Las testificales del jefe de los bomberos o del responsable del Centro de Coordinación de Emergencias pueden despejar dudas sobre aspectos clave de los fallos en el Cecopi del pasado 29 de octubre
La jueza de la DANA cita de testigo al presidente de la Confederación del Júcar y reitera la invitación a que declare Mazón
La jueza de la DANA ha citado a declarar en sus últimas resoluciones a nuevas tandas de testigos, que se suman a las testificales de la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, y del presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicente Mompó, cuya comparecencia se ha suspendido dos veces. La magistrada instructora considera que, en el caso de los nuevos testigos, no hay indicios para citarlos como investigados, tal como han solicitado varias de las partes personadas. Al estar citados en condición de testigos tienen el deber de decir la verdad (en caso contrario, se les podría acusar de falso testimonio) y de responder a todas las partes personadas, entre la jueza, el fiscal las acusaciones particulares y populares y las defensas de los dos imputados. ¿Quiénes son y qué pueden aportar sobre la reunión clave del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre?
Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Cristina Solá, comisaria de aguas. El presidente de la CHJ ha guardado silencio sobre su papel en el Cecopi del día de la barrancada, al que estaba conectado telemáticamente. Sin embargo, la jueza ha reiterado en varias ocasiones que la CHJ envió a los técnicos de Emergencias de la Generalitat la información sobre los caudales de ríos y barrancos mediante el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).
“No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH, ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no de dicho organismo”, afirma un reciente auto que rechazaba imputar a Polo, tal como pedían algunas acusaciones y la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa junto con la exconsellera Salomé Pradas.
Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias. El veterano funcionario es un testigo importante del Cecopi y, específíicament, del debate sobre el envío de la alerta masiva a los móviles. Tanto Pradas como Argüeso señalaron a Suárez como uno de los principales técnicos que debían asesorar en la respuesta a la emergencia. El exsecretario autonómico deslizó durante su declaración que el alto funcionario estaba de vacaciones las jornadas anteriores al 29 de octubre y que tuvo que volver el día de la DANA.
Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación del 112. La funcionaria habló en varias ocasiones con Emilio Argüeso a lo largo de la mañana del 29 de octubre, tal como indica el informe pericial sobre sus comunicaciones aportado a la causa por el investigado. La funcionaria, licenciada en Física, trabaja en el Centro de Coordinación de Emergencias desde hace más de tres décadas.
José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. El bombero, actualmente jubilado, era el responsable de los efectivos que medían el caudal del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre, retirados sobre las 15.00 sin que se haya aclarado quién dio la orden. Experto en incendios forestales, se erige en testigo clave del debate sobre el envío del Es-Alert, tras las pinceladas que aportó en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia.
Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana. El alto cargo es el único superviviente del equipo de Emergencias de Pradas en el actual Consell de Carlos Mazón. Persona de confianza del president, fue el autor del informe oficial remitido a la jueza, en el que en apenas dos páginas aseguraba que las pausas en el Cecopi se ordenaron para un “trabajo exclusivamente presencial”, una expresión que la instructora tildó de mero “eufemismo”.
Aurora Roca, técnica de comunicación de Emergencias. La periodista, responsable del gabinete de información del Cecopi, fue acusada por Emilio Argüeso de no haber comunicado los datos emitidos por los medios de comunicación sobre la barrancada mientras se desarrollaba la reunión del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana.
Raúl Quilez, director de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE). Casado con la actual secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, quien a su vez preside la SGISE. En su declaración ante la jueza, Emilio Argüeso reprochó que Quílez guardó silencio sobre la retirada de los efectivos que medían el caudal del barranco del Poyo.
Rosa María Toruís, directora general de Prevención de Incendios Forestales. Con un currículum solvente en la Guardia Civil y un perfil altamente técnico, Tourís era prácticamente la única alto cargo de que disponía Mazón con experiencia en materia de catástrofes, con un currículum que incluye la jefatura del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y del Centro Nacional de Desaparecidos de España.
Marisol Conde, comisaria jefa de la Policía autonómica. La veterana uniformada, que encabeza la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana desde el anterior Ejecutivo del Pacte del Botànic, está considerada una policía seria y también presenció momentos clave del Cecopi.
José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana. El climatólogo fue uno de los participantes en el Cecopi que denunció posteriormente las pausas que se produjeron en la reunión de coordinación de emergencias y que dejaron con la pantalla en negro a los convocados que participaban telemáticamente.
Los alcaldes, sin “información precisa”
Por otro lado, la magistrada ha rechazado imputar a los alcaldes de las localidades afectadas por la DANA, arguyendo que “se vieron sorprendidos” por las inundaciones, “no recibieron tampoco la información precisa” por parte de la Generalitat “ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar”, según indica un auto de este viernes.
Eso sí, la jueza ha citado de testigos a los alcaldes socialistas de Paiporta, Isabel Albalat; de Catarroja, Lorena Silvent, y de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, así como a los primeros ediles populares de Utiel, Ricardo Gabaldón, y de Algemesí, José Javier Sanchis.
