La opa hostil del BBVA acentúa la concentración bancaria, pero es la banca pública, más que la defensa de la entidad privada acosada, lo que serviría mejor a los intereses de las pymes y de la ciudadanía
La opa hostil del BBVA para comerse el Banco Sabadell ha despertado a la adormecida sociedad civil, movilizada al unísono para impedirla a toda costa con la supuesta complicidad del Gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado un insólito proceso participativo, que supone una auténtica Revolución Cultural, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha llegado a proclamar que con esta operación está en juego la democracia misma: ¡Banco Sabadell o muerte! ¡Venceremos!
Ciertamente, la opa consolida una concentración bancaria muy negativa para los trabajadores, la ciudadanía y la economía productiva de este país, un peligro del que también nos hemos hecho eco en la revista Alternativas económicas. Pero es paradójica tanta unanimidad no ya en el diagnóstico, sino en la respuesta que debe darse: salvar al del Banco Sabadell. Solo le falta ya un editorial conjunto de los medios catalanes como el que preparó el terreno para el procés, a pesar de que venimos de un silencio de más de 15 años ante la política invariable de fomento de la concentración financiera y en favor de los intereses de la gran banca promovida por las instituciones, españolas y europeas, a la que han dedicado colosales aportaciones de dinero público sin apenas contrapartidas y que ha causado enormes estragos sociales y económicos.
Estas políticas de apoyo a que los grandes tiburones financieros se vayan comiendo a los especímenes más pequeños del sector es justamente lo que ha llevado a estos niveles de concentración bancaria en España, superiores a los de la mayoría de países y por encima de lo que aconsejan los expertos , y el Banco Sabadell es uno de los actores que hasta ahora se había beneficiado de ello. Esta apuesta, implantada en España por Luis de Guindos como ministro de Economía de Mariano Rajoy y nunca corregida o matizada, implicó arrasar con todo el modelo de cajas, que era auténticamente singular e importantísimo para el país y también para la cohesión territorial y social: contaban con una cuota de depósitos superior a la de los bancos, estaban sólidamente arraigaas en el territorio y en el tejido productivo local (pymes incluidas) y no tenían ánimo de lucro. Y nadie se rasgó las vestiduras.
Obviamente, en las cajas hubo también excesos y requerían ajustes y controles de gobernanza, pero en realidad muchos menos que en la banca convencional, que es la que nos llevó a la crisis al convertir el mundo entero en un casino global con productos que nada tenían que ver con la economía productiva. Como siempre sucede, los ganadores –los bancos demasiado grandes para caer– y sus terminales políticas y mediáticas- acabaron imponiendo su relato, en esta ocasión el de cajas manirrotas frente a banca solvente. Pero hoy sabemos que esto es una broma: la diferencia fundamental fue simplemente que las cajas no pudieron acudir a los programas de rescate por el simple hecho de que se diseñaron para apuntalar ampliaciones de capital y eran entidades que, por definición, no tenían estructura de capital: estaban sentenciadas. Casi ningún banco convencional habría podido sobrevivir tampoco sin estos programas tan generosos implantados por el Banco Central Europeo para salvarles y que aspiraban también a acelerar este mismo proceso de concentración bancaria que algunos parecen descubrir ahora simplemente porque afecta a su banco favorito.
El Banco Sabadell es fuerte en el crédito a las pymes, claro que sí, pero nada tiene que ver con una institución que vertebre la democracia: es una entidad financiera convencional que también paga sueldos millonarios a sus ejecutivos y cuyo propósito es aumentar el valor para sus accionistas y pagarles el mayor dividendo posible. Punto. El crédito a las pymes no es su razón de ser: es solo un punto fuerte de su modelo de negocio actual, que obviamente puede modificarse en cualquier momento en función de lo que convenga a sus accionistas, incluido aceptar eventualmente opas que sean más generosas que la actual.
El apuro del banco ahora no es cómo servir mejor a las pymes o a la ciudadanía, sino básicamente cómo lidiar con sus propias limitaciones para sobrevivir en el mar de tiburones que se ha fomentado y que hasta ahora le beneficiaba: demasiado pequeño para esquivar a las grandes y hambrientas especies que le rodean, y además ni siquiera puede blindarse con un núcleo duro accionarial que se haga cargo de velar, arriesgando su propio dinero, por su prosperidad en esta despiadada lucha por la vida. Es decir: si ahora no es el BBVA, será mañana fulano de tal.
En realidad, el problema principal para que esta opa no haya llegado a buen puerto no parece que sea el crédito a las pymes, sino una falta de acuerdo en el precio de la operación. Así lo insinuaron durante meses los propios responsables del Banco Sabadell: el banco vale mucho más de lo que me estás ofreciendo. El argumento del crédito a las pymes vino, si acaso, después, cuando la falta de avances en la mejora del precio aconsejó armar un potente relato para intentar hacer descarrilar la operación.
Por esto sorprende tanto la excitación y unanimidad de la sociedad civil y aún más la del Gobierno de izquierdas, que parece dispuesto a frenar la opa en nombre del interés general incluso a pesar de contar con el respaldo del grueso de los accionistas del Banco Sabadell y con el aval del órgano regulador de la Competencia, que ha sido unánime y se ha expresado sin rastro de tantos votos particulares que se auguraron. Con estos mimbres, una intervención del Gobierno para evitar la operación serían realmente palabras mayores en un sistema de mercado, comprensibles en un modelo auténticamente socialista (o comunista), pero realmente inaudita en el modelo capitalista en el que vivimos.
Y ahí precisamente está el meollo de la cuestión: tras años pensando que la política poco podía hacer ante los grandes temas que conciernen al poder económico, resulta que el Gobierno está viendo de qué manera intervenir por las bravas para evitar una absorción bancaria aceptada por los accionistas y por Competencia en nombre de la democracia. ¡Caramba!
Es una pena que semejante muestra de autoridad socialista se malgaste en la defensa de la tecnoestructura de un banco cuyo objetivo final es conseguir una operación más beneficiosa para sus accionistas o poder seguir operando con garantías en un mar de tiburones. ¿No podría usarse todo este poder público para limitar los bonus millonarios de los banqueros? ¿Para evitar que desahucien? ¿Para obligarles a que retribuyan mejor los depósitos cuando se benefician de las subidas de los tipos de interés?
Y desde luego también para garantizar que el crédito a las pymes y a la economía productiva del territorio no dependa, ni ahora ni en el futuro, de una operación de fusión o absorción bancaria que eventualmente sea más generosa y que, por tanto, la opa no sea hostil sino bienvenida por los accionistas. Este objetivo tampoco sería tan difícil de alcanzar ni implicaría pisotear las reglas del mercado: bastaría con construir algún tipo de instrumento de banca pública como el que tienen la gran mayoría de países de nuestro entorno -empezando por Alemania y Suiza, modelos capitalistas nada sospechosos de veleidades bolcheviques o manirrotas- que tuviera este propósito y no otro y dotarlo de los modelos de gobernanza adecuada. No haría falta tampoco una gran osadía, puesto que ya existen los embriones para ello: sería suficiente con ampliar las funciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o recuperar la Caja Postal que quedó enterrada en Correos, implantado hasta en los pueblos pequeños que hoy se han quedado sin oficinas bancarias: ¡bingo!
Eso sí: se trata de una apuesta mucho menos revolucionaria y original que un Gobierno de izquierdas y una sociedad civil en movilización permanente al grito de “¡Banco Sabadell o muerte! ¡Venceremos!”.
