El representante del Ministerio Público recuerda que a Salomé Pradas le correspondía «determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población»
La jueza frena a Vox, descarta investigar al Gobierno y reitera la “incapacidad” de Pradas para actuar ante la DANA
El fiscal de la causa de la DANA, Cristóbal Melgarejo, apuesta por frenar a Vox, que ejerce una de las acusaciones populares y pedía que se investigara la actuación el pasado 29 de octubre del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La letrada del partido de extrema derecha, Marta Castro, recurrió el auto de la magistrada del pasado 16 de abril que desestimó la solicitud por parte de la asociación Liberum, de diligencias en ese sentido.
El escrito del representante del Ministerio Público pide la desestimación del recurso del partido de Santiago Abascal y enumera extensamente la normativa reguladora de la competencia “para adoptar las medidas que hubieran podido evitar o atenuar los fallecimientos o lesiones de personas como consecuencia de las inundaciones” de la DANA del 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales.
La normativa, explica el escrito, resulta “determinante” para la posible relación de causalidad entre las decisiones ante la emergencia y el mortífero resultado, “objeto de investigación en el presente procedimiento”.
El fiscal alude a la ley autonómica que asigna al Consell la condición de “órgano superior de dirección y coordinación de protección civil” y adjudica el ejercicio del “mando único” al titular de la conselleria competente en materia de emergencias (Salomé Pradas el pasado 29 de octubre).
Además, el representante del Ministerio Público recuerda que, tal como indica el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (aprobado en 2010 por decreto del Consell de Francisco Camps), a Pradas le correspondía constituir el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y “determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población”.
La exconsellera, investigada en la causa junto con su secretario autonómico, Emilio Argüeso, también tenía el papel de “determinar” la información que debía “facilitarse” a la población y a los medios de comunicación “en relación con la situación de emergencia”.
La Fiscalía se alinea así, de nuevo, con la principal tesis de la jueza instructora sobre la responsabilidad de la Generalitat y descarta que se investigue al Gobierno, que no ostentaba el mando único al no haberse declarado la emergencia de interés nacional.
Los planteamientos del fiscal Cristóbal Melgajero y de la jueza Nuria Ruiz Tobarra chocan con las aspiraciones de acusaciones populares personadas en la causa, como las que ejerce Vox, o particulares en el caso de la asociación Liberum y del ‘youtuber’ conspiracionista Rubén Gisbert, entre otros.
La instructora ya desmintió, varias veces, los reiterados “bulos” sobre el supuesto papel de la presa de Forata en el desbordamiento del barranco del Poyo, uno de los primeros frentes contra el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con su presidente, Miguel Polo, como objetivo prioritario, en la línea del argumentario del president Carlos Mazón.
Sin embargo, tanto Vox como Liberum, una entidad que duda abiertamente del balance oficial de fallecimientos, han intentado (sin éxito) abrir un nuevo frente en la causa para tratar de involucrar al Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de extrema derecha y la asociación nacida al calor de la pandemia de la Covid-19 pretendían que se investigara al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno.
La jueza rechaza la “normativa alternativa”
La jueza tumbó primero la petición al respecto de Liberum. Y, a continuación, Vox recurrió el auto que desestimaba las diligencias solicitadas por esa acusación, asegurando que no resultaría “desproporcionada” la “idea” de Liberum.
Sin embargo, la representación jurídica de Vox se ha topado con otro auto de la jueza que, de nuevo, excluye esa posibilidad. La magistrada considera que petición de pruebas sobre el Consejo de Seguridad Nacional carece de sentido en el procedimiento que instruye.
La resolución, dictada este jueves, reitera la “incapacidad” en la toma de decisiones de los dos investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, a pesar de las alegaciones de ambos imputados relativas a su falta de experiencia, de conocimiento de la situación y de la delegación de la responsabilidad en los técnicos, “entre otros elementos exculpatorios”.
Esa incapacidad de los imputados a la hora de tomar decisiones ante la catástrofe, concluye la jueza de Catarroja, “no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la realmente aplicable”, tal como pretendían Liberum y Vox.
