La ley anti desperdicio alimentario contiene una cláusula para sacar automáticamente del listado de protección a las manadas al sur del río Duero en cuanto cambie el estatus de la especie en la Unión Europea, cuyo proceso está cerca de culminar
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Era como una bomba de efecto retardado. La ley contra el desperdicio alimentario publicada el pasado 1 de abril lleva escondida una disposición para eliminar automáticamente la protección contra la caza de los lobos al sur del río Duero, los únicos a salvo todavía. Para activar esa cláusula tenía que modificarse el estatus de la especie en las normas europeas y ese cambio ya está muy avanzado tras una propuesta aprobada por el Europarlamento.
El 8 de mayo, poco más de un mes después de que la ley española que alberga esta medida apareciera en el Boletín Oficial del Estado, los eurodiputados votaron a favor de “cambiar el estatuto del lobo en la UE” tal y como había diseñado la Comisión presidida por Ursula von der Leyen. La alemana ha impulsado esta modificación desde que su caballo favorito muriera, presuntamente, por un ataque de lobos.
La disposición transitoria única de la normativa –en teoría– diseñada por “imperativo moral” para “reducir drásticamente el volumen de pérdidas y desperdicio alimentario” establece que “la modificación del régimen de las poblaciones de lobo al sur del Duero en los anexos de la directiva Hábitats (…) determinará la automática modificación” del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial “para su expulsión efectiva” de dicho listado. Eso supone que sea posible organizar cacerías para eliminar ejemplares como ya están haciendo en el norte comunidades autónomas como Cantabria o el Principado de Asturias.
¿Qué dice la propuesta de cambio en la directiva europea? Precisamente eliminar del grupo de especies “que requieren una protección estricta” las poblaciones de lobos al sur del Duero (además de las de Estonia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, parte de las de Finlandia y de Grecia). Y colocar en el grupo menos protegido “cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión”, es decir, cazarse, al Canis lupus sin matices. Todas las manadas europeas.
La propuesta legislativa “que pretende rebajar el estado de protección”, según el Ministerio de Transición Ecológica, está en proceso de información pública hasta el 12 de junio antes de su refrendo definitivo.
La iniciativa se basa en que “las poblaciones y áreas de distribución” del lobo “están creciendo, lo que ha llevado un aumento de los conflictos con las actividades humanas en algunas regiones, en particular en lo que respecta a la ganadería”. Y justifica que busca alinear la legislación de la UE con el Convenio de Berna de Conservación de la Vida Silvestre donde se rebajó el estatus del lobo en diciembre de 2024. Una rebaja propuesta e impulsada, precisamente, por la Unión Europea.
Este cambio es justo lo que pedía la cláusula añadida a la ley española ya en vigor. Así se completa la cadena que empieza con los relinchos del poni de Von der Leyen y terminará en que sea legal diezmar una manada de lobos, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara.
“Se va a quedar sin figura de protección específica de la legislación española”, cuenta el coordinador de Conservación de WWF, Luis Suárez, quien ve “imparable” el proceso en estos momentos. “Las comunidades autónomas que tengan manadas en el sur van a poder adoptar medidas de gestión, como las llaman”.
Retroceso de más de 30 años
El lobo ibérico al sur del Duero ha tenido protección gracias a la normativa de la Unión Europea desde, al menos, 1992. Ese año se aprobó la directiva 92/43, llamada Hábitats que, junto a la de Aves, conforman “las piedras angulares de la política de biodiversidad de la Unión Europea”, como las califica la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Esa directiva es la que puso a salvo a las manadas sureñas de España ante el mal estado de la especie. Exigía que se les designaran zonas especiales de conservación y se indicaba que requerían “protección estricta”. Tres décadas después, el plan es que la norma europea les cambie su estatus y que la ley española les quite esa protección de manera inmediata.
Luis Suárez piensa que “es un retroceso más allá de 1992 porque, entonces, se quería recuperar esas manadas. Ahora estará todavía más desprotegido. Y con una agresividad nunca vista como muestran las tasas de extracción que ya han establecido en Cantabria y Asturias”. El Gobierno cántabro ha autorizado matar el 20% de su población de lobos y el asturiano hasta el 15% –cifra que algunos ganaderos asturianos consideran insuficiente– . En total suman casi 100 ejemplares destinados a morir.
La desprotección por ley de los lobos al norte del Duero ya realizada y el mecanismo para hacer lo mismo de manera automática con los del sur se introdujeron en la norma contra el desperdicio de alimentos a mediados de marzo pasado durante su trámite en el Senado –donde el Partido Popular tiene mayoría–. Al volver el proyecto al Congreso para su aprobación definitiva, esas enmiendas incorporadas a la norma propuesta por el Ministerio de Agricultura iban a añadir a los votos del PP el apoyo de Vox, PNV y Junts. Esa mayoría parlamentaria provocó que los añadidos referentes a lobo fueran aprobados.
“Ha sido un gol por toda la escuadra”, reflexiona Suárez. “El Gobierno siempre había pensado que el cambio de protección en la Unión Europea iba a frenarse en España porque los países pueden ser más proteccionistas que el nivel mínimo que establecen las normas europeas. Que aquí podría seguir protegiéndose estrictamente al lobo. Pero eso era antes de lo que sucedió en el Senado y en el Congreso”.
De momento, lo que han hecho las organizaciones ambientalistas es recurrir ante los tribunales las órdenes autonómicas para cazar lobos, pero ese proceso, inherentemente lento, hace que en caso de que los jueces les den la razón, decenas de ejemplares habrán ya perecido por los planes de gestión, como ocurrió con la anulación judicial en 2024 de los planes de caza de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2022.
