Ha puesto varias reclamaciones, también en la Diputación del Común, que cifra en cinco años el tiempo de espera para valorar la discapacidad, el área que más quejas ciudadanas acumula
Los retrasos “excesivos” para reconocer la discapacidad y la dependencia disparan las quejas de la ciudadanía en Canarias
Juan (nombre ficticio) tiene 33 años, vive en Tenerife y padece un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que con los años se le ha ido agravando y por lo que ha tenido que dejar de trabajar. Su objetivo es conseguir que le reconozcan su grado de discapacidad para poder acceder a ofertas de trabajo específicas para personas con este certificado y poder justificar que se le adapte su puesto de trabajo, ya que le cuesta estar ocho horas seguidas realizando la misma actividad. Sin embargo, lleva desde junio de 2023 esperando ese reconocimiento, un plazo que sobrepasa lo que dicta la ley: seis meses.
El hombre explica a este periódico que lo único que pretende es poder trabajar con ese certificado de discapacidad, que es joven y eso es lo que le pide su cuerpo; estar en activo. Sin embargo, cada día aumenta su angustia al no ser aún citado para ser valorado. Ha puesto varias reclamaciones en la Diputación del Común, que cifra hasta en cinco años el tiempo de espera para ser valorado y que advirtió tras la presentación de su último informe que discapacidad es el área que más quejas ciudadanas acumula.
A la queja que ha presentado Juan le han contestado el pasado mes de abril y le han informado de que se ha “reiterado a la Dirección General de Discapacidad el recordatorio del deber legal de colaborar con la Diputación del Común, esta vez con advertencia de que procederemos a declarar que su actitud es obstruccionista y entorpecedora de las funciones de la Diputación del Común, y comunicaremos esta circunstancia al Parlamento de Canarias”, apunta en la resolución.
El hombre cuenta con informes de psiquiatría que certifican que ha sido diagnosticado de “fobia de impulsión y ansiedad generalizada” desde el año 2001 y desde 2008 padece un trastorno obsesivo compulsivo con buena respuesta al tratamiento, que no puede dejar porque supondría una recaída. En uno de los informes se señala su dificultad para adaptarse a horarios laborales normalizados, a pesar de múltiples intentos en estos años. Sufre de pensamientos rumiantes e insomnio por lo que sigue en seguimiento por la unidad de psiquiatría.
“Yo lo que pretendo con esto es poder trabajar y darle a la empresa mi certificado de discapacidad, que ellos tengan unas subvenciones por contratarme y que yo pueda tener una jornada adaptada a mis necesidades, que es una jornada de entre cuatro horas más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que sin un certificado de discapacidad es muy difícil conseguirlo y sobre todo cuando la enfermedad ha ido avanzando con el tema laboral”, dice Juan, que muestra los informes que evidencian que cuando piensa en volver a enfrentarse a un trabajo le vuelve la ansiedad si este puesto no puede ser adaptado.
“Yo estoy formado y tengo experiencia laboral, pero llevo ya unos años que no estoy trabajando, vivo de la ayuda de mis padres y necesito el certificado para poder tener un trabajo”, insiste. Juan, de hecho, tiene formación en Marketing y ha estado muchos años trabajando en atención al cliente. Explica que hay muchas ofertas que ha tenido que rechazar porque no cuenta con ese certificado de discapacidad que le permita que se le adapte su puesto de trabajo. Su objetivo es “tener un trabajo” que le “dignifique”, “que se pueda adaptar ese puesto a mi trastorno, a mi enfermedad que tengo crónica de hace muchísimos años, y que me pueda dar una calidad de vida, porque estoy viviendo de mis padres”, resume.
“Fueron los propios especialistas en este caso los que me dijeron: vamos a solicitarle la valoración de discapacidad. Y claro, la sorpresa es cuando yo llamo para preguntar sobre el expediente, te llamas al 012, y ellos directamente lo que dicen es que eso son cinco años, otros te dicen tres años…” Una situación que mantiene a Juan en la incertidumbre. “Al final es la desesperanza y la frustración de que pasan los meses y no se mueve absolutamente nada”, subraya.
Una lista de espera enquistada
El reciente informe de la diputada del común apunta que el 90,38% de las quejas registradas (545 de las 603) están motivadas por la demora del procedimiento de valoración o revisión del grado de discapacidad. “Este significativo aumento de quejas refleja la gravedad de la problemática que afecta a la ciudadanía de Canarias, y pone de manifiesto que la demora en la resolución de las solicitudes por parte de la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias se agrava año tras año, e impone a la ciudadanía, en muchos casos, una espera de hasta cinco años para ser citados para valoración, generando un perjuicio cuantificable económicamente que, sin embargo, difícilmente resarcirá el daño irreparable que se está ocasionando a las personas afectadas y a sus familiares”, resalta el informe.
El secretario en Canarias del comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), Miguel Ángel Déniz, ha explicado a esta redacción que desde la entidad se ha hablado varias veces con la Diputación del Común y con el Gobierno de Canarias de la importancia de dar celeridad a estas valoraciones. “Hemos hablado de la importancia de tratar de agilizar este asunto porque el no disponer del certificado lo que hace es que haya muchas personas que se queden fuera del sistema para poderlos atender, para poder optar a un empleo, etc. Entonces sí que lo hemos trasladado y sabemos que el propio Gobierno de Canarias está trabajando en la modificación del decreto para la valoración de la discapacidad, para poder agilizarla, pero por el momento es un borrador, están trabajando en ello y desde el CERMI hemos colaborado aportando diferente información, pero sí que somos la comunidad de España que más tarda en valorar la discapacidad”.
Para Miguel Ángel Déniz, los plazos actuales son “inasumibles”, por lo menos “36 meses”, apunta, aunque hay diferentes ritmos según los centros base de cada isla (en las no capitalinas va más rápido). No obstante, recuerda que la norma dice que debe estar en seis meses y añade que esto viene de la falta de recursos humanos desde hace muchos años, puesto que desde la implantación de la Ley de Dependencia el personal de la Consejería no se duplicó, sino que se dividió.
Asimismo, subraya que hay muchas circunstancias que van apareciendo y nuevas formas de valorar la discapacidad y que actualmente hay muchas discapacidades sobrevenidas por distintas enfermedades como el cáncer, enfermedades renales… Miguel Ángel Déniz apunta que un paso que se ha dado recientemente es la aprobación de la tarjeta de discapacidad, que aunque no va a agilizar los plazos sí que va a permitir que las personas no tengan que llevar consigo un certificado y dictamen médico, “con la falta de privacidad que conlleva”, sino que esa tarjeta va a permitir acreditarlo, por lo que le parece “un paso muy importante”.
Esta redacción ha intentado conocer la valoración de la Consejería de Bienestar Social sobre esos retrasos en discapacidad, pero de momento no ha obtenido respuesta. Sobre este asunto sí que respondió la consejera Candelaria Delgado en el Parlamento a una pregunta del PSOE y destacó que su departamento está trabajando en un decreto ley que presentará próximamente en el Parlamento para agilizar los tiempos. Asimismo, dijo que durante su gestión se han tramitado 5.600 expedientes de discapacidad.
“Hemos hecho un avance inédito en esta materia”, aseguró la consejera de Bienestar Social en el Parlamento. Según dijo, en la pandemia se paralizaron los reconocimientos de grado porque tenían que hacerse de forma presencial y además se cambió el criterio estatal. Asimismo, aseguró que cuando llegó al Gobierno había una lista de espera de 33.000 personas.
