Este martes entra en vigor la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, pero el Ejecutivo no ha aprobado por ahora ninguna solución para los miles de solicitantes de protección internacional que quedan en un limbo ante una respuesta negativa a su petición
El nuevo reglamento de extranjería ha empujado a la irregularidad a decenas de solicitantes de asilo: “Nos obliga a perder los papeles y el trabajo”
Ha llegado el 20 de mayo, fecha de la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, y miles de solicitantes de asilo siguen sin una solución ante la incertidumbre generada por la nueva norma, que empujará a la clandestinidad durante dos años a todos aquellos que reciban una respuesta negativa de su petición. El Gobierno había prometido un remedio para los afectados que ya se encontraban en España antes de la aprobación de la reforma, pero la medida no ha llegado antes del inicio de la aplicación del cambio legal.
Ahora, pese a que el ala socialista siempre se ha mostrado poco partidario de una regularización extraordinaria, el Ejecutivo ha optado por acelerar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de regularización extraordinaria, estancada desde hace meses en el Congreso, como fórmula para arreglar parte de los efectos de su nueva normativa de extranjería, según adelantó El País y confirman a elDiario.es fuentes gubernamentales.
El Gobierno aprobó el nuevo reglamento de extranjería en noviembre, con seis meses de plazo hasta su entrada en vigor para preparar la aplicación de una normativa que, mientras flexibiliza algunos de los permisos de residencia y trabajo, dificulta otros, especialmente los de los solicitantes de asilo y algunos casos de familiares extranjeros de ciudadanos españoles.
En estos seis meses Inclusión debía haber dado las instrucciones necesarias para su aplicación, formar a los funcionarios de la nueva medida, adecuar los sistemas informáticos, reforzar los consulados… Pese a que ONG y abogados especializados advirtieron desde un principio de importantes “errores” y vulneraciones de derechos ligados a los cambios incluidos en la norma, ha sido en las últimas semanas cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pisado el acelerador para tratar de corregir in extremis parte de los aspectos más polémicos de la medida, dentro de los límites impuestos por el propio real decreto.
Tras seis meses desde la aprobación del reglamento, las primeras medidas para solventar los problemas denunciados por ONG y letrados de extranjería llegaron la semana pasada, siete días antes de la entrada en vigor de la norma. La Secretaría de Estado de Migraciones publicó el pasado martes dos instrucciones en las que matizaba parte del contenido de la normativa. Las directrices, centradas en los permisos por arraigo y el régimen de extranjería de los familiares extranjeros de ciudadanos españoles, buscaban ampliar la cobertura dentro de los márgenes de aplicación de la norma de algunos de los aspectos recurridos ante el Tribunal Supremo. Y no serán las últimas.
Con el mismo enfoque, el Ministerio aún trabaja en al menos otras dos instrucciones más, entre las que habrá previsiblemente una destinada a los solicitantes de asilo y otra a los estudiantes, según fuentes sindicales que han participado en el proceso de negociación en la comisión tripartita de inmigración. La batería de instrucciones ha llegado después de la publicación en el BOE a principios de abril del cese de uno de los altos cargos de la Secretaría de Estado de Migraciones, Celso González, al frente de la dirección general de gestión migratoria; y el nombramiento en su lugar de Santiago Yerga, antiguo responsable de dicho departamento durante la época de José Luis Escrivá.
“En seis meses no se ha hecho nada, no se nos ha escuchado. Pero en las últimas semanas, es evidente el nuevo ritmo que se ha dado. Dentro de lo que es posible solucionar a través de una instrucción interna, estamos satisfechos, pero hay cosas que las instrucciones no podrán arreglar”, sostiene el abogado José Luis Rodríguez Candela, de la asociación de abogados Extranjeristas en Red, organización que ha recurrido 31 artículos del reglamento ante el Tribunal Supremo. La asociación, así como otras ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas o Red Acoge piden la reforma de la propia normativa.
Entre esos puntos de difícil solución se encuentra la medida que afecta de manera directa a los solicitantes de asilo. El reglamento impide la compatibilidad de la solicitud de protección con una solicitud de arraigo, lo que en la práctica penaliza en su intento de conseguir los papeles a quienes han pedido asilo y reciben una negativa de su petición o aquellas que, tras años esperando una respuesta que no llega, optan por abandonar el proceso de protección internacional y regularizar su situación por otra vía, dados los constantes retrasos en el análisis de las solicitudes por parte del Ministerio del Interior.
Con este cambio, el Gobierno pretende impedir lo que consideran como una “instrumentalización” del derecho al asilo, es decir, el uso del sistema que busca proteger a quienes huyen de la persecución o del conflicto como puente para obtener una tarjeta de residencia. No obstante, las ONG alertan de que la medida afectará también a miles personas con razones fundadas de persecución pero, por su nacionalidad, no suelen recibir una respuesta positiva por parte de la Administración española, como los casos de activistas colombianos, personas amenazadas por pertenecer al colectivo LGTBI en determinados países latinoamericanos o ciudadanos que huyen del crimen organizado en Centroamérica, entre otros perfiles.
Como ha contado elDiario.es, decenas de solicitantes de asilo han caído ya en la irregularidad como consecuencia de los nuevos requisitos impuestos por la futura normativa en caso de que su petición de protección sea rechazada, pero se espera que la cifra se multiplique en los próximos meses si no el Gobierno no impulsó una fórmula que palie los efectos de la normativa para quienes ya se encontraban en España antes del cambio legal.
