Luis Gomis descarga el «papel preponderante» en la Confederación Hidrográfica del Júcar después de haber ofrecido por escrito el 29 de octubre a los agentes medioambientales autonómicos para seguir la situación de ríos y barrancos
La jueza cita de testigo al alto cargo de Mazón que reconoció el día de la DANA la responsabilidad de vigilar barrancos
El director general de Medio Natural de la Generalitat Valenciana, Luis Gomis Ferraz, ha remitido un nuevo informe a la jueza de la DANA en el que matiza la versión inicial sobre su papel el día de la barrancada que dejó 228 fallecidos. El alto cargo del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, citado a declarar como testigo por la magistrada, reconoció la mañana del día de la catástrofe que la competencia de vigilar los caudales de los barrancos también correspondía a la Generalitat, tal como desveló elDiario.es el pasado 25 de noviembre. Casi cinco meses después, reconoció en un primer informe remitido a la instructora que ofreció al departamento autonómico de Emergencias a los agentes medioambientales de la Generalitat para vigilar los barrancos, sin recibir respuesta alguna. Sin embargo, en un segundo escrito dirigido a la jueza, del pasado 8 de mayo, el alto cargo ha recogido cable. Si bien en su nota interna de la mañana de la DANA aseguraba que la Generalitat también tiene “encomendada” la función de “seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables” y en su primer escrito ante la magistrada confirmó que ofreció a Emergencias la vigilancia, en una segunda comunicación a la instructora, firmada el pasado 8 de mayo, Luis Gomis asegura que la “competencia directa, principal y sustancialmente” corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), blanco predilecto de las críticas del Gobierno de Mazón y del PP valenciano.
El director general enumera los organismos que participan en el seguimiento de ríos y barrancos, según el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, entre los que aparecen tanto la CHJ como la Policía autonómica, los Bomberos de la Generalitat o los “agentes medioambientales y recursos adscritos al Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales de la conselleria competente”.
Gomis interpreta que como la CHJ aparece en la lista “en primer lugar”, ostenta un “papel preponderante”. Así, según las conclusiones del alto cargo, el organismo presidido por Miguel Polo está “finalmente seguido por una pluralidad de entidades que pueden colaborar, entre las que se encuentran los agentes medioambientales”, que dependen, precisamente, de Luis Gomis, que a su vez se encuadra en la conselleria que dirige Vicente Martínez Mus. Los agentes medioambientales, según Gomis, serían “simplemente la sexta alternativa subsidiaria que ofrece el Plan de Inundaciones para el seguimiento del estado de los barrancos”.
“Sin embargo, estos agentes medioambientales son uno más de los apoyos auxiliares entre los que se encuentra también, por ejemplo, la Guardia Civil”, apostilla el escrito, tratando de salpicar también al Instituto Armado. Sin embargo, el Plan de Inundaciones, del que reproduce fragmentos en el escrito, no otorga específicamente una jerarquía, simplemente enumera los “organismos” participantes en la vigilancia de ríos o barrancos.
Una obligación que, a juicio del director general de Medio Natural, “no compete a la Generalitat, sino a la CHJ en primer lugar y a los municipios en segundo”, apostilla.
El “papel accesorio” de la Generalitat
El escrito también alude a las actuaciones de las confederaciones hidrográficas, entre las cuales destaca la obligación de “proporcionar” al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y los “incrementos relevantes” de los caudales. Unos datos que, según ha afirmado la jueza, llegaron a Emergencias (aunque no a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado —Cecopi—, tal como reconoció un técnico que declaró como testigo).
“En ese listado de actuaciones que corresponde a las confederaciones hidrográficas, aparece también claramente que es esa administración (CHJ) la que debe informar al centro de coordinación de emergencias de los incrementos de caudales que puedan resultar relevantes tanto en ríos como en barrancos”, ahonda el director general.
Luis Gomis concluye que su departamento autonómico tenía un mero “papel accesorio, complementario y en cualquier caso nunca sustantivo del resto de organismos y cuerpos descrito en el propio Plan antes mencionado”.
El alto cargo alude al “cuerpo propio” de “policía de Aguas” con el que cuenta la CHJ, que “pueden ser auxiliados en sus tareas por los Guardias Fluviales”, un personal de la confederación que no son “meros funcionarios públicos” y que cuentan con la “condición de agentes de la autoridad”. En definitiva, el escrito considera que la CHJ “dispone ella misma de un cuerpo de agentes medioambientales”, en referencia a la Policía de Aguas.
Por otro lado, el alto cargo confirma que “no consta soporte documental” de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat contestara a su ofrecimiento del 29 de octubre de desplegar agentes medioambientales para vigilar los caudales. “Tampoco le consta a esta dirección general que la CHJ, a través de sus agentes medioambientales especializados en las labores de la policía de aguas, se pusiera en contacto con los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio”, agrega Luis Gomis.
¿Quién vigiló el caudal del barranco del Poyo?
El único organismo que proporcionó información sobre el caudal del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la mayoría de los fallecimientos, fue la CHJ mediante los datos del SAIH, tal como ha destacado reiteradamente la jueza instructora de la causa de la DANA.
Por el contrario, nadie se desplegó sobre el terreno para vigilar los caudales. Los bomberos, a las órdenes del entonces jefe del consorcio provincial, José Miguel Basset, fueron retirados a las 15.00. Basset, también citado como testigo, aseguró en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia que se retiraron los efectivos del barranco del Poyo porque había descendido el caudal y, además, era la hora de comer. Una afirmación por la que, posteriormente pidió disculpas ante las críticas de los sindicatos. Los bomberos que fueron retirados incluso presentaron el ticket que demostraba que se habían procurado la comida aquella trágica jornada, desmintiendo a José Miguel Basset.
Los agentes medioambientales, dependientes de la Generalitat, tampoco se desplegaron finalmente. El director general Luis Gomis ofreció a Emergencias a sus efectivos sin obtener respuesta por parte de la conselleria que dirigía Salomé Pradas, investigada en la causa junto con el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
Gomis dio órdenes aparentemente contradictorias en su nota interna enviada a las 11.30 del 29 de octubre. Por un lado, reconoció que los agentes medioambientales de la Generalitat “tienen encomendada, junto con otros organismos”, la tarea de vigilar los caudales. Sin embargo, en el primer párrafo también pidió a los agentes medioambientales que “no realizaran su trabajo en el medio natural” y que se resguardaran en “instalaciones seguras”, tales como ayuntamientos o “domicilios”, entre otras.
