El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo saca a consulta pública junto a Sanidad el real decreto para regular los menús que se ofrecen en centros sanitarios y residencias de mayores; la patronal de estas últimas se opone a la norma, pese a que todavía no se conocen detalles de su contenido
Tras los colegios, los hospitales y las residencias: Consumo y Sanidad regularán también los menús en estos centros
El Gobierno da el pistoletazo de salida a la norma que obligará a los hospitales y las residencias de mayores de España a ofrecer una comida saludable y nutritiva. El real decreto, liderado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, acaba de salir a consulta pública sin ningún detalle sobre las medidas concretas que incorporará. “No hay un texto todavía, es una fase previa para recibir todas las orientaciones. Lo que tenemos son una serie de objetivos y diagnóstico. Los estándares por los que nos vamos a guiar son que establece la Organización Mundial de la Salud”, ha dicho el ministro Pablo Bustinduy en un acto conjunto con la responsable de Sanidad, Mónica García, cuyo departamento coliderará la regulación.
El real decreto pretende, según el proyecto publicado en la consulta pública, “fomentar una alimentación saludable y sostenible en la contratación de las Administraciones Públicas” y para ello “se establecerán criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en servicios de alimentación dependientes de organismos públicos”.
A falta de más detalles –ni siquiera hay una fecha aproximada de cuándo podría aprobarse el decreto–, ambos ministerios han hecho un diagnóstico de la situación para explicar por qué poner normas a nivel nacional a los menús “en lugares donde las personas no tienen autonomía para decidir” es un “clamor social”. “La alimentación ha sido muchas veces olvidada y, aunque hay hospitales donde se come bien, no está garantizado en todos los lugares. Necesitamos que estén a la altura de nuestro sistema nacional de salud”, ha apuntado García. Con esta regulación, ha continuado, “se acaban los desayunos insanos en pacientes oncológicos o los que se pasan días sin ver una verdura”.
Uno de cada cuatro hospitalizados están desnutridos o en riesgo de desnutrición, según los datos ofrecidos por los ministerios, una situación que dilata los días de hospitalización con diferencias de hasta una semana cuando el problema se desarrolla en los propios hospitales. En el caso de las residencias, el 28,4% de las personas institucionalizadas tienen riesgo de desnutrición, aunque la cifra puede ser mayor porque hay infradiagnóstico.
Afecta a la recuperación
“Tiene implicaciones a la hora de recuperarnos. No solo se retrasa dar de alta sino la cicatrización o el bienestar. No nos lo podemos permitir desde el punto de sanitario ni social y además es ineficaz económicamente”, según la ministra de Sanidad. De media un paciente que ingresa desnutrido requiere de una atención que cuesta a los hospitales 1.505 euros más que si la persona está bien alimentada y “el gasto puede llegar a duplicarse cuando esta situación se produce en el hospital”, ha señalado la nutricionista Beatriz Robles, que también ha participado en el evento.
Contra esta regulación ya se ha posicionado la patronal de residencias. La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha mostrado la “más enérgica oposición” a la intención de regular la calidad de las comidas en las residencias de mayores “sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector”, según recoge Efe. “Se inicia un procedimiento abierto y será un absoluto placer recibir todas las sugerencias, reunirme todas las veces que haga falta, visitar las residencias y comer en ellas”, ha respondido Bustinduy.
Sobre cómo puede impactar en el coste de los menús, Consumo asegura que “sustituir los ultraprocesados por fruta y legumbres no aumenta el coste sino que lo reduce”. “Puede parecer contraintuitivo pero redunda en los precios”, ha subrayado el ministro refiriéndose al caso de los comedores escolares, una norma que ya se ha aprobado y que pretende replicarse en hospitales y residencias de mayores. “En realidad es una medida de ahorro porque ahonda en la prevención”, ha zanjado Garcia.