Aunque no hay cifras oficiales, los casos de afectados por el nuevo reglamento se acumulan en los despachos de abogados y en las oficinas de las ONG que atienden a solicitantes de asilo. A partir de este martes, los demandantes de protección serán penalizados en su proceso para regularizarse si reciben una respuesta negativa a su petición, pues todo el tiempo que hayan vivido y trabajado en España mientras se estudia su caso no servirá para nada, no computará para demostrar su arraigo en el país, y tendrán que sobrevivir sin papeles durante al menos dos años hasta poder solicitar un permiso de residencia.
“Tal y como está ahora, las personas que reciban una respuesta negativa a su solicitud se van a ver abocadas a estar dos años en situación regular para volver a regularizar su situación. Es el absurdo de, después de estar cotizando y aportando, tienen que parar durante dos años, para volver otra vez a optar a un permiso de trabajo”, cuestiona Elena Muñoz, responsable legal de CEAR. “Nos genera una gran preocupación”.
Tras la aprobación del reglamento, el Gobierno defendió como solución para estos casos una vía extraordinaria temporal incluida en la normativa, con el objetivo inicial de que todos los solicitantes de asilo que ya se encontraban en España antes del cambio legal no fuesen afectadas por este. Sin embargo, la medida ha resultado insuficiente, pues alrededor de 200.000 personas siguen pendientes de una resolución de protección internacional o de su recurso.
ILP como posible solución
Mientras la Secretaría de Estado de Migraciones prepara una nueva instrucción para reinterpretar esta medida e intentar flexibilidad algunos de sus requisitos, el Ministerio de Inclusión ha visto una oportunidad en la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria sin condiciones de todas las personas sin papeles en España, iniciativa que lleva más de un año estancada en el Congreso.
Hasta el momento, el ala socialista del Ejecutivo se ha mostrado reticente a una regularización masiva como la planteada en la ILP y no había mostrado una voluntad real para sacarla adelante, pues apostaba por la línea marcada por la reforma del reglamento de extranjería. Ahora, han encontrado en la propuesta de ley impulsada por la recogida de 800.000 firmas, una de las pocas vías para arreglar las lagunas de su propia normativa, tras meses de avisos por parte de las ONG y abogados expertos en migraciones.
“Es una iniciativa legislativa popular que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, y ahora es turno de que se pronuncien todos los grupos del arco parlamentario que votaron a favor de su toma en consideración (es decir, todos, menos Vox)”, indican fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones.
“El Gobierno siempre se ha mostrado favorable a que se estudien estas iniciativas de calado y se mantiene atento a su desarrollo en las cámaras”, añaden. No obstante, la medida estaba paralizada en el Congreso desde hace un año y diputados de formaciones más favorables a la iniciativa, como Sumar y Podemos, apuntaban entre otras razones del estancamiento la falta de voluntad de la bancada socialista para acelerar su tramitación.
Efecto en los menores
La semana pasada, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertó también del efecto que puede tener el nuevo reglamento de extranjería para miles de menores extranjeros. Según un informe sobre infancia migrante, los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores”.
Los datos facilitados por el Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2024, revelan que 133.102 solicitudes estaban pendientes de admisión y 108.954 pendientes de resolución, recuerda el Defensor. “Estas cifras ponen de manifiesto que dicha modificación afectará notablemente a la situación de miles de niños y niñas”, sostiene el documento.
Flexibilización de otros permisos
Más allá de los puntos más polémicos y del efecto en los solicitantes de asilo, el Gobierno defiende que el nuevo reglamento busca simplificar los procedimientos por los que los inmigrantes consiguen sus permisos de residencia y trabajo, ya sea desde sus países de origen o en suelo español, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado laboral. El Ejecutivo calcula que la medida concederá los papeles a cerca de 300.000 personas.
Es una modificación amplia por lo que hay cambios con respecto al anterior régimen en distintos aspectos de la política de visados y de las vías por las que los extranjeros pueden regularizarse. En general, elimina algunos requisitos, reduce plazos, recorta parte documentación que se debe presentar y simplifica el cambio de un permiso a otro para reducir carga administrativa.
A partir del 20 de mayo, se espera el aumento de las solicitudes en las oficinas de extranjería, en un momento cuyo personal ha comenzado a movilizarse ante la falta de recursos. Tras años de saturación, de bloqueo de citas de extranjería y de aumento en los plazos de respuesta, los trabajadores encargados de estudiar las peticiones de permisos de residencia y trabajo se movilizaron este lunes, un día antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, al considerar insuficiente el refuerzo anunciado por el Ministerio de Política Territorial.
Los paros de dos horas por CCOO tuvieron un seguimiento del 64%, según los datos oficiales, mientras que el sindicato eleva el porcentaje de apoyo al 90%. “Ha habido paro total en todas las 10 grandes oficinas de España”, añaden desde Comisiones. Esos mismos funcionarios tendrán que empezar a responder las solicitudes que lleguen a partir de este martes según lo dispuesto por una nueva normativa, sobre la que el Ministerio continuará publicando instrucciones en los próximos días para matizar a última hora parte de su contenido.
