La conferencia de rectores, la principal asociación de estudiantes, los sindicatos y la mayoría de los partidos respaldan la imposición de nuevas exigencias a los centros privados para elevar la calidad del sistema, medidas que solo rechazan públicamente los populares, Vox y el PNV
El Gobierno pone más requisitos a las universidades privadas: un informe vinculante y un mínimo de 4.500 estudiantes
Reunión a reunión, el Gobierno va ganando apoyos a su intención de elevar el listón de la calidad universitaria. El Ministerio de Universidades cuenta ya con el apoyo de la Conferencia de Rectores (CRUE), la principal organización de centros del país (tanto públicos como privados), de la asociación de estudiantes más representativa, Creup, y de los sindicatos y de la mayoría de los partidos políticos del parlamento. Abiertamente enfrente solo quedan parte de las derechas: el PP, el partido más beligerante con amenaza de recurso incluida de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Vox y el PNV son las únicas formaciones que rechazan la propuesta del Ejecutivo, dirigida a acotar los “chiringuitos universitarios” –en palabras del presidente, Pedro Sánchez– centrados en facturar.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha reunido en los últimos días con las partes interesadas en la modificación del decreto para explicarles las últimas novedades y el resultado de la obligatoria consulta pública, tras la cual ha habido modificaciones en el texto. Ya se conocía que los diez proyectos de universidades que se estén tramitando actualmente, pero aún no tienen dictamen del ministerio (no vinculante en este momento) necesitarán el nuevo informe (que sí será vinculante) a cargo de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad (Aneca) o sus homólogas autonómicas donde las haya. También que estas agencias crearán una comisión formada por profesores al azar para garantizar la independencia del proceso, una medida que la comunidad universitaria valora positivamente.
Además, el Ejecutivo va a ampliar los plazos que otorga a las universidades para adaptarse a los nuevos requisitos, que son de obligado cumplimiento para los nuevos proyectos, pero también para los ya existentes. Según informó Efe el lunes, el plazo para alcanzar el mínimo de 4.500 estudiantes se amplía de cinco a seis años. Además, las universidades que cuando entre en vigor el decreto cuenten ya con su correspondiente autorización dispondrán de hasta tres años para adaptarse, mientras que aquellas cuya actividad hubiera comenzado durante los tres años anteriores a la entrada en vigor tendrán cinco años. En el caso de que aún no tengan autorización, dispondrán de hasta cinco años, en vez de los tres propuestos inicialmente.
Sin intervenciones en contra
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que representa a 77 centros tanto públicos como privados, “valora positivamente la voluntad del Gobierno de reforzar la calidad del sistema universitario”, según ha comunicado este martes a través de una nota tras citarse el lunes con la ministra Diana Morant. En la reunión, a la que estaban llamados 96 rectores y que se presentaba incierta por la supuesta oposición de algunos centros privados al endurecimiento de las condiciones, ningún responsable ha expresado su rechazo al texto, según explican fuentes presentes en la reunión. Nadie quiere ser la cara visible del rechazo a un real decreto que apuesta por la calidad.
Además, la ministra Morant deslizó durante la reunión que las universidades allí presentes no tendrán problemas con los nuevos requisitos y que el decreto está más pensado para los nuevos proyectos, un mensaje que viene intentando explicar el Gobierno desde que anunció el endurecimiento de la norma: “No va de públicas contra privadas, va de buenas contra malas”. Tanto en público como en privado desde el ministerio explican –también lo hizo en su momento el presidente, Pedro Sánchez– que en España hay algunas universidades privadas de gran tradición y alta calidad o incluso sin ánimo de lucro (como Deusto o Mondragón), que de hecho también se ven perjudicadas por la eclosión en los últimos años de centros que nacen con 3.000 euros de capital inicial o con la idea de instalarse en un edificio de oficinas de un polígono y aprobados pese a contar con informes desfavorables (Utamed, un centro online, es quizá el epítome de esta práctica: fue aprobada por la Junta pese a tener hasta tres de estos informes negativos).
“Muchas de las aportaciones trasladadas por las universidades han sido escuchadas e incorporadas”, aprecia la CRUE tras escuchar a la ministra. “CRUE siempre ha defendido la necesidad de contar con los instrumentos legales que nos permitan garantizar la calidad de las universidades y que fije criterios claros para la creación y autorización de universidades, poniendo el foco en la calidad y el interés general”, sostiene la nota, emitida en nombre de 50 centros públicos y 27 privados.
