La alianza llamada ‘Mayors for Housing’ presenta a la Comisión Europea un plan que incluye trasladar a toda la UE la posibilidad de declarar zonas tensionadas de mercado de vivienda
Una docena de ciudades piden a la UE que la inversión en vivienda no compute para deuda como la defensa
La alianza de alcaldes europeos Mayors for housing, que pide soluciones a la crisis de la vivienda, ha exigido este jueves a la Comisión Europea que cree un fondo con 300.000 millones de euros anuales para revertir la problemática. Un total de 16 alcaldes que integran este grupo, entre ellos el de Barcelona, Jaume Collboni, han presentado su plan de acción en un acto en Bruselas.
Además de la creación de ese fondo, los alcaldes de Mayors for housing plantean elevar a escala europea la figura de ‘zona tensionada’, como lo es actualmente la capital catalana en base a la Ley de Vivienda. Esas áreas, que recibirían ayudas económicas de forma prioritaria, deberían cumplir una serie de criterios, por ejemplo que un 10% de la población destine más de un 40% de los ingresos a la vivienda.
La alianza de alcaldes ha presentado el plan de acción en una rueda de prensa desde la Comisión Europea, en Bruselas, acompañados de la vicepresidenta del ejecutivo comunitario a cargo de Transición Justa, Neta y Competitiva, Teresa Ribera, y del comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen. En una breve intervención, Collboni ha defendido que el plan es una “prueba” de la voluntad de las dieciséis ciudades de “colaborar activamente” con Bruselas para garantizar el acceso a la vivienda a toda la UE.
La iniciativa Mayors for Housing, integrada por alcaldes de ciudades como Barcelona, Roma, Budapest, Atenas, París o Varsovia, lleva meses preparando el documento presentado este jueves y busca “contribuir” en la elaboración del plan de vivienda asequible que prepara el ejecutivo de Ursula von der Leyen. En este sentido, Ribera ha alabado la voluntad de la alianza de ciudades para trabajar con el ejecutivo comunitario. “Necesitamos unir fuerzas”, ha subrayado.
Según los datos recogidos en las ciudades que forman parte de la alianza, en los últimos 10 años los alquileres han subido de media un 60%, mientras que los precios de compraventa se han disparado un 78%. Collboni ha defendido que la hoja de ruta presentada aborda una crisis habitacional “que actualmente es la principal fuente de desigualdad” en las principales ciudades europeas.
En este sentido, los cálculos presentados por el grupo de alcaldes indican que para dar respuesta a las necesidades de vivienda asequible en los municipios de Mayors for Housing, sería necesaria una inversión de 80.000 millones de euros para la construcción de 200.000 nuevas viviendas asequibles y para la renovación de un millón de viviendas más con un horizonte 2030.
“Europa está en medio de una crisis de la vivienda. En demasiadas ciudades, demasiada gente no se puede permitir pagar los precios de la vivienda. Es inaceptable que gente con trabajos normales, pero importantes, como los policías o las enfermeras, no puedan permitirse vivir en las ciudades donde trabajan”, ha admitido Jorgensen.
Del total de 300.000 millones que reclaman los alcaldes, aseguran que al menos 100.000 deberían llegar a los gobiernos nacionales a través de fondos europeos ya existentes.
Por ello, el plan de acción plantea que “a corto plazo y de forma urgente” puedan reutilizarse recursos no reclamados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos que ya existen, pero que todavía no han sido adjudicados, para asignar “directamente” a las administraciones locales para invertir en vivienda social y asequible.
Para llegar hasta la cifra planteada, también llaman a que el nuevo presupuesto de la UE, que se pondrá en marcha a partir del 2028 y que justo ahora empieza a diseñarse, plantee de forma prioritaria fondos para revertir la crisis.
Una zona tensionada a nivel europeo
Para poder acceder prioritariamente a estos fondos milmillonarios, el plan de acción de los 16 alcaldes plantea la creación de la figura de zona tensionada a nivel europeo, un mecanismo para intentar limitar los precios de alquiler que ya se aplica en Catalunya. El objetivo del grupo de alcaldes es que se puedan declarar áreas o ciudades de la UE como zonas tensas, a través de un índice de estrés del mercado, para que éstas tengan acceso prioritario a fondos europeos para construir más vivienda o sacar adelante medidas que hagan bajar los precios.
La propuesta contempla que las zonas tensionadas se definan de acuerdo a diferentes criterios como pueden ser: el incremento del precio de venta o alquiler en relación con el IPC, la tasa de hogares que sufren sobrecarga en el pago de la vivienda, las listas de espera para acceder a una vivienda social o asequible, la baja tasa de viviendas vacías o una oferta significativa de alquiler de corta duración.
Concretamente, son seis criterios: que los precios de alquiler y venta hayan aumentado por encima del IPC durante un período de tiempo que proponen que sea entre cinco y diez años continuados; que un 10% de la población destine más de un 40% de los ingresos a vivienda; que, en promedio, el rendimiento que se extrae para comprar un piso y ponerlo a alquilar sea superior a un 6% anual; que existan listas de espera muy largas para acceder a viviendas públicas o sociales; que haya, por ejemplo, más de un 3% de viviendas vacías durante un período de más de cinco años seguidos; o que exista un porcentaje elevado de vivienda destinada a usos turísticos o a alquiler de temporada. Según el plan presentado, el cumplimiento de tres de ellos sería suficiente para declarar un área tensada.
Más allá del fondo económico, la hoja de ruta de Mayors for Housing reclama también un papel más activo de los gobiernos nacionales. En este sentido, proponen que, para asegurar que los Estados miembros garantizan el acceso a la vivienda, el rendimiento en esta materia se convierta en un indicativo más del llamado Semestre Europeo, el marco anual establecido por la Comisión Europea para coordinar las políticas económicas, fiscales, sociales y de empleo de la UE. Lo que quieren es que, más allá de los datos macroeconómicos de los gobiernos nacionales, la vivienda sea también una “variable” a considerar por Bruselas.
En la misma línea, el plan de acción presentado también pone sobre la mesa que los Estados miembros puedan activar la llamada cláusula de escape para permitir que la inversión en vivienda social, asequible y sostenible se excluya de los cálculos de déficit y deuda, emulando la flexibilidad que se aplica actualmente a los gastos relativos a la defensa. También proponen una reforma de las normas sobre las ayudas de estado para servicios considerados de interés general para que se pueda promover una mayor vivienda asequible.
