La presidenta acusa en ese acto al Gobierno central de «colonizar» las instituciones, así como de llevar a cabo «ataques a la independencia judicial» y de «asaltar el Constitucional»
894 okupaciones en un parque de casi tres millones de viviendas: los datos refutan la alarma de PP y Vox en Madrid
Isabel Díaz Ayuso ha arrancado la semana lanzando consignas contra la okupación. Lo ha hecho delante de los decanos de los colegios de abogados de la región y el de los procuradores, que le han arropado en esa batalla personal de la presidenta autonómica. “La falta de seguridad jurídica es veneno para el mercado del alquiler, la construcción y disponibilidad del mercado de viviendas”, ha comenzado apuntando.
Ante las cifras que anualmente publica el Ministerio del Interior, la presidenta se ha defendido asegurando que el Gobierno central “minimiza los casos”, “piensan que son dos o tres” y se preguntan “qué importancia tienen”. “Queremos recordar que detrás de cada denuncia hay personas afectadas, vecinos que pierden sus casas y barrios enteros que son deteriorados”, ha añadido.
De esta forma, la mandataria se anticipaba a las críticas por instrumentalizar ese problema y sobredimensionarlo. Según datos del Ministerio del Interior, este fenómeno afectó en 2024 únicamente a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes. En la ciudad de Madrid y “las poblaciones más habitadas” de la Comunidad –apuntaba el informe de la Policía Nacional–, el año pasado se mantenían 894 viviendas ocupadas de un parque de viviendas que supera los 2,8 millones.
En línea con su estrategia política de situarse como el látigo al Gobierno de Pedro Sánchez, Ayuso no ha querido perder la oportunidad de vincular la okupación de viviendas con las políticas que el Ejecutivo de coalición promueve desde Moncloa. “No puedo dejar de recordar que el apoyo, por acción u omisión, a los okupas viene de aquellos que okuparon las plazas públicas, rodearon el Congreso de los Diputados y los que colonizan las empresas e instituciones públicas para entregarlas a amigos y comisarios políticos”, ha comenzado diciendo, para celebrar posteriormente que “estos días” desde el ámbito judicial “tantos estén poniendo pie en pared”.
Ayuso asegura, sin mencionar a Sánchez, que la aspiración del Gobierno central es la “justicia popular bolivariana”, en la que no hay a quien “recurrir” ante la “vulneración” de los “derechos fundamentales”. “Sabemos que esa es su intención por los ataques a la independencia judicial, su asalto al Constitucional y al Poder Judicial”, ha apuntado, delante de Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de procuradores de Madrid; Ángel Francisco Llamas, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; y Eugenio Ribón, decano del colegio de abogados de Madrid.
Estas tres instituciones han ratificado este lunes un protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de las viviendas junto a la Comunidad de Madrid. Los cuatro firmantes han tomado la palabra en el acto. El representante de los procuradores madrileños se ha mostrado “sorprendido” de que sean estas organizaciones las que acudan a “proteger el artículo 33 de la Constitución”. Por su parte, Ribón ha celebrado que con este acuerdo Madrid se convierte en “capital de la seguridad jurídica”.
Según ha anunciado la presidenta, el acuerdo incluirá varias medidas, entre ellas, la representación gratuita de los procuradores madrileños para las víctimas de okupación, una asistencia especializada sobre estos servicios en los colegios de abogados de la región y una “atención psicológica gratuita”.
Ayuso se ha escudado en casos particulares para dar emoción a su acto. Ha vuelto a recordar a Teresa Mateos, a la que llegó a recibir en la Puerta del Sol. Una señora de 82 años que denuncia que desde 2023 está sufriendo el impago de la renta de unos inquilinos de su segunda vivienda en Fuenlabrada.
Ante el miedo a la okupación, la mandataria defiende que “muchos ciudadanos no se atreven a poner su vivienda en el mercado” y, debido a este fenómeno, no se pueden “contener los precios”. Con todo, sostiene que a causa de la usurpación de inmuebles “se empobrece a personas de renta media”.
Porque, según Ayuso, “casi la mitad de los propietarios de una segunda vivienda, además de no ser un gran tenedor, son mayores de 65 años”, que “destinan la renta del alquiler para completar sus pensiones”, ya que de esta forma el alquiler de las viviendas “ha sido la hucha de la clase media española durante todo este tiempo”.