El informe obligatorio
También la principal asociación de estudiantes universitarios, Creup, respalda la modificación del decreto. “Esta normativa protege el sistema y garantiza la calidad de los centros universitarios, creando un Sistema Universitario en el que la ciudadanía pueda confiar”, celebra la organización. “En los últimos años, hemos sido testigos de cómo se han creado numerosas universidades privadas que no reunían las características mínimas para ser reconocidas como tal, ni contaban con el informe positivo de las agencias de calidad competentes. Consideramos, por tanto, que es un gran avance que los informes realizados por las agencias de calidad tengan un carácter vinculante e independiente”, elabora Creup.
Los sindicatos más representativos a nivel nacional (cada universidad es un mundo) también respaldan los planes del Gobierno, y lo hacen desde sensibilidades tan diferentes como CSIF o CCOO. Estas organizaciones llevan años pidiéndole al Gobierno que endurezca los requisitos “para poner coto a la proliferación sin control ni calidad de las universidades privadas que incrementan exponencialmente cada año su volumen de negocio”. La ministra Morant recuerda siempre que puede que mientras en los últimos 25 años no se ha creado una sola universidad pública, las privadas han sumado 26 campus en una década y hay otros 11 expedientes en trámites.
Es el mismo argumento, la necesidad de un informe obligatorio, que utilizaron la mayoría de los partidos políticos en el parlamento cuando el pasado marzo se adelantaron al movimiento del Gobierno y le exigieron, vía proposición no de ley, que convirtiera en vinculante el informe de viabilidad que elabora el ministerio. Esa vía no cuajó por motivos jurídicos, pero el Ejecutivo encontró el camino para evitar que los Gobiernos regionales aprueben proyectos que no han pasado los filtros de calidad al añadir un segundo informe que sí será de obligado cumplimiento (además independiente en tanto en cuanto lo elaborarán profesores elegidos por sorteo). Partidos tan dispares como ERC, Junts y Podemos apoyaron aquel texto, además de los dos que forman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar.
Actualmente hay diez proyectos de universidad privada en trámites y los diez se ubican en comunidades donde gobierna el PP o apoya al Ejecutivo, como Canarias
Lo que deja prácticamente solos en su rechazo al PP, Vox y el PNV. Los consejeros del ramo de los populares se lo dijeron a la ministra la semana pasada: están en contra del cambio del real decreto porque consideran que es “recentralizador” al exigir un informe de una agencia estatal (excepto las autonómicas donde existan) y también por pasar de las asambleas regionales al parlamento nacional la competencia para autorizar centros online, dado que da igual dónde estén radicados porque operan a nivel nacional. El consejero madrileño, Emilio Viciana, calificó de “inconstitucional” también que Universidades quiera aplicar el nuevo decreto a los diez proyectos que se están tramitando ya, pero no tienen aún el informe de viabilidad del ministerio.
Estos diez proyectos se gestionan en comunidades gobernadas por el PP (TAI University-Universidad Internacional de las Artes y la Universidad Felipe II, en Madrid; las universidades Abierta de Extremadura, Europea de Extremadura y la Universidad CEU-Núñez de Balboa, también de esta comunidad autónoma; las universidades Internacional de Aragón, NCI de Aragón y The Power University; la Universidad Digital de Canarias y la Universidad de Mallorca, en Baleares) y alguno de ellos ya tiene informes negativos.
Pero por el momento el rechazo es solo verbal, excepto en el caso de Madrid, cuya presidenta ha anunciado que piensa recurrir el real decreto. La Universidad Europea del Atlántico, un centro privado de Santander, ya probó esta vía cuando el exministro Manuel Castells modificó este mismo decreto (con poco éxito) en 2021, pero no encontró comprensión en el Supremo.
Distinto es el caso del PNV, que se mueve entre su tradicional celo competencial y el rechazo a alguna parte del decreto. Ignacio Pérez Iglesias, titular de Ciencia, Universidades e Innovación a propuesta del PNV pero independiente en origen –fue rector de la UPV/EHU– explicó la semana pasada que su consejería aprecia una “centralización” en las competencias “exclusivas” de las comunidades autónomas que sería “inconstitucional”. También aludió a cuestiones de fondo, por ejemplo el mínimo de 4.500 alumnos para crear nuevos centros privados cuando algunos “de los mejores del mundo” en la actualidad no lo alcanzan.
