Veinte años después del accidente, la Audiencia Nacional resuelve a favor del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que todo este tiempo ha sufragado el envío diario de decenas de camiones cisterna
Adif deja de llevar agua en cisternas al pueblo de Málaga cuyo acuífero destruyó con las obras del AVE en 2005
La suerte de Valle de Abdalajís, un pueblito del interior de la comarca de Antequera (Málaga), se cruzó con la de la capital de la Costa del Sol el 23 de marzo de 2005. Por entonces Málaga no tenía conexión ferroviaria de alta velocidad con el resto de España y Valle de Abdalajís aún portaba con orgullo su histórico sobrenombre: “Villa de los manantiales”. Pero aquel día una tuneladora, que perforaba en la Sierra de Huma los 7,3 kilómetros del túnel clave de la conexión Málaga-Córdoba, tocó donde no debía, y el acuífero, que hasta entonces surtía de agua abundante al pueblo, se desangró en una hemorragia que ya nunca se detendría del todo. El AVE, clave en la conversión de Málaga en destino de moda, fue una estaca 30 kilómetros al norte.
Comenzó entonces la historia de una dependencia contra natura. El Valle se quedó sin agua de un día para otro y ADIF se hizo cargo, no sin reticencias, de proporcionársela. Durante 18 años, el administrador de infraestructuras ferroviarias ha estado llevando agua al pueblo en camiones cisterna. Cada día, una veintena de estos vehículos trasiegan por las calles de este pequeño pueblito. Solo dejaron de hacerlo el 1 de febrero 2021. Aquel día se interrumpió el suministro, y el pueblo puso el grito en el cielo y una demanda ante la Audiencia Nacional que obligó a retomar el suministro hasta que se sustanciara el pleito.
Eso ha ocurrido ahora, con una sentencia que da la razón a ADIF y deja a Valle de Abdalajís ante un dilema existencial: cuanto antes, deberá procurarse un nuevo suministro de agua porque ADIF, si no lo remedia un recurso, ya no tiene obligación de hacerlo. La sentencia ha sido un mazazo en el pueblo, al que seguirán llegando las cisternas cautelarmente hasta que la resolución sea firme, lo que ocurrirá a mediados de junio si no hay recurso.
Por eso, la alcaldesa Virginia Romero (PP) trabaja contrarreloj buscando una reunión urgente que implique a todas las administraciones: el municipio, la Diputación de Málaga (que ha asesorado y colaborado en la búsqueda de fuentes alternativas durante estos años), la Junta de Andalucía, ADIF y el Gobierno, a través de la Subdelegación. El objetivo, dice, es convencer a ADIF de que “reconsidere su postura” y ofrezca una “solución definitiva” al problema que un día creó. “Seguimos sin una infraestructura básica que nos garantice el agua potable suficiente. A pesar de que nos ha abastecido todos estos años, el daño no se ha reparado”. Si de esas reuniones no sale una solución, Valle de Abdalajís recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Un pueblo sin su fuente de agua
La sentencia dictada por la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, concluye que ADIF ya no estaba obligada a seguir llevando agua a Valle de Abdalajís. Da la razón a ADIF en primer lugar por un motivo procesal, ya que se recurrió una comunicación sin valor legal. Pero también, porque el convenio con ADIF tampoco ampararía lo que quería Valle de Abdalajís. “ADIF no venía obligada a realizar las actuaciones que el Ayuntamiento pretende, en virtud del convenio extinguido”, escriben ahora los magistrados.
Hace tiempo que ADIF insiste en que ha cumplido su responsabilidad “con creces” y que ya no tiene habilitación legal para seguir suministrando agua. Durante años lo hizo porque venía obligada por el convenio que suscribió con el pueblo en octubre de 2007, pero ese acuerdo se extinguió formalmente el 2 de octubre de 2020 sin que las conversaciones para prorrogarlo llegaran a buen puerto.
