El anteproyecto de la nueva Ley de la Ciencia, impulsada por el Gobierno andaluz del PP, contempla la «extinción» de esta entidad con apenas dos años de existencia y que se encarga de la acreditación del profesorado, la evaluación de titulaciones y la certificación de los estándares de centros universitarios
Cesa “por motivos personales” un alto cargo andaluz de universidades tras el acuerdo entre la Junta y los rectores
La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) ha emitido un informe en contra del anteproyecto de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía (ACTIVA), impulsado por el Partido Popular de Juan Manuel Moreno. En su informe, al que ha tenido acceso este periódico, ACCUA esgrime que una de las propuestas incluidas en la nueva ley “compromete seriamente” la independencia de la agencia y “el ejercicio de las funciones de aseguramiento de la calidad de las enseñanzas universitarias oficiales”.
La propuesta en cuestión es la de integrar la citada agencia de calidad –puesta en marcha en 2023– en un Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2) de nueva creación. El resultado, según interpreta la propia agencia, será la “extinción” de esta entidad dependiente de la Consejería de Universidad, creada con la misión de “evaluar, acreditar y certificar las actividades de las universidades y de su profesorado”.
“La propuesta de extinguir una agencia con menos de dos años de existencia no solo pone de relieve su falta de independencia y autonomía, sino que además genera una falta de confianza, de seriedad, de responsabilidad y de compromiso para con las agencias externas evaluadoras, para la futura renovación del Registro Europeo de Agencias de Calidad, para el Ministerio con competencias en materia de Universidad y para el Sistema Andaluz del Conocimiento”, alerta el informe firmado el pasado 9 de enero. Quien lo firma es el director de la ACCUA, Antonio José Cubero Atienza, que dimitió dos meses y medio después “por motivos personales”, dejando desierto hasta la fecha el cargo para el que fue nombrado en febrero de 2023.
La futura Ley para el Avance de la Ciencia prevé la creación del Instituto Andaluz de Investigación Avanzada “para el ejercicio de las funciones asignadas en la actualidad a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía”, según consta en el anteproyecto de la nueva norma que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Entre las tareas que la agencia tiene encomendada, se encuentra la acreditación del profesorado, la evaluación de las titulaciones universitarias y la certificación de los estándares de los centros universitarios públicos y privados. Un papel que los agentes universitarios consideran “esencial”, en pleno debate político sobre la privatización del sistema universitario.
Falta de independencia acreditada
El informe facultativo –no vinculante– de la ACCUA advierte de que la nueva ley de ciencia promovida por el Gobierno andaluz agravará la “falta de independencia y autonomía” que ya padece la agencia. Esa carencia fue señalada en diciembre de 2024 por una agencia evaluadora externa, durante el proceso de renovación de la inscripción de la ACCUA en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR), como recuerda la propia agencia andaluza.
Ese informe de evaluación externa puso “de manifiesto la falta de independencia de la agencia”, evidenciando que la ACCUA no cumplía al 100% el requisito de autonomía por dos motivos: que “su estatus o forma jurídica –como agencia administrativa de la Junta de Andalucía– le impide realizar contrataciones directas del personal que necesite para desarrollar sus funciones de evaluación y acreditación”, y que “el Presidente de la Agencia recaiga en la persona titular de la Consejería de Universidad, que además de ostentar la máxima representación institucional y legal de la Agencia, y de presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo Rector, también dirime con su voto de calidad los posibles empates”.
A pesar de incumplir ese requisito, la ACCUA superó la evaluación y renovó su inscripción en el registro europeo por cinco años más. Con este precedente, la agencia andaluza entiende que su posible integración en el nuevo instituto pone en “riesgo” la legitimidad recién lograda para ejercer las funciones que le fueron encomendadas por ley, toda vez que implica un cambio “radical” en su estatus que habría que notificar. Como consecuencia, alerta la ACCUA, habrá que “someterse a una nueva evaluación, con el riesgo de no superarla por la falta de independencia, más pronunciada aún, de la nueva Agencia/Instituto y su consecuente eliminación del registro EQAR, que llevaría implícito la falta de legitimidad para ejercer las funciones de evaluación y acreditación” de las instituciones universitarias andaluzas.
Medida “contraproducente”
Además, la Agencia para la Calidad Universitaria de Andalucía considera que la propuesta de integración en el futuro Instituto Andaluz de Investigación Avanzada es “contraproducente”, ya que “infravalora y despilfarra” el esfuerzo y los recursos ya invertidos en esta entidad de reciente creación. La ACCUA se fundó a finales de 2021, pero sus estatutos entraron en vigor en febrero de 2023 y comenzó a operar en marzo de ese mismo año.
El director recuerda que, tras su constitución efectiva, se ha llevado a cabo un “arduo trabajo administrativo” para su implementación, realizado en simultáneo con el ejercicio de las funciones de evaluación y acreditación, que han ido aumentando en número. Por ello, la ACCUA considera que extinguir la agencia apenas dos años después de su puesta en marcha “resulta contraproducente” y genera, a su vez, “una situación de considerable desconcierto e incertidumbre en el Sistema Andaluz del Conocimiento”.
Por otro lado, la agencia de calidad andaluza arguye que la propuesta de extinción y su consecuente pérdida de independencia contradicen su propósito fundacional. La ACCUA nació con la finalidad de suplir las carencias detectadas en la anterior Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y de dar continuidad al desempeño de la función evaluadora de las instituciones universitarias, que entonces realizaba la Dirección de Evaluación y Acreditación de la AAC, “bajo estrictos criterios de objetividad, imparcialidad, independencia y rigor”.
Su misión es la de “proporcionar a universidades, centros de enseñanza superior, e instituciones de investigación los criterios y referencias de calidad necesarios para el óptimo cumplimiento de su función social”, en línea con los estándares científicos y académicos internacionales. La ACCUA recuerda también que otras comunidades autónomas con institutos de investigación de alto nivel, como Cataluña y el País Vasco, en los que se ha inspirado el Gobierno andaluz para redactar su propuesta, han mantenido sus agencias de calidad independientes, junto a las agencias de investigación.
Por todos estos motivos, la ACCUA reitera la “necesidad” de mantener su estatus y estructura actual “como entidad independiente”, insistiendo en que se trata de un organismo “esencial” para “garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad” en el sistema universitario andaluz. Como concluye el informe, de hacerse efectiva “la propuesta de integración de ACCUA en el I2A2 y su consecuente extinción”, se estaría comprometiendo “seriamente el ejercicio de las funciones de aseguramiento de la calidad de las enseñanzas universitarias oficiales” en Andalucía.
