El Ejecutivo andaluz interpone un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Vivienda por el registro obligatorio que será efectivo desde el 1 de julio al entender que invade sus competencias
El Gobierno andaluz admite por primera vez que la avalancha de pisos turísticos dificulta el acceso a la vivienda residencial
La Junta de Andalucía no quiere que el Gobierno central controle la información del registro de pisos turísticos, que será obligatorio desde el próximo 1 de julio, ya que considera que esta competencia es suya en exclusiva, como también la potestad para exigir la eliminación de los anuncios de estas viviendas que no se ajusten a la legislación. Por ello, y a las puertas de que sea efectiva esta herramienta junto con la ventanilla única digital, el Ejecutivo andaluz ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la norma estatal que regula el registro único de arrendamientos.
El paso lo autorizaba el Consejo de Gobierno andaluz del pasado martes, en lo que supone una nueva vía de choque con el Gobierno central. De hecho, el real decreto contra el que se va a litigar en los tribunales es en parte un desarrollo de la Ley de Vivienda estatal, contra la que el equipo de Juan Manuel Moreno interpuso en su momento un recurso ante el Constitucional. El alto tribunal le dio la razón en la cuestión de los pisos protegidos.
En realidad, el registro único (de alquileres turísticos, de temporada, de habitaciones o cualquier otro tipo de alojamiento que permita el alquiler de corta duración) entró en vigor el pasado 2 de enero, pero su aplicación efectiva será a partir del 1 de julio. A partir de entonces –y en aplicación de una norma europea–, los arrendadores deberán obtener un número de registro para poder ofrecer un alquiler de corta duración en las plataformas digitales, habilitándose también una ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida e intercambio de estos datos.
Exclusividad autonómica de los datos
Ahora, además de considerar que esta norma invade sus competencias, la Junta considera que son las comunidades autónomas las que deben ser las destinatarias de toda la información facilitada por los interesados. Para ello, reclama la exclusividad autonómica sobre los datos de la ventanilla única digital, sin necesidad de que haya que firmar convenios adicionales con los registros de la propiedad.
En esta línea, exige también que los territorios sean los únicos competentes para ordenar la eliminación o inhabilitación de anuncios de establecimientos no autorizados. Esto choca frontalmente con medidas como las que está llevando a cabo el Gobierno central, que esta misma semana ha ordenado a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. El mismo Ministerio de Consumo entregó a la Junta hace un par de meses un listado con 85.000 anuncios de este tipo con “indicios de prácticas fraudulentas”.
De paso, también se insta a que primen los registros autonómicos de alojamientos turísticos, eliminando cualquier duplicidad, es decir, cualquier iniciativa estatal. Asimismo, se pide delimitar este procedimiento para excluir cualquier supuesto de supervisión o control sobre las competencias andaluzas en materia de turismo y vivienda.
Reunión de todas las comunidades autónomas
En cuanto al régimen sancionador, considera que tiene que desarrollarse una norma con rango de ley para ello, en aplicación del reglamento europeo que obliga a esta recogida de datos de los alojamientos en alquiler de corta duración. Por lo que respecta a la ventanilla única digital, el recurso de la Junta pide que tengan acceso a sus datos los institutos de estadística autonómicos, a lo que se une la petición de que se informe sobre su régimen de funcionamiento y sobre la situación actual de los procesos de adhesión.
Por último, desde el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno se reclama al Gobierno central que convoque urgentemente a todas las comunidades autónomas para informar sobre el grupo de trabajo para la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda. Este órgano se recoge en la ley estatal de vivienda, que justo ahora cumple dos años.
Con todas estas medidas, la Junta aspira a mantener el control sobre los pisos turísticos, una modalidad que ha defendido cuando más arreciaban las críticas desde los municipios más afectados por este fenómeno. Finalmente, en febrero del año pasado entró en vigor un decreto regulador que se activó cuando ya había 116.000 de estos alojamientos, cifra que en la actualidad se ha elevado hasta 147.500 en toda Andalucía. Sólo un año después, reforzaba esta norma con un nuevo decreto que daba más herramientas a los ayuntamientos y con el que admitía por primera vez que la avalancha de pisos turísticos dificulta el acceso a la vivienda residencial.
