La jueza mantiene la instrucción a velocidad de crucero mientras el jefe del Consell ahonda su posición de fardo para la dirección de Génova y encara un verano judicial caliente con protestas que no cesan
El aval unánime de la Audiencia de Valencia a la jueza de la DANA ratifica que la Generalitat ejercía el mando único
La investigación de la causa de la DANA augura un verano caliente para el PP y el president Carlos Mazón. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, mantiene un apretado calendario de declaraciones, que se prolongará hasta fechas cercanas al congreso de los populares y que Mazón encara con las serias reticencias de Alberto Núñez Feijóo hacia su continuidad en el Palau de la Generalitat y con un abierto cuestionamiento de su gestión de la DANA por parte de la prensa más conservadora. El goteo de resoluciones de la magistrada, que apuntan reiteradamente y con tono severo a la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en la falta de avisos a la población el pasado 29 de octubre, supone un incesante lastre para la dirección de la calle Génova y las expectativas electorales de Núñez Feijóo. Mazón, tal como ha informado elDiario.es, medita por primera vez su continuidad en el cargo de jefe del Consell tras la resistencia numantina a dimitir que ha mantenido desde que se conoció que estaba desconectado en los momentos clave del día de la catástrofe al haber prolongado una comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana a pesar de que su Gobierno ya había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME). El fuego amigo ha supuesto un tremendo desgaste político y familiar para un president “noqueado”, según la expresión de Núñez Feijóo.
El peso del fardo que supone la incómoda figura de Mazón —un barón autonómico socio de Vox y designado por el dedo del anterior líder popular, Pablo Casado— aumenta con las decisiones de una jueza que dicta varios autos a la semana y con la intensa movilización en las calles de las asociaciones de víctimas y de la sociedad civil, que no afloja casi siete meses después de la tragedia. Víctimas erigidas a su pesar en auténticas balizas morales de amplísimas capas de la sociedad valenciana que han llegado a reunirse en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y con el europortavoz popular, Esteban González Pons, que se disculpó personalmente.
Mientras, a Carlos Mazón la jueza le pisa los talones. Y en el PP valenciano saben lo que eso supone por experiencias previas vinculadas a las numerosas causas de corrupción en los tribunales. La instructora, que centra su investigación en un presunto delito de homicidio imprudente, ha reiterado en varios autos que si Mazón no figura como imputado en el procedimiento es por su condición de aforado. El president valenciano rechazó públicamente el ofrecimiento de la jueza de declarar voluntariamente en condición de investigado.
Además, la Fiscalía ha abierto un incipiente frente, potencialmente peligroso para el Consell, con la incoación de diligencias de investigación sobre la filtración por parte de Presidencia de un audio manipulado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un intento a la desesperada de desperdigar la responsabilidad de la respuesta a la emergencia.
Por su parte, la magistrada mantiene como imputados a las dos personas situadas jerárquicamente aguas abajo de Mazón en el equipo de Emergencias que se enfrentó a la DANA: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, destituidos del Ejecutivo autonómico y caras visibles de la calamitosa gestión.
La jueza ha tildado de “tardío” y “erróneo en su contenido” el mensaje del Es-Alert del día de la DANA. También de “absurda” la explicación del Gobierno de Mazón sobre las pausas en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). O de “inútiles” los trasnochados consejos de Carlos Mazón para que la población se refugiara en altura cuando la riada ya había arrasado con todo.
La magistrada cuenta, a medida que avanzan sus pesquisas, con más material probatorio: las llamadas al 112 y los numerosos informes oficiales tanto de la Generalitat como de la Aemet o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros. También ha escuchado, con sumo interés, a los peritos que han declarado, especialmente a Francisco Vallés, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV), que aportó valiosas claves sobre la barrancada y desmintió los numerosos bulos conspiranoicos sobre la presa de Forata, amplificados por los socios de Mazón de Vox.
Además, la instructora obtuvo el acta notarial, aportada voluntariamente por Salomé Pradas y publicada íntegra por este diario, sobre las llamadas de la exconsellera del día de la DANA. Una documentación sensible para el aforado Mazón, al desglosar —negro sobre blanco y ante notario— cierta incomunicación del president en los peores momentos de la emergencia.
Obra de Adrián Lerok en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València.
La defensa de Pradas, recientemente fichada como colaboradora por una universidad ‘online’ privatizada por el PP y de vuelta al ejercicio de la abogacía, ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja sobre la instrucción de la jueza. Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado, de momento, el enfoque de la instructora, desestimando los primeros recursos de apelación (aunque aún tiene pendiente la deliberación sobre los de Pradas y Argüeso).
