El Govern y el defensor del pueblo catalán también han abierto investigaciones a la Dirección General de Atención a la Infancia, que era quien tenía la tutela de la niña cuando se produjeron los hechos
La Generalitat abre un expediente para investigar su actuación en el caso de los abusos a la niña tutelada
La Generalitat se personará como acusación popular en el proceso judicial por el caso de la menor que fue víctima de abusos sexuales mientras estaba tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Así lo ha anunciado la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, durante una atención a prensa.
El anuncio de la Generalitat llega cuando el caso ya está pendiente de juicio -el primero se espera que se celebre en la primavera de 2026-, tras una larga investigación de los Mossos d’Esquadra que acabaría descubriendo una red de pederastia y prostitución que podría haber afectado a más menores. Ahora la fiscalía pide 107 años de cárcel para un hombre que violó reiteradamente a la menor y grababa los abusos sexuales perpetrados por otros hombres.
Las pesquisas permanecen divididas en tres causas judiciales distintas. El primero de los juicios sentará en el banquillo al jefe de la trama por haber prostituido y agredido sexualmente a la menor. Otra causa afecta a la misma víctima (y a otro menor) y permanecen investigadas 11 personas, entre las que se encuentra de nuevo el cabecilla, que está en prisión provisional conjuntamente con otra persona imputada en este procedimiento. La tercera investigación va más allá y es la que engloba al conjunto de la red de pederastia y que afecta a una veintena de víctimas.
La consellera Martínez Bravo ha mostrado su “absoluto rechazo a los hechos”, que ha calificado de “inaceptables”. “Necesitan una respuesta contundente y, por eso, vamos a revisar todos los protocolos para asegurarnos de que estos hechos no se vuelvan a repetir”, ha aseverado la consellera.
Desde la Generalitat también se anunció el miércoles que se ha abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.
Por su parte, la Sindicatura de Greuges (el equivalente al defensor del pueblo catalán) también ha iniciado una investigación de oficio y pedirá información a los Departaments de Derechos Sociales y Educación para conocer “la circunstancias alrededor de los hechos que se denuncian, las medidas tomadas una vez se detectan los abusos y qué atención está recibiendo hoy en día” la víctima.
