La mujer, que ha negado cualquier relación sentimental con el exministro, asegura que hizo dos entrevistas antes de ser contratada en una filial de Renfe y dice que durante semanas la tuvieron sin darle trabajo y sin facilitarle un ordenador
La Audiencia Nacional imputa a la expresidenta de Adif por la contratación de una expareja de Ábalos
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sigue la pista de las presuntas prebendas de las que se podría haber beneficiado José Luis Ábalos a cambio de favorecer adjudicaciones públicas a determinadas empresas. Este miércoles, el magistrado ha interrogado a Claudia M., otra testigo de la que existen sospechas de que pudo ser enchufada en una empresa pública. Ante el juez, la mujer ha reconocido que consiguió un sueldo público gracias a las gestiones del que fuera ministro de Transportes, pero ha negado cualquier relación sentimental o sexual con él, informan fuentes jurídicas a elDiario.es.
En uno de sus últimos atestados, la UCO afirma que esta mujer fue contratada por la empresa pública Logirail SME, cuyo único accionista es Renfe, dependiente de Transportes, gracias a la “influencia” del entonces ministro y de quien era su mano derecha, Koldo García. Durante algo más de media hora, Claudia M. ha explicado que conoció a Ábalos en un acto en Gijón y que después le escribió a través de la red social Instagram. Ha admitido que acabó pidiéndole ayuda para conseguir trabajo y que fue el asesor principal del exministro, Koldo García, quien se lo acabó facilitando.
Claudia M. ha afirmado que hizo dos entrevistas —una presencial y otra telemática— y que todo fue legal. No obstante, sí ha admitido que ella se limitó a enviarle una fotogría a Koldo García y que fue la mujer de este la que se encargó de hacer su currículo, presuntamente con datos falseados. Estuvo a sueldo de Logirail durante algo más de dos años, entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, donde cobraba alrededor de 1.300 euros.
Mensajes que constan en el sumario revelan que Ábalos pidió a su asesor que mediara para conseguir un contrato para ella a finales de 2019. “¿A la de Gijón [en referencia a Claudia M., que es asturiana] no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?”, preguntó Ábalos a su asesor. “Lo arreglo”, respondió él. La mujer fue contratada e incluso los mensajes analizados muestra cómo los dos investigados intervinieron para que no se rescindiera su contrato cuando ella les comentó que la querían despedir.
Sobre esta última cuestión, Claudia M. ha explicado que cuatro meses después de empezar en ese trabajo empezó a sufrir “acoso” y que durante algún tiempo la tuvieron en una oficina vacía, sin darle trabajo ni facilitarle un ordenador. Ha dicho que ella trasladó esta situación a Koldo García y que fue éste quien le dijo que no fuera a trabajar hasta que le pusieran un ordenador, lo que derivó en la apertura de un expediente.
Los mensajes intervenidos constatan que ella informó a Koldo García de que le habían abierto un expediente y que el fin del mismo era su despido. La UCO vincula una reunión del exasesor de Ábalos con el expresidente de Renfe con el que de que se “solucionara” su situación laboral. “No tengo palabras de agradecimiento (…). Me van a volver a llamar por la tarde para solucionar mi puesto de trabajo”, le escribió Claudia M. a Koldo García. En otro momento de la declaración, la mujer también ha confirmado que Ábalos le prestó en un momento dado 1.300 euros y que ella se los devolvió a través de Koldo García cuando cobró una paga extra.
La contratación de Claudia M. salió a la luz después de que se destapara que una expareja del entonces ministro, Jessica R., había estado contratada en dos empresas públicas en las que cobró una nómina durante dos años y medio sin realizar “actividad laboral alguna”. Esta última contratación ha puesto el foco sobre la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, que está citada para comparecer como investigada el próximo 29 de mayo.
Según el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno “habría tenido una decisiva participación” en la contratación “aparentemente irregular” de Jessica Rodríguez en Ineco “a instancia” de Ábalos y de Koldo García. Cuando remitió a la Audiencia Nacional las actuaciones relacionadas con estos hechos, el juez Puente ya apuntó la existencia de “indicios bastantes” de que Pardo de Vera participó en la “posiblemente irregular y caprichosa” contratación. Según el Supremo, la mujer fue “escogida libérrimamente” por Ábalos “con la relevante participación” de Koldo García. Además, un socio de Aldama pagó a Jessica R. durante 32 meses el alquiler del apartamento de lujo en el que se residía en el centro de Madrid y que costaba 2.700 euros mensuales.
Una reunión “protocolaria”
El juez Puente también ha citado como testigo este miércoles al exdirector de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. Las acusaciones habían pedido que declarase para explicar si se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con la finalidad de abordar la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Las acusaciones consideran que la compra de una casa en la provincia de Cádiz, que después fue arrendada a Ábalos, podría aparecer vinculada a la obtención de la citada licencia para Villafuel.
Ante el juez, ha reconocido que se reunió con ambos y que esa cita se produjo a instancias de Koldo García. No obstante, ha enmarcado esa reunión en las muchas que tenía cuando ostentaba ese cargo a petición de diferentes asesores y ha insistido en que se trataba de encuentros protocolarios. Ha dicho, además, que la concesión de ese tipo de licencias no entraba en el ámbito de sus competencias.
