La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de València y reclama contratos del concejal de Vox Juan Manuel Badenas

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) también han solicitado documentos a la Intervención municipal

La Fiscalía amplía la investigación al concejal de Vox en Valencia Juan Manuel Badenas por malversación y prevaricación por un contrato de patrocinio

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido este miércoles en el Ayuntamiento de València en busca de documentación relacionada con contratos gestionados por el concejal de Vox, Juan Manuel Badenas.

Fuentes de toda solvencia aseguran a elDiario.es que los agentes están en estos momentos en las dependencias municipales y habrían procedido a requerir diversa documentación a la Intervención municipal y a la Fundación València Activa.

Precisamente este miércoles se ha conocido que La Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado abrir diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación, malversación y falsedad documental contra el edil de Vox en el Ayuntamiento de València Juan Manuel Badenas por un contrato de patrocinio presuntamente irregular que fue denunciado por el grupo municipal socialista.

Esta investigación se ha sumado a la que el Ministerio fiscal ya tenía en marcha por su gestión en la fundación municipal Valencia Activa. Los portavoces municipales del PSPV, Borja Sanjuán, y de Compromís, Papi Robles, pusieron en conocimiento de la Fiscalía informaciones en prensa y audios que apuntan a una posible prevaricación y malversación de fondos públicos por parte del concejal. Badenas, quien estuvo expedientado por Vox y expulsado del grupo municipal por estos contratos, aunque luego fue readmitido para mantener la mayoría del Gobierno de la alcaldesa del PP María José Catalá.

Vox abrió una investigación a su exportavoz por un contrato de 128.000 euros con una consultora desde la fundación municipal a su cargo, que encargó un plan de publicidad a una consultora en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno en Valencia. Sin embargo, un informe jurídico del Ayuntamiento concluyó que no había irregularidades.

Seguirá ampliación.