La entidad afirma que recibe insultos y coacciones por parte de los propietarios de los inmuebles al incluir el Ayuntamiento su identidad como denunciantes en las actas que les remiten: «Ya hay una sentencia contra un individuo que amenazó con quemarnos el local con niños dentro»
València amplía al Cabanyal la suspensión de licencias de apartamentos turísticos al dispararse hasta un 300% las peticiones
“Comunicamos que había un apartamento turístico ilegal más o menos en el mismo bloque en el que está la asociación de vecinos, en una planta baja. A los pocos días, apareció un individuo después de que el Ayuntamiento les notificara la denuncia y creyendo que los que estábamos en el local éramos los de la junta directiva de la asociación y desde su coche increpó y amenazó con quemar el local a todas las personas que estaban saliendo, incluidos menores. Lo denunciaron y ya ha sido condenado al agresor por amenazas”.
El presidente de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar, Daniel Adell, ha puesto este suceso que se produjo el pasado mes de octubre como ejemplo de la situación que se está creando ya que han tenido constancia de que cuando trasladan al Ayuntamiento que existe algún apartamento turístico ilegal, los servicios municipales identifican a la entidad vecinal como denunciante en las actas que remiten a los propietarios, lo que está generando problemas de convivencia con parte del vecindario: “Hemos recibido insultos y amenazas”, lamentan.
En el mencionado caso, los afectados pusieron una denuncia en el juzgado por amenazas y gracias a que junto al local hay unas dependencias policiales con cámaras, se identificó al autor. El juicio fue el pasado 8 de abril y el denunciado fue condenado con una multa de 600 euros por amenazas leves.
Según consta en uno de los expedientes del servicio de licencias urbanísticas al que ha tenido acceso elDiario.es, se pone de manifiesto que se recibe “escrito por parte de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar exponiendo que hay una vivienda turística que consta en el registro de la Generalitat Valenciana [se adjunta dirección exacta y número de registro], pero no cumple las condiciones que impone el Ayuntamiento”.
Según Adell, “empezamos a ver que muchos de los apartamentos que constaban en el registro autonómico no cumplían la normativa municipal al carecer del informe de compatibilidad urbanística y simplemente lo comunicábamos al Ayuntamiento, en ningún caso denunciábamos”. También lo trasladaban de parte de vecinos particulares “que no querían ir directamente a denunciar y nos lo trasladaban a nosotros para que lo comunicara la asociación al Consistorio ya que sufrían molestias por fiestas y ruidos”. Así, ha asegurado que han presentado “más de 300 comunicaciones al Ayuntamiento”, momento a partir del cual empezaron a recibir llamadas de los propietarios diciéndoles que quiénes eran para denunciarles.
“Les llegaban cartas del Ayuntamiento en las que les amenazaban con el cierre del apartamento, pero luego vimos que era más una forma de asustarles porque al final no hacen nada y siguen estando los mismos apartamentos en funcionamiento. También por Instagram hemos recibido amenazas. Empezamos a pensar que no salía rentable el que un grupo de vecinos estemos haciendo lo que administración debería hacer y no hace”, ha dicho Adell.
El presidente de la entidad vecinal ha comentado que se han planteado “ir al Síndic de Greuges para denunciar a las administraciones públicas que no protegen a los vecinos residentes y que no se ponga en comercialización turística inmuebles que deberían ser para las familias que viven en el barrio, y las familias que viven en edificios no tienen por qué aguantar apartamentos turísticos que no son legales, si no cumplen la normativa tienen que estar cerrados ya, es algo que deberían hacer las administraciones, lo estamos denunciando nosotros y encima estamos pagando las consecuencias”.
Por su parte, funtes municipales han asegurado a preguntas de elDiario.es que el Ayuntamiento está obligado a poner “el referente en inicio de actuación” en la notificación que remite a los propietarios, aunque desde la AAVV aseguran que esto no sucede cuando es un particular el que traslada la existencia de un posible apartamento turístico ilegal.
