El abogado de la exconsellera imputada en la causa asegura que la investigación de la jueza de Catarroja contiene resoluciones judiciales con afirmaciones «categóricas sin base probatoria suficiente», «limita el derecho de defensa durante las declaraciones» y desliza que ha existido una posible intervención de personas ajenas al proceso judicial
La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la instrucción de la causa que investiga las 228 muertes en la DANA del pasado 29 de octubre y en la que está imputada por un presunto delito de homicidio imprudente. El abogado de Pradas considera que el trabajo de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja contiene resoluciones judiciales con “afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente”, “limita el derecho de defensa durante las declaraciones” y desliza que ha existido una posible intervención de personas ajenas al proceso judicial, en referencia a las acusaciones de algunas partes de que el marido de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra estaría asesorándola en el procedimiento.
Según explica el letrado Eduardo de Urbano en un comunicado, “la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial”. Sin embargo, añade el abogado, “hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento”. A las tres quejas anteriores, el abogado también considera que existe “predeterminación en el objeto de la instrucción” y “la denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes”.
Además, la defensa de Pradas afirma que algunas resoluciones judiciales “se basan en informaciones no contrastadas”, así como una “excesiva” duración en la práctica de diligencias de prueba. En palabras de Eduardo De Urbano: “El respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de Ética judicial. Por ello, solicitamos al CGPJ que analice los hechos expuestos y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho”.
