Está acusado de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación y adjudicación de una plaza de empleo público en la institución pacense
La jueza procesa al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha abierto juicio oral contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación de una plaza de empleo público de coordinador de los conservatorios pacenses y su posterior adjudicación a Sánchez.
La jueza instructora Beatriz Biedma ha dictado un auto este jueves en el que afirma que “no procede” el sobreseimiento de la causa, con lo que decide que la causa continúe. No obstante, aún debe resolverse los recursos de apelación de la defensa de David Sánchez y de la Fiscalía de Badajoz. El Ministerio Público pidió el archivo del procedimiento al considerar que no existen “auténticos indicios racionales de criminalidad” , sino solo “conjeturas e hipótesis”. Pero Biedma aclara en su escrito que ese recurso que tiene que resolver la Audiencia Provincial no tiene efectos suspensivos.
También aclara que, según una doctrina del Tribunal Supremo, la acusación particular “está legitimada para pedir en solitario” la apertura de juicio oral, aunque la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento del procedimiento.
La decisión de la jueza se produce en pleno proceso para que el presidente de la Diputación de Badajoz se convierta en diputado autonómico y, con ello, en aforado. Su entrada en la Asamblea de Extremadura estaba prevista oficialmente para el próximo jueves, 29 de mayo, después de que una diputada socialista presentara su renuncia, al igual que los cuatro suplentes que estaba delante de Miguel Ángel Gallardo en la lista del PSOE para las elecciones extremeñas de 2023.
No obstante, fuentes socialistas aseguran que la junta electoral emitió el miércoles la credencial a Gallardo y se registró en la Asamblea el mismo día con su petición de ingreso, aunque la toma de posesión del acta se llevará a cabo el día 29.
La jueza informa en su último auto que la causa se llevará en el juzgado de lo Penal de Badajoz. Pero si con el registro de la credencial y su petición de ingreso en la Cámara autonómica fueran suficientes para ser diputado y estar aforado, la causa se elevaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Entre los acusados se encuentra, además de David Sánchez y el líder regional del PSOE, otras nueve personas que estuvieron o están vinculadas con la Diputación de Badajoz, entre ellos un exasesor de Moncloa y amigo personal del hermano del presidente del Gobierno, Luis Carrero. En el auto de procesamiento de hace casi un mes, la instructora consideraba que había “indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada”.
Las acusaciones populares, encabezadas por el pseudosindicato Manos Limpias, solicitan para el músico tres años de cárcel, inhabilitación y la devolución de todos los salarios que haya obtenido desde su contratación en la Diputación de Badajoz por los delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.
Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP también piden tres años de prisión para el secretario regional del PSOE: un año y medio por la contratación de David Sánchez y otro año y medio por la de Luis Carrero. Además, solicitan la inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 15 años.
Por su parte, la Fiscalía presentó un recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial en el que solicitaba el archivo de la causa. En ese escrito, el Ministerio Público dice que solo hay “conjeturas e hipótesis” y no “auténticos indicios racionales de criminalidad” para procesar a los acusados.
Según la Fiscalía, los supuestos que se consideraron suficientes para iniciar el procedimiento, “no cuentan —ni siquiera con la provisionalidad propia de esta fase procesal— con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios fuera creado ad hominem, esto es, a la carta, con el objetivo de beneficiar a David Sánchez Pérez-Castejón”. En este sentido, descarta que la creación de esa plaza “obedeciera a motivaciones espurias”, que fue una “decisión legítima” de la Diputación pacense “justificada desde la perspectiva del interés público” Además, que hubo testigos que declararon que “resultaba de todo punto razonable”.
La defensa de David Sánchez también pidió el sobreseimiento de la causa al considerar que el proceso ha tenido “carácter político, instrumental y teleológico”. Su letrado considera que no existen indicios criminales contra su representado y señala que en el proceso “se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares”, ejercida por Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP.
