La jueza de instrucción que investiga el caso FP que salpica al anterior Gobierno de Ayuso por presunta prevaricación ha llamado a declarar como investigado el 4 de junio a Gabriel Navarro, el empresario que destapó el caso después de que la Consejería de Educación le dejara a deber más de un millón de euros por un centro sanitario para Formación Profesional que construyó en el macrocomplejo de Ciudad Escolar. como marca la ley y fraccionando contratos, para hacerlos pasar por contratos menores. También va a declarar la inspectora que elaboró el primer informe interno sobre el caso, a petición del PSOE de Madrid, personado en la causa.