El PP se ha visto obligado a retirar todos los reconocimientos al dictador a instancias de la Fiscalía de Derechos Humanos, que amenazaba con sancionar al equipo de gobierno municipal por incumplir la ley
Antecedentes – Santander ejecuta la retirada de nombres franquistas una década después de haber aprobado los cambios en el callejero
El dictador Francisco Franco ha perdido definitivamente la condición de “alcalde honorario” de Santander, así como otros reconocimientos y distinciones otorgados durante la dictadura, como la Medalla de Oro y la Llave de Oro de la Ciudad, cuando están a punto de cumplirse 50 años de su muerte. Así queda reflejado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicado este miércoles, en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado el pasado 24 de abril de 2025, y que también afecta a las condecoraciones impuestas al militar golpista Luis Carrero Blanco.
El Partido Popular, que gobierna en Santander de manera ininterrumpida desde hace décadas, se vio obligado a tomar esta medida y a retirar los reconocimientos al dictador a instancias de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, que amenazaba con sancionar al equipo de gobierno municipal liderado por Gema Igual (PP) por incumplir reiteradamente la ley a pesar de que ya existían acuerdos plenarios en este sentido al menos desde hace diez años.
“El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Santander, en sesión de 27 de agosto de 2015, acordó, por unanimidad, asumir el compromiso de adoptar las medidas oportunas para la determinación de las menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura contenidas en el callejero santanderino, procediendo al cambio de denominación de las calles y topónimos afectados, así como a adoptar las medidas oportunas para la determinación de los escudos, insignias, placas o el resto de menciones conmemorativas que deban ser retirados, elaborando un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura, a los efectos del artículo 15.2 de la Ley 52/2007, comúnmente conocida como Ley de la Memoria Histórica”, recuerda el propio anuncio publicado en el BOC.
De esta forma, y cuando han trascurrido casi 50 años de la recuperación de la democracia en España y 18 años desde la entrada en vigor de la primera Ley de Memoria Histórica en nuestro país, el Ayuntamiento de Santander deja sin efecto los acuerdos plenarios del 21 de agosto de 1946, 4 de enero de 1952, 3 de julio de 1968 y 7 de marzo de 1974, por los que se otorgaba los títulos de Alcalde Honorario de la Ciudad, la Medalla de Oro de la Ciudad y la Llave de Oro de la Ciudad a Francisco Franco, así como la Medalla Oro de la Ciudad a Luis Carrero Blanco, respectivamente.
Hace tan solo unos días se hacía también efectivo el cambio oficial de 18 nombres de calles de Santander vinculados con el franquismo, una modificación aprobada por el Ayuntamiento en 2015 y que, a instancia de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se ha ejecutado definitivamente por el Pleno municipal, dado que acuerdo previo de retirada de honores y cambio del callejero para adaptarse a la ley nunca fue tramitado por el PP, que lo pospuso de forma voluntaria e indefinidamente durante una década.
“Posición inadmisible de rebeldía”
La llegada a Santander del nuevo fiscal delegado de los Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, ha dado un impulso a las demandas de diversas asociaciones memorialistas y ciudadanos particulares que han venido exigiendo que se borren los símbolos de la dictadura en la ciudad.
En junio de 2024, casi 40 ciudadanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cantabria por un presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander, al no acceder a retirar del callejero municipal los nombres de Paseo del General Dávila y la calle Camilo Alonso Vega, dos militares golpistas. La denuncia se archivó un mes más tarde con el argumento de que los hechos denunciados no se correspondían con el tipo penal de la prevaricación administrativa. No obstante, se consideró que la vía adecuada para corregir la ilegalidad denunciada era la contencioso administrativa.
Unos meses después, en diciembre del año pasado, seis ciudadanos a título particular presentaron ante la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria una petición para ejecutar inmediatamente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santander de 27 de agosto del 2015.
Hace unas semanas, el pasado 3 de febrero, representantes de la asociación de memoria, Archivo de Guerra y Exilio (A.G.E.), Desmemoriados, Héroes de la República y la asociación Memoria de Laredo presentaron ante la Fiscalía una petición solicitando la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, para obligar al Ayuntamiento de Santander a que cumpliese la legislación y retirase toda denominación que mencione exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista.
La respuesta llegó con esa diligencia que finalmente ha obligado al PP a actuar. En ella, el fiscal Yáñez subrayaba que el Ayuntamiento de Santander no había ejecutado sus propios acuerdos para cumplir sus obligaciones en materia de Memoria Democrática. “Se ha situado de forma consciente y deliberada en una posición inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley”, expresó.
En este sentido, añadió que “los servidores públicos tienen una obligación o exigencia reforzada en cuanto al deber de cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que el caso del Ayuntamiento de Santander resulta especialmente anómalo e injustificado en función de todo lo señalado anteriormente”. Por ello, exigió que se iniciara “la retirada de honores a criminales fascistas”, conforme al artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática que obliga a suprimir símbolos, nombres o distinciones que supongan exaltación de la dictadura franquista, como finalmente se realiza con su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
