Un juzgado de Madrid sentencia al eurodiputado a pagar al exministro por colgar una foto de un encuentro privado refiriéndose a él como integrante de una «mafia», sanción que se suma a su condena anterior a pagar 60.000 euros al político por mensajes similares
Una jueza condena a Alvise Pérez a indemnizar con 60.000 euros a Ábalos por difamarlo
Un juzgado de Madrid ha condenado al eurodiputado de extrema derecha Luis ‘Alvise’ Pérez a indemnizar con 20.000 euros al exministro José Luis Ábalos por difundir una foto privada suya en Twitter y, además, referirse a él como parte de una “mafia”. La sentencia, que ha difundido el propio Ábalos en su cuenta de la red social X, entiende que vulneró su derecho a la propia imagen por publicar la foto y también su honor por el comentario. Se trata de la segunda sentencia que condena al agitador ultra a indemnizar a Ábalos por hechos similares: otra anterior le obligó a pagar 60.000 euros por mensajes parecidos sobre él.
Alvise, entonces todavía lejos de la política, publicó varias fotos de Ábalos en agosto de 2020, donde el entonces ministro salía en una cafetería con un hombre al que el agitador identificaba como un abogado y que, según explica ahora el diputado, era “un encuentro informal y de carácter privado con un viejo amigo”. En su mensaje, Alvise acompañaba la foto con la frase: “Se acabó el miedo ante la MAFIA que está llevando España a la ruina”.
Se trata de una estrategia habitual del hoy eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta para hostigar a rivales políticos y, principalmente, políticos y periodistas progresistas: publicar imágenes en ambientes privados e insinuar que han sido cazados haciendo algo ilegal. El Tribunal Supremo ya confirmó una condena civil de 7.000 euros para él por hacer lo mismo con la periodista Ana Pastor y Protección de Datos le multó con 5.000 euros por publicar una imagen de la hija menor de edad de Óscar Puente.
Esta sentencia retiera que la estrategia de Alvise contra cargos políticos y periodistas no puede ampararse ni en la libertad de expresión ni tampoco en el carácter público de sus objetivos. En ese mensaje emitió, dice la sentencia, “un comentario despectivo y peyorativo” buscando su “desprestigio” ante sus miles de seguidores, y la imagen que tomó o consiguió y difundió era privada.
La persona con la que estaba, explica la sentencia, ni siquiera era el abogado que refería Alvise en su tuit. “La reunión en sí no tenía interés publico alguno al pertenecer al ámbito privado del demandante, y como tal, carente de interés informativo”, dice la sentencia que ha podido examinar elDiario.es. El agitador, sigue el juez, “no contrastó debidamente la información que proporcionaba” y se refirió a él como parte de una mafia: “Para concluir en una crítica al gobierno, lo que sí ampara la libertad de opinión y de expresión, no era necesario calificarlo como tal”, explica la resolución todavía recurrible.
Son hechos y razonamientos muy similares a los que llevaron a otro juzgado de Madrid a firmar una condena de hasta 60.000 euros por otros mensajes en Twitter en los que también difundía una foto privada de Ábalos, esta en su domicilio en València, e insinuaba que padecía problemas de salud mental.
Tres causas penales contra Alvise
El partido que impulsó Alvise Pérez para las últimas elecciones europeas, en las que consiguió tres escaños y más de 800.000 votos, se encuentra sumido en crisis después de que su líder acusara a sus dos eurodiputados de cobrar de lobbies armamentísticos y ellos, a su vez, hayan roto con él y hayan anunciado incluso acciones legales. Diego Solier y Nora Junco, que junto con él accedieron al Parlamento Europeo, acusan al líder de Se Acabó La Fiesta de “matonismo” y “chantaje”.
En paralelo y por la vía penal, el Tribunal Supremo ha abierto hasta tres frentes judiciales al agitador ultraderechista. Los jueces han puesto en marcha una investigación por cobrar 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas y, supuestamente, financiar ilegalmente su candidatura a las europeas, tal y como reveló elDiario.es. También ha abierto unas segundas diligencias por difundir, durante la pandemia, una falsa prueba PCR del hoy president de la Generalitat, Salvador Illa.
La tercera causa que pesa sobre él, pendiente todavía de su citación como imputado, llega desde València: el eurodiputado está acusado de provocar el hostigamiento de sus casi 700.000 seguidores contra la fiscal Susana Gisbert, especialista en delitos de odio del Ministerio Público.
