El Ejecutivo pretende que los diez proyectos que ya se tramitan se sometan a los nuevos criterios, que incluyen un informe obligatorio y vinculante de las agencias de evaluación de la calidad
El Gobierno pone más requisitos a las universidades privadas: un informe vinculante y un mínimo de 4.500 estudiantes
Se preveía que la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) iba a ser tensa y la previsión no ha defraudado. Este jueves se han reunido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las comunidades autónomas por primera vez desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que va a endurecer los requisitos para crear (y mantener) universidades, una medida que el PP rechaza. Sus consejeros, que como tienen las competencias son los responsables de la creación de nuevas universidades, han podido decírselo esta tarde a la cara a la ministra, Diana Morant. Creen que el Real Decreto es “recentralizador” e invade competencias autonómicas, igual que el PNV.
La reunión se ha alargado durante casi cuatro horas. Todos los consejeros tenían mucho que decir, según fuentes presentes en la reunión. Los populares, que estaban “tensos”, le han dicho a Morant que están en contra la reforma del Real Decreto que tramita el Gobierno y han intentado forzar una votación que el ministerio ha declinado porque la cita era meramente informativa. También han tratado de evitar que el Ejecutivo tramite la modificación de urgencia, como va a hacer, lo que supondría alargar el proceso tres meses más. Universidades también ha negado esta posibilidad.
Además de las comunidades del PP, el Gobierno vasco, o al menos el PNV, se ha desmarcado del texto por la mañana por cuestiones de fondo y de forma, lo que podría suponer un problema para el Gobierno en el Congreso, que ahora será protagonista en la aprobación de universidades online. El consejero, Juan Ignacio Pérez Iglesias, aprecia una “centralización” en las competencias “exclusivas” de las comunidades autónomas que sería “inconstitucional”. Pero la consejería también ve exagerado el mínimo de 4.500 alumnos para crear nuevos centros privados cuando algunos “de los mejores del mundo” en la actualidad no lo alcanzan.
La cita tenía como objetivo que el Gobierno explicara a los consejeros de universidades de las comunidades autónomas los cambios que pretende incluir en el real decreto de creación de universidades. Una de las últimas novedades es que el Ejecutivo quiere incluir en la normativa una disposición transitoria que especifica que los proyectos de aprobación de nuevas universidades que ya estaban en marcha antes de la entrada en vigor de la modificación de la normativa, que normalmente deberían regirse por la normativa anterior, lo harán con las nuevas condiciones.
Diez nuevos proyectos en trámite
Específicamente, esto significa que el Gobierno quiere aplicar las nuevas condiciones a las diez propuestas que se gestionan actualmente, incluida la necesidad de que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), o su equivalente autonómico, validen los proyectos con el nuevo informe, según adelantó El País. También que cuenten con tres doctorados (frente a los dos que se exigen ahora), que tengan un mínimo de 4.500 estudiantes y que ofrezcan al menos un 10% de plazas de alojamiento para estudiantes, que son algunas de las principales novedades que incluye la reforma de la normativa que prepara el Gobierno para evitar la creación de “chiringuitos”, según los ha definido en alguna ocasión.
Las diez nuevas universidades que han pedido ser aprobadas son TAI University-Universidad Internacional de las Artes y la Universidad Felipe II, en Madrid; las universidades Abierta de Extremadura (ONEX), Europea de Extremadura y la Universidad CEU-Núñez de Balboa, también de esta comunidad autónoma; las universidades Internacional de Aragón (UNIAR), NCI de Aragón y The Power University; la Universidad Digital (UDDI) de Canarias y la Universidad de Mallorca, en Baleares.
Cuatro de estas propuestas (UNIAR, NCI de Aragón, la Universidad Digital de Canarias y Uninde) son al menos en parte virtuales. Si acaban ofreciendo más del 80% de su docencia online estrenarán otro de los nuevos requisitos que quiere implementar el Gobierno: al considerarse universidades a distancia, cree el ministerio, su ámbito de trabajo es nacional y por tanto no pueden depender de una comunidad autónoma y deberán ser aprobadas por el Parlamento (Congreso y Senado). Esta decisión ha sido criticada este jueves por los consejeros del PP y también por el del PNV,
La previsión del Ministerio de Universidades es que algunas de estas “no tendrán problemas” para cumplir los nuevos requisitos, pero otras sí. El Ministerio realiza un informe de las propuestas que es preceptivo, pero no vinculante, y sobre el que votan después las comunidades autónomas, que lo suelen aprobar porque es un informe técnico. Pero luego cada Gobierno parlamento autonómico toma sus propias decisiones, sea ese informe ministerial positivo o negativo, y no son pocos los casos en los que las universidades se aprueban pese al rechazo del ministerio.
La eclosión de lo privado
El Gobierno ha tratado de explicar, ante las críticas, que la reforma que está realizando se dirige contra “algunas, no todas”, las universidades privadas, aunque formalmente el Real Decreto aplica tanto a las públicas como a las privadas. Pero son estas últimas, específicamente las de más reciente creación, las que flojean especialmente en la pata de la investigación y centra toda su actividad en la docencia, más rentable.
Fue el anterior ministro, Manuel Castells, quien abrió esta puerta hace cuatro años. Pero su reforma daba un margen de cinco años a los centros para adaptarse a los nuevos requisitos que exigía, rendija por la que se colaron multitud de centros que no cumplían y que tenían informes desfavorables. El epítome de esta práctica quizá es Utamed, una universidad online radicada en Andalucía que la Junta aprobó pese a que tenía hasta cuatro informes negativos y que se puso en marcha con un capital inicial de 3.000 euros.
En esta ocasión Pedro Sánchez anunció personalmente la medida para subrayar la importancia que le da el Ejecutivo. El presidente habló ese día de “chiringuitos” pensados con el único objetivo de hacer negocio, de poca calidad y de un ataque sistemático al sistema público basado en “el método de siempre”: degradar lo público a base de recortar la inversión, desprestigiarlo y acto seguido presentar lo privado como solución.
Técnicamente, el Gobierno lo que va a hacer es modificar el Real Decreto de creación de universidades, que ya intentó endurecer en 2021 la normativa para evitar lo que finalmente ha acabado pasando. El Ejecutivo planteó el trámite de urgencia, lo que le permitió acortar los plazos –otro elemento cuestionado por la oposición, que no entiende la urgencia– y prevé aprobar la reforma en junio.
En los últimos años, al calor de un floreciente negocio que ofrece una alta rentabilidad, ha habido una eclosión de universidades privadas en España. Esta burbuja ha provocado que sea ya cuestión de (poco) tiempo que haya en España más universidades privadas que públicas, cuando hace solo 25 años la relación era de 50 públicas frente a 16 de iniciativa empresarial o de la iglesia. Hoy las públicas siguen siendo las mismas, pero las privadas ya suman 46, y Madrid tramita ya la número 47. Esta burbuja llevó al exministro Manuel Castells a endurecer en 2021 la normativa que regula la creación de centros para imponer requisitos más exigentes. Pero su decreto no ha funcionado.
