En una carta al Parlamento Vasco, que debate este jueves a instancias de EH Bildu revisar la normativa sobre los controles de acceso a locales, los padres del joven golpeado por un portero de la Mitika demandan «justicia» y «garantías» de que no se repitan estos hechos
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La familia del joven de 31 años que falleció tras ser golpeado fuertemente en la entrada de la discoteca Mitika de Vitoria por un controlador de accesos con antecedentes penales ha enviado una dura carta al Parlamento Vasco, que este jueves debate una iniciativa de EH Bildu para revisar la normativa del personal de admisión de estos locales de ocio nocturno a la luz de lo ocurrido. En un tono muy contudente, sus progenitores aseguran estar “convencidos de que este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”. “Una mínima asunción de responsabilidad institucional por su asesinato es lo menos que merece nuestro hijo”, escriben.
Los hechos, que se investigan como “asesinato con alevosía u homicidio doloso” se produjeron en febrero, en una noche de sábado a domingo, en el local ubicado en el centro comercial Dendaraba. El detenido fue enviado a prisión provisional por el juzgado de Vitoria que instruye la causa. En marzo, después del crimen, este mismo portero fue juzgado y luego absuelto por otra denuncia de agresión física cuando trabajaba para otro local, el Glass. Son hechos de 2023. La última novedad es que, según ha informado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, se le ha revocado al imputado la habilitación administrativa para trabajar en los controles de accesos.
En la carta, remitida a los grupos políticos del Parlamento -varios de ellos han confirmado su recepción a este periódico- con ocasión del debate previsto para este jueves, la familia se dice “profundamente” afectada por lo sucedido. “Nuestro hijo fue asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo responsabilidad municipal. Queremos expresar nuestro firme deseo de que tragedias como la que ha marcado nuestras vidas no se repitan y de que se adopten medidas institucionales para identificar y corregir los errores que hemos detectado”, indican .
Añaden que “la muerte de Kerman no fue un accidente” porque “entre quienes tenían contacto directo con la vida nocturna de Gasteiz era bien sabido que en la discoteca Mitika los problemas no los generaban los clientes, sino sus controladores de acceso, quienes mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada”. Agregan que es algo que “se repite en más locales” de la capital vasca, algo que no es “razonable aceptar”.
Explican que al menos la Policía de Vitoria era “consciente del riesgo” y desde 2024 porque “una instructura advirtió por escrito a sus superiores -hasta tres escalas jerárquicas por encima- del peligro que suponía el agresor” y de la “ilegalidad” del lugar donde hacía los controles, un punto ciego para las cámaras y con “iluminación deficiente”. “Esa ubicación era escogida deliberadamente para ejercer violencia con mayor impunidad”, abundan. Esa agente “solicitó ayuda” pero “sus advertencias no fueron atendidas”. Señalan que el Ayuntamiento les ha ofrecido explicaciones “contradictorias” y que, en cualquier caso, no hizo lo que debía, lo que les lleva a concluir que “este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”.
“El Ayuntamiento [una coalición de PSE-EE y PNV] no puede escudarse en tecnicismos para eludir su responsabilidad” porque “la normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención”, sostiene la familia. “Nuestro hijo merece justicia y la ciudadanía garantías firmes de no repetición”, sostienen. En el caso del Gobierno vasco, desean que el Parlamento legisle e impulse “las reformas necesarias” para lograr “herramientas eficaces” para combatir estos “riesgos conocidos” en el ocio nocturno. “Si la interpretación de las leyes genera dudas, creemos que ha llegado el momento de clarificarlas y reforzarlas”, solicitan.
En el orden del día del pleno semanal de este jueves hay una moción de EH Bildu sobre el asunto. En ella, se plantea “responder adecuadamente” a esos casos de violencia, “aclarar” el reparto de funciones entre los diferentes niveles institucionales y mejorar los sistemas de obtención de licencias para ser portero con “pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas”, según expone Gorka Ortiz de Guinea, portavoz de la coalición en la comisión de Seguridad. PNV y PSE-EE, los partidos de Gobierno y con mayoría, han registrado una enmienda en la que abogan por que se “continúe” con la labor actual y se “refuerce” la coordinación entre Ertzaintza y cuerpos locales en la “prevención de actos delicitvos en el ocio nocturno”.
Actualmente y desde finales de febrero, la discoteca Mitika está cerrada. “Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido”, dijeron entonces. Enviaron sus “más sinceras” condolencias a la familia. La Cadena Ser ha contado que la previsión es que reabra en septiembre y que, de momento, sigue operando alquilando la sala para eventos privados. El caso destapó que en 23 controles llevados a cabo en Vitoria en locales de ocio nocturno en 11 había problemas con los controles de acceso, lo que se concretaba en 16 trabajadores sin habilitación.