Valle de Abdalajís pretendía que el suministro de agua se alargara hasta el 31 de diciembre de 2022, nuevas obras e involucrar a ADIF en la negociación a tres de un convenio para transportar el agua desde la vecina Antequera. Pero el director general de la operadora se plantó al considerar que se le pedían actuaciones que excedían del deber de restitución. Tampoco llegó a liquidarse. Es decir, a comprobarse qué grado de ejecución se había conseguido y en qué punto quedaba todo.
El Ayuntamiento razona que perdió lo más valioso y que sigue sin recuperarlo: el agua. Había estudios que alertaban del riesgo de rotura si ahí se metían las tuneladoras. Durante estos años ha buscado pozos y acuíferos alternativos, pero los que encontraba proporcionaban un agua demasiado túrbida para ser potable o no cumplían los criterios para obtener la autorización ambiental. ADIF denuncia que tener parte del suministro gratis generó un incentivo perverso, de modo que se descuidaron las infraestructuras y se ofreció el agua a precios irrisorios.
Frente a esto, el causante de la avería decidió zanjar unilateralmente las actuaciones paliativas del destrozo sin que nunca se haya recuperado el acuífero principal y sin garantizar al pueblo una fuente alternativa. “Hay actuaciones que contempla el convenio que no se han llevado a cabo. El agua que sale de los túneles no es apta para consumo humano. El convenio se tiene que liquidar y se tiene que garantizar que el agua es apta con informes de Sanidad”, subraya Virginia Romero.
El daño que produjo aquel boquete trasciende el meramente económico. En estos años, los cortes nocturnos han sido norma habitual, especialmente durante la sequía del último lustro. “Hay gente que podía tener idea de venir a vivir aquí y lo rechaza porque tenemos cortes y estamos en los medios con el problema del agua”, lamenta la alcaldesa. Aquí, esta cuestión se considera existencial: “Un pueblo sin agua es un pueblo muerto”, dice la alcaldesa. Desde 2005, Valle de Abdalajís ha perdido una sexta parte de su población. Tenía 2.948 habitantes y ahora cuenta con 2.435.
Casi 40 millones en agua y obras, según ADIF
En todos estos años, ADIF ha llevado unos 450.000 litros diarios al municipio, algo menos de la mitad de lo que consumen los vallesteros. También ha construido una depuradora y varios depósitos más para el consumo urbano, agrícola y ganadero, ha ejecutado obras para reconducir el agua filtrada al túnel, ha abonado indemnizaciones a agricultores afectados, ha reacondicionado carreteras destrozadas por el paso constante de camiones de gran tonelaje y ha asumido actuaciones que nada tienen que ver, como la puesta en valor de la Villa Romana.
Hasta 2021 todo esto había costado a ADIF unos 26 millones de euros, según la cuenta de la entidad pública, que no ha respondido a la petición de datos actualizados. Según las cifras que ofreció en su día a este medio, abonó otros 5,5 millones por los camiones cisterna desde enero de 2021 hasta octubre de 2022, a razón de 275.000 euros al mes. De modo que la cuenta total rondaría ya los 40 millones de euros.
ADIF considera que ha asumido “responsabilidades que recaen en el Ayuntamiento”, y que “sólo con abrir una llave” y poner en marcha la depuradora que entregó el pueblo tendría suficiente para abastecerse. “ADIF ha cumplido con creces”, escribe el Abogado del Estado, que acusa al Ayuntamiento de “ni siquiera” realizar “obras mínimas de mantenimiento (…) abusando manifiestamente” del convenio para evitar ejercer sus competencias de abastecimiento.
“¿Por qué llevan gastados tantos millones si las infraestructuras definitivas podrían costar dos o tres millones y solucionar el problema definitivamente?”, se pregunta José Romero, portavoz de la Plataforma Promanantiales antes de convertirse en alcalde (IU) del municipio (2019-2023) cuando se interpuso el pleito. Romero subraya que el pueblo no tiene medios técnicos o económicos para esa obra, pero ADIF sí: “No queremos que se despilfarre el dinero y tampoco queremos camiones cisterna todos los días por las carreteras: lo único que queremos es tener el agua que un día el progreso nos quitó”.
