Los Mossos creen que el albacea mantuvo el control de las sociedades del filántropo Pere Mir para beneficiarse económicamente, pero su defensa alega que hay un «patrimonio separado» que el empresario no donó a la ciencia
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A sus 91 años, el abogado Jorge S. se ha situado en el centro de la investigación por el presunto desfalco de la herencia millonaria del matrimonio Mir-Pàmias, los grandes filántropos catalanes. Los Mossos d’Esquadra han indagado en las actividades económicas del letrado en los últimos ocho años y han descubierto que mantuvo (e incluso llegó a incrementar) las remuneraciones que percibía como gestor de distintas sociedades de Mir hasta cinco años después su muerte y que fue condenado por fraude fiscal por su condición de gestor de una de estas empresas.
No es la primera vez que la Justicia se cruza en el camino del letrado: en 2022 fue condenado por fraude fiscal en su papel de gestor de una de las empresas patrimoniales de Mir, Simex. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue fruto de un acuerdo entre Jorge S. y la Fiscalía.
El abogado admitió que en su papel de “gestor efectivo” de Simex “ideó y ejecutó una maniobra para llevar a cabo un engaño” y declarar menos impuesto de sociedades del que le correspondía. El fraude se limita al ejercicio de 2017, año en que murió Mir.
Cinco años después, Jorge S. aceptó una condena de cuatro meses de cárcel, que no cumplió al carecer de antecedentes, y una multa de 206.718 euros, además de devolver el algo más de medio millón defraudado. Los Mossos sospechan que Jorge S. no pagó de su bolsillo la multa, sino que empleó fondos de la herencia del matrimonio Mir-Puig que debían ir destinados a fundaciones de investigación científica.
La visión que tiene la defensa de Jorge S. es radicalmente opuesta. Los abogados del despacho Molins creen que Mossos, jueza y fiscal han cometido un error que entierra todo el caso. La defensa sostiene que solo una parte del abultado patrimonio de Mir debía ir a fundaciones para la investigación científica y no su totalidad, como sí señalan los investigadores. El recurso ya está en la Audiencia de Barcelona.
A la espera de dirimir quién tiene razón en su interpretación del testamento de Mir, los Mossos d’Esquadra entregaron a principios de abril un extenso informe a la magistrada Myriam Linage que sirvió para que, el mes pasado, la jueza, a petición de la Fiscalía, destituyera a Jorge S. al frente de las fundaciones Cellex y Mir-Puig y de cuatro sociedades en las que se distribuía la fortuna del empresario fallecido.
El IRPF de Jorge S.
Para la intervención judicial del imperio de Mir fue decisivo un extenso informe que los Mossos d’Esquadra entregaron a la jueza. En este documento, la policía autonómica apunta una hipótesis de investigación que, por ahora, ha asumido la magistrada: la “demora” en el traspaso de la herencia de Mir responde al intento de “beneficio personal” de Jorge S. derivado de su control de las empresas.
En vez de cumplir su labor como albacea y liquidar el patrimonio de las sociedades y entregar el dinero a la investigación científica, los Mossos indican que Jorge S. “siguió cobrando importantes nóminas” de las sociedades de Mir que administraba.
En 2016, un año antes de que Mir falleciera, Jorge S. cobró 108.356,14 euros como gerente de Simex, detallan los Mossos tras analizar los números de las empresas y del letrado. En 2019, el primer año tras el fallecimiento del matrimonio, sus retribuciones ascendieron a 174.694,47 euros, importe que se repite en los ejercicios 2020 y 2021, detallan los Mossos. El incremento no provino de su cargo en Simex, sino de otra de las empresas en las que Mir tenía su patrimonio y administraba el letrado.
La policía catalana hace números y detalla que entre el año 2017, en el que murió Mir, y en el 2023, en el que se jubila Jorge S., el abogado percibió retribuciones de las empresas del filántropo que administraba que sumaron 1.032.466,14 euros.
Según la jueza, Jorge S. “dilató” la ejecución de las últimas voluntades de Mir y Pàmias para seguir cobrando esas nóminas. En conjunto, la magistrada, citando los informes policiales, cifra el perjuicio económico derivado de la gestión de Jorge S. en 6,2 millones de euros.
“El control total”, en palabras de los Mossos, que Jorge S. ha mantenido sobre el ingente patrimonio del matrimonio Mir-Puig le ha permitido gestionarlo “sin tener que rendir cuentas a nadie”, y emplearlo para su propio “beneficio” en vez de cumplir con sus últimas voluntades y destinarlo a las fundaciones científicas.
Entre las operaciones de “gestión irregular” por parte de Jorge S., los Mossos incluyen la concesión de tres préstamos “en condiciones muy ventajosas para sí mismo” para pagar impuestos, sufragar sus gastos ordinarios o incluso “repartir” el dinero “entre los diferentes miembros de su familia.
Los préstamos, concedidos en 2020, 2023 y 2024, suman más de 2 millones de euros y los Mossos creen que la avanzada edad del abogado hubiera hecho inviable que un banco le dejara el dinero. De ahí que recurriera a las empresas que administraba.
Otros 140.000 euros salieron, entre 2016 y 2018, de otra de las empresas de Mir que gestionaba Jorge S. “para cubrir necesidades de liquidez”, en valoración de los Mossos. En una de esas transferencias, de 7.500 euros, el mismo día que el dinero llegaba a la cuenta del abogado fue nuevamente transferido a una agencia de viajes.
La condena por fraude fiscal
Pudiera seguir gestionando o no las sociedades de Mir porque eran “patrimonio separado” de la herencia (tal y como sostiene la defensa), lo que sí está claro es que esa administración de Jorge S. ya ha sido contraria al Código Penal en lo que a impuestos se refiere. Los Mossos, además, han hallado un dato que une la gestión de la herencia con la condena.
Según expone la policía catalana en su informe, Jorge S. pagó su multa de 206.718,99 euros de su condena por fraude fiscal con fondos de la empresa Simex y no de forma “personal”. El abogado “habría aprovechado el control que ejerce sobre la sociedad, de la que era administrador único, para cargar en su tesorería el pago de la sanción que se le impuso a él a nivel particular”, concluye la policía autonómica.
Además, otros 60.000 en multas impuestas por otros casos a Jorge S. y a otros dos patronos de la fundación Cellex fueron abonados en 2024 al Protectorado Catalán de Fundaciones desde las cuentas de Simex, sin que los Mossos hayan encontrado que ese dinero se restituyera a la empresa.
