La exconsellera investigada en la causa mantuvo durante el parón de la reunión la conversación telefónica más larga de la trágica jornada con el president Carlos Mazón
La jueza de la DANA considera “absurda” la explicación del Gobierno de Mazón sobre las pausas de Pradas en el Cecopi
Documento – El listado completo de llamadas del móvil de Salomé Pradas el día de la DANA
La jueza de la DANA ha abierto un boquete en la línea de flotación de la estrategia de defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa junto con el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La declaración como testigo del primer técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado pie a que la magistrada estreche el cerco de la “grosera negligencia” que le imputa indiciariamente a la exconsellera Pradas, según indica un auto dictado este jueves por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, declaró ante la jueza que fue Pradas quien “avisó de que iban a parar” la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y de que “iban a pensar qué iban a hacer y que cuando tomaran una decisión, ya les avisarían”.
Lo hizo en un momento crítico de la emergencia, a las 18.00 del día de la DANA, tal como sostienen Bernabé y José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, que estaban conectados al Cecopi telemáticamente y se quedaron con la pantalla en negro. Núñez conserva los mensajes de WhatsApp que envió en aquellos momentos e incluso una foto de la pantalla en negro. Por el contario, fuentes cercanas a Salomé Pradas aseguran que no está acreditado que la exconsellera ordenara la pausa.
A las 19.05, tras haber sido informada por la alcaldesa de Paiporta de la trágica situación en la localidad, ya completamente inundada, Bernabé llamó a Pradas y le pidió que se retomara el Cecopi.
Se trata de una interrupción de la reunión del Cecopi en un momento clave de la respuesta a la emergencia, en una hora en que el barranco del Poyo se desbordó, ocasionando la inundación que se llevó por delante a la mayoría de las 228 víctimas mortales de la DANA (la mitad de más de 70 años).
¿Qué pasó en esa hora en que se paró el Cecopi? El director general de Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla, un alto cargo del Gobierno de Mazón que participaba en el Cecopi, dijo en un informe remitido a la jueza instructora que durante la pausa se hizo un “trabajo exclusivamente presencial”, una expresión que la magistrada tildó posteriormente de mero “eufemismo”.
La llamada de siete minutos con Mazón
En esa hora, en la que ya se debatía en el Cecopi el envío a los móviles del Es-Alert, también se produjo la llamada más larga que la entonces consellera Salomé Pradas, que ejercía el mando único de la respuesta a la emergencia, mantuvo con su superior jerárquico, el president Carlos Mazón. A las 18.16, según el acta notarial de las llamadas de Pradas publicada por elDiario.es, la consellera conversó durante siete minutos con el jefe del Consell.
Poco después, la imputada mantuvo otra llamada —mucho más corta— con Mazón y con un alto cargo del Palau de la Generalitat, el director general Francisco González. También intentó infructuosamente contactar con el jefe de gabinete del president, José Manuel Cuenca. Casi a las 19.00, el acta anota dos brevísimas llamadas (de nueve y 14 segundos, respectivamente) con el ‘número dos’ de Mazón en el PP valenciano, el portavoz popular en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca.
La jueza instructora ha insistido en varias resoluciones en que no investiga al jefe del Consell por su condición de aforado. Y, más recientemente, ha rechazado elevar de momento una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), el paso previo para tratar de imputar a un aforado. “La instrucción no está agotada”, advirtió.
En todo caso, la instructora reitera la “evidente posición de garante” de Pradas y la “manifiesta pasividad” ante la catástrofe. Prueba de ello, según la jueza, es que el envío del Es-Alert iba aparejado a la “autorización” y el “visto bueno” de la entonces consellera.
Las “razones todavía no explicables” de las pausas
En un auto dictado este jueves, breve pero de mucha enjundia, la jueza Nuria Ruiz Tobarra aporta pistas relevantes sobre el apuntalamiento de la presunta imprudencia imputada a Pradas (de por dónde van los tiros del núcleo gordiano de su instrucción). La magistrada tiene acreditado, tras la declaración testifical de la delegada del Gobierno, que “se decidió dejar fuera de la reunión del Cecopi” a los participantes en la reunión en modo telemático por “razones todavía no explicables”.
Con la pantalla en negro se quedaron durante más de una hora la delegada del Gobierno, de la que dependen (al menos, institucionalmente) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el representante de la Aemet, con un papel vital en una emergencia de naturaleza climática, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, al que el Palau de la Generalitat reprocha que no informara en el Cecopi de la crecida del barranco del Poyo. Luego hubo una segunda pausa antes del envío del Es-Alert a las 20.11, cuando ya había fallecidos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones.
La información sobre la crecida del barranco del Poyo que proporcionaba el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) llegó al Centro de Coordinación de Emergencias a las 18.43, en pleno parón del Cecopi. De hecho, según la declaración del técnico de Seguridad y Control del pasado 6 de mayo, los datos probablemente ni siquiera llegaron a la sala del Cecopi ni al subdirector general de Emergencias, el alto funcionario Jorge Suárez, citado próximamente de testigo.
La magistrada tilda de “absurda” la justificación que dio el director general Alberto Martín Moratilla (en un vago informe de apenas dos páginas) sobre la pausa. Porque, remacha la magistrada, “es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas”, en referencia a la CHJ, “y al mismo tiempo excluir de la reunión a quién supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo”.
“Todo ello”, apostilla la jueza, “convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados [Pradas y Argüeso], oscilando entre un desconocimiento difícilmente justificable respecto de las posibles decisiones a adoptar por la Conselleria, o las herramientas a utilizar como el sistema Es-Alert”.
Los WhatsApps de Argüeso producen “auténtico estupor”
Con Emilio Argüeso, secretario autonómico y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias el día de autos, la magistrada tampoco se queda corta a la hora de tipificar su actuación, que el alto cargo nombrado por Mazón considera que fue “encomiable”. Era el “segundo” en la cadena de la toma de decisiones, por detrás de Pradas, y “supuestamente”, desliza con ironía la jueza, conocía la situación, los protocolos y las herramientas para responder a la emergencia.
Sin embargo, de Argüeso “no consta más participación que la remisión de mensajes, algunos a través de los chats [de WhatsApp], y que tuvieron algunas respuestas que producen auténtico estupor”, afirma la instructora en referencia a las comunicaciones del 29 de octubre aportadas por el investigado en un informe pericial.
