El Ministerio de Hacienda habilita un formulario en su web para que cualquier ciudadano, sindicato, empresa o institución plantee su posición sobre la propuesta de condonar parte del déficit autonómico. Las respuestas serán de «libre difusión»
La obediencia de Moreno a Feijóo arriesga 19.000 millones para Andalucía, la región más beneficiada con la quita de deuda
El Ministerio de Hacienda ha abierto una consulta pública sobre su propuesta para que el Estado asuma una parte de la deuda de las comunidades autónomas, incluida Andalucía, que sería la más beneficiada en el reparto tanto en términos absolutos como porcentuales: 18.791 millones de euros, el 47% de su deuda actual (39.637,6 millones), unos 1.700 millones más que Cataluña.
El departamento de María Jesús Montero ha lanzado esta semana la consulta pública tras el portazo del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno a los casi 19.000 millones que le corresponderían a Andalucía en concepto de condonación del déficit autonómico. Durante 15 días (hasta el 30 de mayo), cualquier ciudadano, sindicato, organización, empresa, ayuntamiento o ejecutivo autonómico podrá enviar al Gobierno su posición respecto a la quita de deuda a las comunidades, sus propuestas y sus alternativas.
La consulta a la ciudadanía es un paso obligatorio en la tramitación final de cualquier ley, pero ésta que impulsa Hacienda arrastra otro tipo de connotaciones políticas, porque se produce en un contexto de máxima tensión entre la vicepresidenta primera del Gobierno, a la sazón secretaria general del PSOE andaluz, y el presidente de la Junta. Es decir, entre dos dirigentes que en menos de un año van a enfrentarse en las urnas en las próximas elecciones andaluzas.
La Consejería de Hacienda de Andalucía, a preguntas de este periódico, ya ha confirmado que no piensa participar en este procedimiento ni presentar alegaciones, porque su posición sigue siendo de firme rechazo a la condonación de deuda y de reivindicación de una reforma urgente del modelo de financiación autonómica que, subrayan, “castiga a Andalucía”.
El Ministerio de Hacienda estudiará el dictamen de la consulta, lo incorporará a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y lo elevará al Consejo de Ministros, una vez haya recabado los informes procedentes y tras someter a información pública el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común.
La consulta pública sobre un proyecto o sobre una normativa es un procedimiento habitual que regulan los gobiernos. Hace una semana el presidente Pedro Sánchez anunció en Barcelona un formato similar para recabar la opinión de la sociedad civil respecto a la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Pero ese sondeo -dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- se articula con un proceso distinto a la tramitación de las leyes. En 2021, el Gobierno de Sánchez también abrió una consulta pública previa sobre la reforma de la tarifa de la luz para pequeños consumidores.
De entrada, el Ejecutivo andaluz va a ignorar el resultado de la consulta del Ministerio de Hacienda. “La postura no ha cambiado. Lo prioritario es la reforma del sistema de financiación. La condonación no aporta mayores recursos y en caso de que hubiera liberación de intereses, serían 140 millones al año que no se pueden dedicar a gasto social, sólo a amortización”, insiste la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España. La Junta mantiene que la propuesta de Montero “sólo” sirve para autonomía financiera y para poder salir a los mercados, “y Andalucía ya sale”.
Moreno, en consonancia con el plantón de todas las comunidades gobernadas por el PP, ha rechazado de plano la oferta de quita de deuda de Montero, calificándola de “chantaje” y de “traje a medida” para el independentismo catalán. 24 horas antes de que el Ministerio abriese esta consulta pública, el Ejecutivo andaluz había organizado un encuentro de la consejera de Hacienda con sus homólogos en Castilla-La Mancha (PSOE), Comunidad Valenciana y Murcia (PP), las comunidades más “infrafinanciadas”.
La mini cumbre de consejeros de Economía y Hacienda giró en torno a un estudio del Instituto Valenciano de Investigación Económica, pero no se organizó en Valencia -donde el president Carlos Mazón está muy contestado por la gestión de la DANA que dejó más de 200 muertos- sino en Sevilla.
