidad de la resolución administrativa impugnada, por no ser conforme a derecho”. De esta forma, y a espera de que la Justicia se pronuncie sobre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, esta mujer podría recuperar una casa que no tiene desde 2018, fecha en la que abandonó la vivienda gestionada por el fondo americano. Según recoge la sentencia, la afectada se marchó tras firmar con la sociedad un compromiso a condonarle los 10.370 euros que debía.
