El tribunal ha revocado una sentencia de primera instancia, dictada en 2023, que reconocía el derecho a acceder a la información sobre una terapia génica de Novartis comercializada con el nombre de Luxturna. La fundación Civio, que inició el proceso, recurrirá la decisión en el Tribunal Supremo
¿Cómo se decide si se financia un nuevo fármaco? Sanidad busca reducir la opacidad al publicar más detalles
Revés en la pelea judicial por conocer el precio de los medicamentos que la industria quiere ocultar. La Audiencia Nacional ha revocado una sentencia dictada en primera instancia a raíz de un recurso de la Fundación Civio que reconocía el derecho a conocer el precio que la sanidad pública paga por los fármacos innovadores bajo patente en el caso de una terapia génica para tratar una enfermedad rara de la retina comercializada bajo el nombre de Luxturna. El Ministerio de Sanidad y la farmacéutica Novartis recurrieron en 2023 la decisión y el tribunal ahora les ha dado la razón.
“Si el procedimiento de negociación, formal o informal, del precio efectivamente financiado a cargo del SNS requiere confidencialidad, lo es para salvaguardar los intereses de este, y su posición institucional como adquiriente de medicamentos en un mercado internacional regido por la concurrencia de distintos poderes estatales”, dice la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Para la Fundación Civio, que escalará el caso al Tribunal Supremo, “es un revés para la transparencia en el gasto farmacéutico porque valida la tesis de que el precio de los tratamientos, financiados con fondos públicos, debe permanecer secreto”.
El fármaco producido por Novartis (voretigene neparvovec) se usa para tratar una dolencia hereditaria que puede causar ceguera y tiene un precio máximo oficial por paciente de 690.000 euros, pero su coste real exacto para las arcas públicas es confidencial. Las negociaciones económicas entre el Ministerio de Sanidad y la industria son poco transparentes, aunque el equipo ministerial actual, encabezado por la ministra Mónica García, se ha abierto en otros procesos judiciales que están abiertos para conocer el precio de diferentes fármacos a desvelar el precio al desistir de recurrirlos.
El origen de todos estos conflictos se sitúa en la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Entonces, plataformas como Civio y No es Sano comenzaron a reclamar al Ministerio conocer el precio unitario de algunos tratamientos. El resultado solía ser el mismo: Sanidad se negaba, alegando que eran confidenciales; los demandantes de información recurrían al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les daba la razón; y el Ministerio y los laboratorios se aliaban para impugnar esas decisiones ante la Justicia.
Ya en los tribunales, las demandantes cosecharon éxitos. Por ejemplo, el 8 de enero, el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de la Audiencia Nacional emitió sendas sentencias en las que daba la razón a No es Sano en el caso del remdesivir, un fármaco para pacientes con covid-19, y a Civio, con Yescarta, una terapia CAR-T para dos tipos de linfoma. Ambas decisiones, sin embargo, fueron recurridas por Gilead. En estos casos, el Ministerio de Sanidad renunció por primera vez a “seguir dilatando el proceso”. “En cuanto se nos notifique que lo hagamos, enviaremos los datos pertinentes”, señalaron entonces a elDiario.es.
A la espera de cómo se resuelvan estos litigios, el de Luxturna enfila ahora el camino hacia el Supremo. “La administración negocia a ciegas sin poder comparar precios reales, mientras el ciudadano desconoce el destino de ingentes cantidades de dinero público. Por ello, y por la solidez de nuestros argumentos, elevaremos el caso”, defiende Ángela Bernardo, subdirectora de Civio. La fundación muestra su preocupación porque esta decisión no solo afecta al fármaco contra la enfermedad en la retina “sino que sienta un precedente negativo para otros procedimientos abiertos por Civio en la misma línea, como los relativos alos fármacos Zolgensma (también de Novartis) y Yescarta (de Gilead Sciences), donde también había obtenido sentencias favorables en primera instancia que ahora podrían verse amenazadas”.
