Los populares desempolvan la idea de extraer mineral radioactivo en España de un yacimiento cuya empresa concesionaria acumula nulidades judiciales contra su proyecto, además de un informe técnico negativo del Consejo de Seguridad Nuclear
La confusión sobre las causas del apagón recrudece la batalla ideológica entre renovables y nuclear
La campaña pronuclear del Partido Popular –exacerbada tras el apagón del 28 de abril– ha llevado a los populares a reclamar en España y Europa una mina de uranio en Salamanca que no tiene permiso por las deficiencias del proyecto en cuanto a seguridad y riesgos ambientales. Un plan que acumula sentencias y nulidades judiciales de las licencias sobre las que se desarrolló y que, para rematar, fue dirigido por un ejecutivo que resultó sancionado por utilizar información privilegiada relacionada con la mina para ganar dinero en la Bolsa.
Tanto el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en España como la eurodiputada Susana Solís en Bruselas han desempolvado este mayo de 2025 la idea de extraer uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional emitió un informe desfavorable sobre la explotación planeada por la empresa Berkeley Minera tras recibir un dictamen técnico negativo. Con ese informe, el Ministerio de Transición Ecológica denegó la autorización a Berkeley el 1 de diciembre de 2021.
Entre las conclusiones del Consejo de Seguridad Nuclear destaca que la minera no analizaba el impacto que una balsa de 135.000 m3 de “agua previsiblemente contaminada” podría tener en los acuíferos y ríos tanto a nivel físico, químico como radiológico. Y no solo en el sitio donde se planeó la balsa, “sino en toda la vaguada aguas abajo hasta el río Yeltes”.
Tampoco se aquilató, dictaminaron los técnicos, “el riesgo de subsidencia [es decir de hundimiento] de los residuos depositados en el almacenamiento”. Un peligro que, en caso de suceder, podría “afectar a la integridad de las dos barreras de aislamiento del proyecto presentado, lo que impediría cumplir su función de evitar la infiltración y la emanación de radón”. El radón es un gas radioactivo cuya inhalación puede aumentar la probabilidad de cáncer de pulmón.
A modo de resumen, el informe concluía sobre el proyecto que “el modelo hidrogeológico de flujo y transporte presentado por Berkeley Minera España no resulta aceptable, por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres no acotadas”.
Sin embargo, cuatro años después de aquel examen y preguntado sobre la petición de las compañías eléctricas para que les rebajen los impuestos de la energía atómica, Borja Sémper ha afirmado que “el Gobierno ahoga la energía nuclear imposibilitando la extracción de uranio. En España existen 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca”.
Solo unos días después, la diputada europea Susana Solís –una voz pronuclear constante en Bruselas– le decía a la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera que era “un sinsentido” “prohibir por ley la extracción de uranio en España, pues la demanda está creciendo y queremos dejar de depender de Rusia”.
La minera reclama 1.000 millones
El proyecto Berkeley que ahora reivindican los dirigentes del Partido Popular no solo fue rechazado por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que acumula sentencias y nulidades judiciales sobre los permisos urbanísticos sobre los que fue completando fases de preparación.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2023 las licencias de uso de suelo y urbanística de la mina que le otorgó en su momento el Ayuntamiento de Retortillo gracias al recurso de la organización Stop Uranio.
Solo un par de meses después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la empresa contra la anulación judicial de 2022 de otra de las autorizaciones que había conseguido la minera: la de vertidos de aguas otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016 – basándose en una declaración de impacto ambiental aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León–.
Berkeley afirma en su Informe Anual 2024 que ha “retirado los recursos judiciales para preservar los derechos del grupo en un arbitrio internacional”. Porque la minera, por su parte, reclama al Gobierno de España unos 1.000 millones de euros por no haber recibido la autorización para construir sus instalaciones y comenzar así a explotar el yacimiento. Precisamente, el pasado 8 de mayo comenzó el proceso de arbitraje que se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Se trata de un proceso que suele dilatarse años.
Con todo, la licencia de explotación que Berkeley tiene sobre el yacimiento está vigente hasta 2044 (30 años desde 2014) y, recuerda la empresa, “es renovable por dos periodos de treinta años”.
De la multa al wolframio “crítico”
Cuando el pasado 25 de marzo se conocieron los siete proyectos mineros que la Unión Europea impulsará en España en busca de materiales críticos, pudo comprobarse que la explotación de wolframio El Moto, en Ciudad Real, estaba entre las elegidas. La mina está en manos de Abenojar Tungsten S.L. Solo un par de semanas antes, la sociedad había incorporado como consejero a Francisco Bellón del Rosal.
Bellón del Rosal llegó un año después de haber dimitido como director de Berkeley Minera España después de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores lo hubiera sancionado por una infracción muy grave. El ejecutivo compró acciones de la empresa antes de dar a conocer públicamente la obtención de una autorización. Después, una vez se informó de ese hecho, las acciones de la empresa subieron y Bellón vendió ese paquete para embolsarse 40.000 euros.
El directivo dejó su puesto al frente del proyecto, pero la minera le mantuvo en un puesto ejecutivo como director de Operaciones. Ahora está en el consejo de la mina de wolframio en Ciudad Real.
