El magistrado Julián Sánchez Melgar abre diligencias contra el eurodiputado y le da cinco días para decir si comparece o si es necesario pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo
La “lucha contra la mafia” de Alvise se vuelve en su contra: acumula casi 100.000 euros en condenas por acosar e injuriar
El juez del Tribunal Supremo ha abierto diligencias contra Luis ‘Alvise’ Pérez por financiar su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario de las criptomonedas y ha dado una opción al eurodiputado: declarar voluntariamente, como ya hará próximamente en otra causa en el mismo tribunal. Si no acepta esa propuesta, el magistrado pondrá en marcha la maquinaria necesaria para que el Parlamento Europeo levante su inmunidad.
El líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ está imputado en tres causas distintas abiertas en el Tribunal Supremo. Una de ellas, por la que ya declarará voluntariamente en unas semanas, gira en torno a la difusón de un bulo y una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia. Una segunda causa indaga en si promovió el hostigamiento a una fiscal de València a través de su canal de Telegram, donde acumula casi 700.000 seguidores.
La tercera causa está relacionada con la financiación de su partido político. Tal y como reveló elDiario.es, el día anterior a lanzarse a la carretera en la campaña de las últimas elecciones europeas, Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas del empresario Álvaro Romillo, más conocido como ‘CryptoSpain’, a recoger 100.000 euros en efectivo. Un empresario al que había prometido legislar a su favor si alguna vez conseguía poder político en España o Bruselas.
En el caso de la falsa PCR de Salvador Illa, el agitador ultra ya ha comunicado al Supremo que acudirá a declarar voluntariamente a Madrid el próximo seis de junio. En el caso de la fiscal Susana Gisbert, el instructor ha pedido a la eurocámara que levante su inmunidad a la espera de saber si el líder de ‘SALF’ también fija una fecha voluntaria para comparecer como investigado.
El eurodiputado tiene ahora cinco días para explicar si también quiere comparecer de forma voluntaria en esta causa, ahorrando meses de trámites al Tribunal Supremo para pedir y obtener un suplicatorio de Bruselas. El magistrado deja la investigación en manos de la Policía Nacional y pregunta a las partes por las diligencias de investigación que consideran que se deben poner en marcha.