El aval unánime de los seis magistrados de la sección segunda a los principales planteamientos de la jueza, considerados razonables, ha supuesto un balón de oxígeno para una instructora que está en el punto de mira de las defensas y de algunos medios de la derecha, en una indisimulada estrategia de acoso y derribo.
Casi 300 declaraciones ante la jueza
La jueza ya ha tomado declaración a casi 300 personas, entre testigos y familiares de víctimas mortales de la catástrofe de la DANA, a estos últimos para el ofrecimiento de acciones y el encargo al Instituto de Medicina Legal de València de los correspondientes informes periciales sobre daños morales y secuelas psíquicas. Se trata de declaraciones durísimas en las que familiares de los 228 fallecidos relatan los últimos momentos con vida de sus seres queridos, en algunos casos presenciados cara a cara.
Por otro lado, la jueza ya tomó declaración el pasado 11 de abril a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso. Tres días después declaró, durante siete horas, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Dada la prolongada comparecencia de Bernabé, la testifical del siguiente testigo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tuvo que suspenderse. La siguiente cita de Mompó con la jueza también se anuló a consecuencia de los efectos del apagón eléctrico del 28 de abril.
Ante el tercer intento de declaración de Mompó, la jueza ha pedido a La Sexta las imágenes de la entrevista en ‘Salvados’ al presidente de la institución provincial en la que el emergente político popular vinculó a Mazón con el envío de la alerta.
Sin embargo, la lista de testigos que han sido citados con fecha y hora resulta tan larga que ya llega hasta principios del próximo mes de julio. Esta tanda de testificales incluye, durante todo el mes de junio, a una docena de técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y a trabajadores de la subcontrata de la empresa Ilunion, que gestiona el teléfono 112. Además, también está citada una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València en condición de perito.
La jueza ya ha tomado declaración a varios peritos expertos en ingeniería hidráulica y a dos técnicos del Centro de Emergencias de la Generalitat en l’Eliana, que confirmaron que el mensaje a los móviles del sistema Es-Alert, uno de los principales pilares de la instrucción, se envió tras el “visto bueno” de la entonces consellera Salomé Pradas.
Sin embargo, la magistrada aún tiene pendiente establecer fechas para las declaraciones más importantes, a partir del mes de julio. Esta segunda tanda de testigos incluye a cargos de las administraciones central y autonómica con un papel clave en la reunión del Cecopi del día de la DANA.
Se trata del presidente de la CHJ, Miguel Polo; del jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez; del subdirector de Emergencias, el funcionario Jorge Suárez; del exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset; de los altos cargos del Ejecutivo autonómico Alberto Martín Moratilla, Raúl Quílez, Luis Gomis y Rosa Tourís, y de la comisaria jefa de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Generalitat, Marisol Conde. También quedan pendientes las fechas de las declaraciones como testigos de los alcaldes de las principales localidades afectadas por la DANA, incluida la primera edil de València, María José Catalá.
Mazón, un activo tóxico del PP
Mientras la jueza instructora encauza una compleja investigación centrada en la presunta negligencia de la Generalitat en su gestión de la DANA, las placas tectónicas en el seno del PP registran algunas sacudidas.
Un viejo conocido, el expresident Francisco Camps, ha desafiado abiertamente el liderazgo de Carlos Mazón en el partido. El encuentro del PP europeo el pasado 29 de abril, cuando se cumplían seis meses de la catástrofe, estuvo rodeado de protestas ciudadanas.
Por su parte, el inquilino del Palau de la Generalitat sigue con una agenda restringida, ante el peligro que suponen sus apariciones públicas, en las que casi siempre se escucha algún que otro grito de “dimisión”.
Pintada en València contra el president Carlos Mazón.
La Facultad de Bellas Artes de la UPV acaba de estrenar una exposición que incluye una obra de Adrián Larok titulada ‘No oblidem’ (No olvidamos), con el ‘molt honorable’ president caracterizado como un presidiario, un anhelo que aflora desde el pasado 29 de octubre en infinidad de pintadas y pegatinas por toda la ciudad de València.
Mazón es un activo tóxico de tal calibre que hasta el propietario del Ventorro, con la mala publicidad propiciada por el jefe del Consell como nexo causal, se vio obligado a retirar el cartel de la entrada de su restaurante ante la afluencia de curiosos. En su partido, Carlos Mazón aún tiene mesa reservada. Lo que le faltan son comensales.
