El ministerio pretende reformar el Código Penal para que los jueces puedan impedir a los condenados hablar de sus casos cuando suponga la «revictimización» de las mujeres, como hizo José Bretón con el periodista Luisgé Martín, autor del libro finalmente cancelado por Anagrama
ENTREVISTA – Luisgé Martín: “Me duele haber sido el origen del nuevo dolor de Ruth Ortiz”
El Ministerio de Igualdad quiere impedir que casos como el del libro El odio, en el que José Bretón cuenta el asesinato de sus hijos, vuelvan a repetirse y para ello trabaja en una propuesta de reforma del Código Penal. El departamento dirigido por Ana Redondo, que desde el principio se mostró partidario de paralizar la publicación de la obra finalmente cancelada por Anagrama, pretende incluir como pena accesoria la posibilidad de que en casos de violencia vicaria los jueces puedan prohibir a los asesinos condenados que difundan información cuando “el propósito o efecto” sea “la revictimización” de las mujeres, según fuentes del ministerio.
Redondo ya había adelantado su intención en medio de la polémica por el libro, contra el que la Fiscalía y la madre de los niños, Ruth Ortiz, iniciaron acciones legales argumentando que vulneraba sus derechos y los de sus hijos. Para escribirlo, Martín intercambió con Bretón, que cumple condena en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), unas 60 cartas y en él el asesino confiesa por primera vez el crimen. La Fiscalía pidió la paralización de la publicación, prevista para el pasado 26 de marzo, pero los jueces se negaron por el riesgo de incurrir en “censura previa”.
Después de que la editorial haya paralizado definitivamente el libro y el autor esté en busca de nuevo sello, el Ministerio de Igualdad ha concretado su propuesta en la modificación de dos artículos del Código Penal –el 39.h y el 48– con los que los jueces pueden limitar derechos a los investigados y condenados. Entre ellos, figura la inhabilitación para empleo o cargo público, los trabajos en beneficio de la comunidad o la prohibición de tener armas. También las medidas pensadas para proteger a las víctimas como la prohibición de aproximarse o de comunicarse por cualquier medio con ellas o sus familiares.
La idea de Igualdad es ampliar esta última posibilidad para incluir también la “difusión pública de contenidos” por parte del condenado con el objetivo de evitar que “pueda comunicar o hacer entrevistas” en los casos en que “esté en juego la revictimización de las mujeres”, informan fuentes del departamento. La intención es ponerlo sobre la mesa en el seno del Gobierno y “trabajarlo” con el Ministerio de Justicia y también con los grupos parlamentarios y a partir de ahí decidir si se planteará como modificación aislada o dentro de un “paquete” de medidas en el marco del recién aprobado Pacto de Estado contra la violencia de género.
La propuesta vuelve a poner sobre la mesa el dilema que ya agitó el libro de Martín en su momento sobre el conflicto entre derechos fundamentales –la libertad de expresión y el derecho al honor y la intimidad de las víctimas–. Un debate que ya había estallado un año antes con Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, el niño de ocho años al que asesinó Ana Julia Quetzada, entonces pareja del padre. La mujer se enteró de que la condenada participaba desde la cárcel en un documental sobre el caso, ante lo que inició una campaña y amenazó con acciones legales.
El documental finalmente se frustró y no llegó a realizarse, pero en principio, este tipo de casos no estarían englobados en la medida que propone Igualdad, que está pensada solo para casos de violencia vicaria, aquellos en los que el padre o la pareja de la madre asesina a sus hijos para hacerle daño en un contexto de violencia machista. Desde 2013, 63 menores han sido asesinados de esta forma.
“La víctima sigue viva”
Que El odio supone la “revictimización” de Ruth Ortiz lo defendió el ministerio desde que la mujer puso el foco en cómo las prepublicaciones del libro en prensa estaban “perpetuando el daño” que ya le había infligido su exmarido con el asesinato de sus hijos en 2011. La mujer aseguró que Bretón estaba “continuando con la tortura” al verse obligada a conocer a través detalles “que no sabía sobre la agonía de sus hijos o sobre cómo el asesino lo preparó todo”. Ortiz consideraba, además, que el contenido suponía una vulneración de los derechos fundamentales de Ruth y José, asesinados cuando tenían seis y dos años.
“Si el libro viera la luz le generaría mayor sufrimiento”, afirmó la ministra Redondo al valorar “positivamente” la decisión de la Fiscalía, que pidió su paralización para proteger el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores. La titular de Igualdad se refirió a ello en varias ocasiones más, poniendo el foco en el sufrimiento de Ruth: “La víctima sigue viva y sigue sufriendo”, sostuvo al tiempo que se posicionaba en contra de “dar voz a los asesinos”.
En todas sus declaraciones públicas la ministra ha reconocido que se trata de un tema “complejo” en el que hay que “ponderar derechos” –los de las víctimas y el derecho a la libertad de expresión y la creación literaria–, pero igualmente ha insistido en que estos últimos “no son limitados” y en que la sociedad debe “establecer mecanismos para proteger” a las víctimas en estos casos.
La Justicia, sin embargo, avaló la publicación del libro en dos ocasiones: primero el juez de instrucción y después la Audiencia de Barcelona, que negó la suspensión cautelar de la obra. La editorial Anagrama ya había echado el freno al lanzamiento y pese a contar el respaldo judicial, mantuvo la suspensión del libro “de forma indefinida”. La Fiscalía insistió aun así y reclamó al juez que la el sello entregara el libro para poder “analizar y estudiar su contenido”.
Días después, la editorial decidió extinguir el contrato con Luisgé Martín haciendo referencia al “equilibrio entre la libertad creativa y otros principios morales” y recordando que “las obras que se inspiran en hechos reales requieren de una dosis doble de respeto y sensibilidad”. Por su parte, el autor, que siempre ha defendido que su intención con el libro era intentar entender la mente del asesino está buscando nueva editorial para que El odio salga a la luz y asegura que su “único error” fue no avisar a Ruth Ortiz, que se encontró con las noticias sobre la confesión del crimen de Bretón o sobre cómo planeó el asesinato sin saber nada antes.
