Las familias de cuatro de las seis personas fallecidas en la localidad albaceteña durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024, reclaman responsabilidades a las administraciones públicas con competencias en emergencias. Piden testimonio, entre otros, del presidente regional, el alcalde, la delegada del Gobierno de España o el presidente de la Diputación
La Confederación del Segura “ultima” el informe para ofrecer alternativas de reduzcan el riesgo de inundación en Letur
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hellín ha admitido a trámite la querella criminal por presunto homicidio imprudente tras la muerte de seis personas en la localidad albaceteña de Letur a finales de octubre de 2024, víctimas de la DANA.
El auto judicial, con fecha del pasado 22 de abril, abre la causa presentada por Juan Manuel Medina, abogado y colaborador de la Asociación SOS Desaparecidos, en nombre de los familiares de cuatro de las seis personas fallecidas en Castilla-La Mancha durante las inundaciones. Unas víctimas a las que se sumó una séptima en Mira (Cuenca).
Según el documento de la querella, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, la defensa considera querellados a “todos” aquellos miembros de las distintas administraciones públicas “con competencia en materia de emergencias, bien por designación como cargo público o bien en base a relación laboral”, de cara a determinar posibles responsabilidades penales.
“Entendemos que un ejercicio eficaz de los organismos de la Administración Pública destinados a la prevención y gestión de emergencias hubiese evitado las muertes producidas en el marco del desastre de la DANA”, continúa el escrito.
Piden que comparezca Page, el alcalde o la delegada del Gobierno, entre otros
La defensa pide que comparezcan en el proceso, en calidad de testigos, tanto el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, como del alcalde de Letur Sergio Marín, el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete Pedro Antonio Ruiz, del presidente de la Diputación Santiago Cabañero y del jefe de servicio de Protección Civil. Además, se pide la declaración de Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España.
La defensa pide también realizar un reconocimiento aéreo sobre la zona afectada con la presencia de la autoridad judicial y presencia pericial, “a fin de obtener una visión global del área y recabar evidencias visuales”.
También reclama documentación oficial, tanto el Plan Municipal de Emergencias y los planes especiales que afecten a la localidad de Letur, así como actas, informes y comunicaciones internas de los órganos de emergencia o los registros de órdenes y decisiones adoptadas por los responsables de la emergencia.
Después se solicita la colaboración de organismos públicos y privados, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las empresas y organismos privados que pudieran haber intervenido en la gestión del suceso y el Servicio de Emergencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La justificación de la querella está en la que consideran una actuación “absolutamente negligente” que mostraron los miembros de la Administración Pública respecto de los ciudadanos de Letur. “No recibieron ningún aviso de las consecuencias devastadoras del fenómeno atmosférico”, señala el documento presentado ante el juzgado, aludiendo al hecho de que se encontraron con una catástrofe “de forma completamente sorpresiva”.
Y por esta razón entienden que la responsabilidad por las muertes de Letur recae en “ciertos miembros de las autoridades públicas con competencias en materia de emergencias, que ostentan una responsabilidad por culpa in vigilando respecto de los administrados”.
¿Qué quiere saber la jueza y a quién pregunta?
La jueza ya ha comenzado a pedir información. En una providencia fechada el 24 de abril, daba traslado de varios oficios. Por un lado, el dirigido a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para que informe sobre cuáles eran las previsiones para el día 29 de octubre de 2024 en la localidad de Letur (Albacete) y cuál fue el volumen de agua finalmente registrado.
Al Ministerio del Interior le pregunta sobre las medidas que se tomaron. Quiere saber por qué no se adoptó la situación operativa 3 de emergencia en Letur, que hubiera obligado a intervenir al Gobierno de España.
Después, la siguiente tanda de preguntas se la hace llegar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En el oficio reclama al Gobierno regional que explique cómo tuvo noticia del hecho, qué medidas adoptaron y qué sucedió ese día.
Nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas -en un municipio de más de 900 habitantes- a zonas seguras
A la Confederación Hidrográfica del Segura le pide información sobre las medidas adoptadas de acuerdo a sus competencias y le pregunta sobre lo que sucedió en Letur el 29 de octubre de 2024, cuando se desbordó el arroyo que atraviesa el casco antiguo de la población. Son las mismas cuestiones que plantea al Ayuntamiento de la localidad
“Las negligencias que más han trascendido han sido, sin duda, las de la Generalitat de la Comunidad Valenciana; sin embargo, Castilla-La Mancha no se queda atrás”, esgrime el escrito presentado ante el juzgado e insiste: “Nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas -en un municipio de más de 900 habitantes- a zonas seguras”.
Respecto al papel del Gobierno de España critica lo que considera una “absoluta falta de intervencionismo estatal ante una situación que a todas luces se salía de control” y, en este aspecto, sugiere que “la no activación del nivel 3 de emergencia nacional es indicativo de un fallo en la estructura de respuesta de emergencias”.
“Sabían lo que estaba sucediendo en Valencia y no adoptaron medidas”
La defensa hace un paralelismo con lo ocurrido en la vecina Comunitat Valenciana, recordando que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha iniciado diligencias previas. Después, detalla la cronología de lo ocurrido en la provincia de Valencia y subraya que no fue hasta las 18 horas cuando “empiezan a llegar las primeras noticias desde Letur”.
Fueron los bomberos, continúa el documento, los que “informan de personas atrapadas en viviendas y de la búsqueda de varios desaparecidos”.
Las familias mantienen, a través del letrado, que “las autoridades locales de Letur, provinciales de Albacete y autonómicas de Castilla-La Mancha, aunque sabían lo que estaba sucediendo en la provincia de Valencia” o de que “la AEMET ya había alertado de las consecuencias que podría tener este fenómeno meteorológico de la DANA en la provincia de Albacete, no adoptaron ninguna medida de seguridad, ni preventiva”.
Es especialmente sangrante que la Confederación Hidrográfica del Segura no tuviese ningún medidor en los caudales más cercanos a la localidad de Letur, y sí diversas universidades que no estaban habilitadas para ser las emisoras de avisos a la población ni a las autoridades públicas
En su opinión, “el relato cronológico de la materialización del riesgo no deja lugar a dudas y la incapacidad de anticipación y la ausencia de toma de decisiones adecuadas se ofrece como un nexo de causalidad efectivo”.
Ven “especialmente sangrante” que la Confederación Hidrográfica del Segura “no tuviese ningún medidor en los caudales más cercanos a la localidad de Letur, y sí diversas universidades que no estaban habilitadas para ser las emisoras de avisos a la población ni a las autoridades públicas”.
Uno de los argumentos jurídicos que presentan se refiere a la “prevención” como “deber de anticiparse a riesgos para salvar vidas”, que recoge la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
También cita la obligación de la comunidad autónoma de dotarse de “planes territoriales eficaces en materia de protección y prevención de riesgos” y del ayuntamiento de disponer de “planes municipales operativos frente a riesgos conocidos”.
