El Ayuntamiento debía asumir esta compensación con el letrado externo ante una demora mínima en el pago. Además, el puesto de la secretaria-interventora ha sido el único que Administración Local del Gobierno Aragón ha tenido que designar «de oficio», algo que hizo ante la desidia el primer edil
Investigados el alcalde y la secretaria de Fuendetodos por el desvío de 496.000 € municipales a un abogado solo en 2024
Los dos contratos suscritos entre el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña (Cs), y el abogado externo fijaba una compensación del 10% por el mero hecho de que el Ayuntamiento tardara más de diez días en pagar una factura. La labor del letrado, según figura en el segundo de los documentos -de 2023-, era reclamar a las empresas instaladas en el municipio los impuestos y las tasas que figuran en las ordenanzas municipales. Solo el año pasado, percibió casi medio millón de euros del Consistorio zaragozano.
El Juzgado de lo Penal nº2 de Zaragoza investiga ahora al alcalde y a la secretaria-interventora por los cuantiosos pagos al letrado externo. Ambos han declarado ya ante la Policía Judicial de la Guardia Civil.
La relación laboral entre el Ayuntamiento de Fuendetodos y el abogado Felipe Pirón arrancó en mayo de 2017, según consta en un documento municipal suscrito por ambos. Se fijó una cuantía de 400 euros al mes por la “defensa de los intereses” del Consistorio, aunque ya entonces se indicó que esto se minutaría “de forma independiente”. Y se incluyó una coletilla: en caso de no abonar la corporación la factura en el plazo de diez días, el abogado tendría “derecho a un incremento de un diez por ciento sobre la minuta emitida”.
En octubre de 2023 esta relación laboral se renovó, pero la labor de Pirón había cambiado. Entonces, su función sería casi la de ejercer de cobrador del frac, pero con los impuestos y tasas municipales. En concreto, según refleja el contrato, su tarea era ejercer reclamaciones económicas “a las empresas que dentro del término municipal solicitan la instalación de parques eólicos, tendidos eléctricos y construcción de la SET; la reclamación de las cantidades en aplicación de las ordenanzas municipales existentes y la creación de la ordenanza fiscal por utilización del dominio público local”.
De nuevo, en caso de demora de diez días, el recargo que debía asumir el Ayuntamiento era del 10%. Consultado por este periódico, el primer edil asegura que nunca se llegó a tener que pagar esa compensación.
La relación laboral plasmada en las hojas de encargo de mayo de 2017 y octubre de 2023 no se suspendió formalmente hasta el pasado 11 de septiembre, tal y como consta en una comunicación del alcalde a la secretaria-interventora. En ese escrito, el primer edil también insta al “inicio inmediato de auditoría de los trabajos, facturas y gestión realizadas” por el letrado.
La única plaza cubierta “de oficio”
Meses antes, el Gobierno de Aragón había tenido que cubrir “de oficio” la plaza de la Secretaría-Intervención de Fuendetodos debido a que el alcalde no daba un paso para elegir funcionario público. Fuentes de Administración Local del Ejecutivo autonómico han confirmado que, de los más de 400 nombramientos de secretarios designados en esta legislatura, el del Ayuntamiento fuendetodino es el único para el que tuvieron que dar este paso, algo que hicieron en abril del año pasado.
De hecho, dos días después de la apertura de diligencias judiciales, el 19 de septiembre, la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, envió un escrito a la Fiscalía Provincial en el que detallaba las “actuaciones” que habían llevado a cabo sobre este caso. En el documento, Sevilla informaba de las dificultades que habían encontrado para que el Ayuntamiento designara un secretario-interventor, lo que de hecho motivó que el Ayuntamiento de Villar de los Navarros, con el que compartían una agrupación secretarial, optara por separarse.
En este contexto, fue la propia Dirección General de Administración Local la que “impulsó, de forma extraordinaria, su cobertura de oficio”, ya que “ningún candidato parecía idóneo al Ayuntamiento”. La elegida fue M. I..
Sobre la ahora investigada, Sevilla trasladaba en el mismo escrito que fue la propia funcionaria pública quien llamó a la Dirección General dando cuenta de los “problemas” que tenía “para acceder al control de la contabilidad, que estaba ejercida por el abogado Felipe Pirón”. Ante esta situación, Administración Local le indicó “expresamente” que informara de los pagos al letrado “de forma inmediata”.
A los dos días, la secretaria-interventora hizo llegar el informe. En él constataba que no había facturas en el registro, sino que los pagos estaban “domiciliados”, y que no había ni procedimiento de contratación y ni consignación presupuestaria suficiente. Al conocer la enorme cantidad que el Ayuntamiento había pagado al abogado en 2024, Administración Local fue clara en un mensaje por correo electrónico: “El tema tiene la suficiente entidad como para seguir coordinadas con otros órganos con capacidad investigadora de más alcance que la que nosotros y tú misma tienes”. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya estaba entonces encima del caso.