El informe venía a ratificar la posición del PP contra el Ministerio de Hacienda con dos conclusiones vistosas: que el actual modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014, ha dejado un agujero en las arcas de estas cuatro comunidades de 39.906 millones de euros entre 2002 y 2023 (el 81% del presupuesto andaluz). Y descarta la condonación de deuda como solución a la “asfixia financiera”. “Así es imposible que estemos en convergencia”, sentenció España.
Una condonación de deuda, primero para Cataluña
La propuesta del Ministerio de Hacienda nace de un acuerdo bilateral entre PSOE y ERC para condonar parcialmente la deuda de Cataluña, una de las más abultadas del país, como parte de las negociaciones del Gobierno con sus socios independentistas catalanes.
Posteriormente, Montero hizo extensivo el pacto al conjunto del país: el Estado asumiría hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades, siendo Andalucía y Cataluña las más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico.
El Ejecutivo andaluz titubeó al principio. Nada más conocer el pacto PSOE-ERC, la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, reclamó lo mismo para Andalucía, aunque subrayó que esta región no tenía un problema con la deuda pública, sino con el modelo de financiación, “que nos adeuda cada año 1.500 millones de euros”. El propio Moreno también llegó a cifrar la cantidad que el Gobierno habría de asumir en concepto de deuda andaluza, superior al montante pactado con ERC para Cataluña, pero finalmente inferior a los casi 19.000 millones que terminó ofreciendo el Ministerio.
Desde entonces, la postura del Ejecutivo andaluz ha ido endureciéndose, convirtiendo la quita de deuda en una de sus principales trincheras contra Montero. Andalucía, como el resto de comunidades del PP, abandonó el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debía debatir sobre esta propuesta y, posteriormente, ha expresado una y otra vez su rechazo y su indignación con esta iniciativa.
A los partidos de izquierda en la oposición, singularmente el PSOE andaluz, esta negativa de Moreno a aceptar la condonación del déficit autonómico, “mientras exige sistemáticamente más dinero al Estado” les ha servido de herramienta de presión en el Parlamento.
En el Ejecutivo andaluz entienden que la consulta pública sobre la quita de deuda es sólo un trámite ordinario, pero temen que Montero use el resultado como “otra forma de presión” a Moreno con “claros tintes políticos y electorales”. “No tiene mayoría en el Congreso ni en el Consejo de Política Fiscal y busca un hipotético aval ciudadano”, advierten.
La consulta, “no confidencial y de libre difusión”
Desde el pasado miércoles, el formulario que contiene la consulta sobre la condonación parcial de la deuda autonómica está publicado en la web del Ministerio. El resultado se conocerá en 15 días. No es vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí lo es políticamente. Montero puede servirse de esa legitimidad para continuar denunciando el enrocamiento del presidente andaluz.
Las respuestas de la ciudadanía o de cualquier organismo que participe en la consulta “se considerarán no confidenciales y de libre difusión, a excepción del NIF, el correo electrónico y el nombre y apellidos de la persona que envía el formulario, que en ningún caso serán difundidos”, a no ser que el interesado especifica que su comunicación “deba ser tratada con carácter confidencial”.
La consulta pública de carácter previo está regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la propia Ley del Gobierno, de 1997, “con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas”. La ciudadanía y “las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma” pueden advertir al Gobierno sobre “los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa”; “la necesidad y oportunidad de su aprobación”; “los objetivos de la norma”; y “las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”.
El cuestionario que incluye la consulta pública sobre la quita de deuda autonómica tiene siete campos, cinco de ellos para identificar al interesado (nombre, DNI, dirección de correo electrónico, organismo al que pertenece, si fuera el caso…). Los dos últimos campos son espacios para incluir “comentarios” sobre el anteproyecto de ley e “información adicional”, si la hubiera.
