Se abonaron los atrasos de 2023 y 2024 pero no las cotizaciones correspondientes y la Inspección de Trabajo ya ha abierto en Bizkaia una investigación «integral» y hay también quejas en Álava
Osakidetza repiensa sus ambulatorios: “No todo se resuelve con la bata blanca. Tenemos mucha cultura medicocentrista”
Medio año después de la rescisión de todos los contratos, la convulsa etapa de la cooperativa catalana Grup La Pau como principal adjudicataria de la flota externalizada de ambulancias programadas y urgentes del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) sigue dando coletazos. Sindicatos de Álava y de Bizkaia han añadido a la lista de agravios con esta empresa -que llegó a acumular más de medio centenar de sanciones de la Inspección de Trabajo y otras multas por incumplimientos- otro más. Ahora ha trascendido que siguen pendientes deudas con la Seguridad Social y la cantidad podría superar los 2 millones de euros.
Hasta el pasado mes de noviembre, Grup La Pau gestionaba las ambulancias de Bizkaia y de Álava. Aunque inicialmente Osakidetza defendía la calidad del servicio, finalmente acabó firmando una rescisión anticipada ante la evidencia de problemas como impagos salariales o uso de vehículos adscritos a la contrata pública para negocios privados. En Gipuzkoa operaba y opera otra cooperativa, Ambulancias Gipuzkoa, que ahora además ha asumido el territorio alavés en la nueva etapa con el nombre de Araba Anbulantziak. En Bizkaia se ha optado por una UTE llamada Bizkanb y que aglutina a la marca sanitaria de Alsa (Sanir) con el grupo Baztan-Bidasoa de Navarra. Ambas adjudicaciones nuevas se hicieron por la vía de urgencia para cubrir la marcha de La Pau y se espera para 2026 un concurso ordinario.
Este asunto tiene su origen en los atrasos acordados en el nuevo convenio y que fueron abonados a finales de 2024 con carácter retroactivo. Sin embargo, fuentes sindicales tienen claro que a esa paga adicional no le acompañó la consiguiente cuota de la Seguridad Social. En el caso de Bizkaia, a instancias de la sección sindical de ELA en las ambulancias, ya existe una resolución de la Inspección de Trabajo en la que se anuncia la apertura de una investigación “integral” para comprobar la posible existencia de “infracotizaciones”, como se ha venido a llamar la deuda.
En el caso de Álava, el comité aspira a que ocurra algo similar teniendo en cuenta que las circunstancias son gemelas. El sindicato ESK describe así la situación: “Pasados cinco meses de tal abono [de los atrasos], no se han modificado las bases de cotización de las nóminas de 2023 y 2024 de las personas trabajadoras, conforme a la parte proporcional según lo abonado por atrasos”. Así lo han recogido en una denuncia ante la Inspección de Trabajo aún no resuelta y en la que piden expresamente que se incoe una actuación similar a la de Bizkaia.
Un cálculo estimativo conservador de ELA apunta a que puede representar una media de 2.000 euros de deuda por cada uno de los 1.000 trabajadores de la contrata, es decir, 2 millones de euros como mínimo. Además de la afección directa al personal, serían dos millones de quebranto para las arcas públicas. Sin embargo, hay elemento adicional que surge. ¿Quién tiene que pagarlo?
Se da la circunstancia de que el convenio que regulaba los atrasos prevé expresamente que sean las empresas con contrato en vigor el 30 de noviembre de 2024 las que asuman los pagos. Grup La Pau abandonó el servicio unos días antes, el 24 de ese mes. Es decir, aunque las deudas se correspondan con un tiempo en el que mayoritariamente el servicio estuvo en manos de la empresa catalana, ahora son Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa las que se han subrogado todos sus derechos y obligaciones. De hecho, fueron ellas las que abonaron los pluses en su momento y no Grup La Pau.
¿Deberían pagar entonces también ellas la “infracotización” con la Seguridad Social? Fuentes de estas empresas indican que han puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos porque son conscientes de que hay “derechos” de la plantilla en juego. Coinciden con la parte social en que las “infracotizaciones” son muy elevadas y no descartan que incluso superen los 2 millones de euros. Esperan poder acotar dónde termina su responsabilidad y dónde empieza la de Grup La Pau, pero son conscientes de la existencia del problema.
