La jueza de Girona inadmite la querella al considerar que la agente no se «extralimitó» en sus funciones ni forzó la relación con uno de los denunciantes con el que llegó a convivir
Las activistas espiadas piden al TC que ponga “límites legales y éticos” a los policías infiltrados
Nuevo portazo a las denuncias de víctimas de policías infiltrados en movimientos sociales. Una jueza de Girona ha inadmitido la querella que presentaron cinco entidades y el activista Òscar Campos contra Maria I., la agente de la Policía Nacional que se insertó en colectivos sociales mediante un nombre falso y llegó a mantener una relación sentimental durante tres años con Campos.
El rechazo a la querella se suma a otros casos similares a los que la Justicia ya ha dado carpetazo, como el del agente que se infiltró en colectivos anarquistas de Barcelona –ahora pendiente del Tribunal Constitucional– o el de Valencia.
En el caso de Girona, un año y medio después de recibir la querella, la jueza la ha inadmitido al entender que la agente no se “extralimitó” en sus funciones ni forzó la relación con Campos, a pesar de que le escondió su condición profesional para mantener una relación sentimental con él y así acceder a movimientos sociales locales. En el auto, la magistrada considera que no se puede concluir que Maria I. “inició forzadamnte y en plano de desigualdad una relación sentimental con el querellado para obtener información de inteligencia”, ni que por lo tanto su actuación fuera “desproporcionada” con las tareas encomendadas.
La “clave” de la querella, prosigue en su argumentación, es discernir si la agente se extralimitó en ese objetivo al iniciar la relación con Campos. Y acto seguido concluye que no se puede apreciar esa “extralimitación”.
Los denunciantes han respondido a la inadmisión con una rueda de prensa este viernes en la que han anunciado un recurso a la Audiencia de Girona y se han declarado “absolutamente desamparados”. Así lo ha proclamado el abogado de las entidades sociales y de Campos, Benet Salellas, que ha lamentado que la jueza haya llegado a esas conclusiones sin ni siquiera haber iniciado diligencias. “Dice que no existen pruebas de que la funcionaria se extralimitara, pero ¿cómo puede saberlo si no ha pedido al Estado ningún expediente ni le ha tomado a ella declaración”, se ha preguntado.
La denuncia acusaba a la agente Maria I. de delitos de torturas con graves daños psiquiátricos y de revelación de secretos. Esto último se debe a que la policía participó en reuniones de Campos –que por entonces era su pareja– con su abogado por el proceso judicial en el que estaba inmerso junto a otros activistas por cortar una vía del AVE. A este respecto, la magistrada ha alegado sencillamente que la asistencia de la policía infiltrada a ese encuentro fue “en el marco de la relación de confianza entre la pareja”, y ha descartado por lo tanto que que se vulnerara su derecho a la defensa.
Sílvia Rispau, del Sindicat d’Habitatge de Salt i Girona (colectivo que Maria I. contribuyó a fundar), ha calificado de “indignante” y ha descrito como “inadmisible” que hayan sido los propios movimientos sociales, junto con el medio La Directa, quienes hayan destapado “uno por uno” los distintos policías infiltrados que han trascendido en España. “Hay quien denomina estas prácticas como cloacas del Estado, pero lo que demuestran es que el Estado español es una cloaca”, ha proclamado.
Maria I. aterrizó en Girona desde Palma en 2020 permaneció inmersa en el activismo local durante más de tres años, hasta que se descubrió su condición de policía. Hasta entonces, participó en iniciativas como Tancada per Drets, en defensa de jóvenes migrantes extutelados, o en el Espai Antirracista y el Sindicato de Vivienda de Salt. Al mismo tiempo mantuvo la relación con Óscar Campos, con quien convivía y al que presentó incluso su familia.
