El Gobierno madrileño enmarca la investigación dentro de «los intentos de la izquierda de enfangar», mientras que PSOE y Más Madrid ven «un rayo de esperanza» para las familias de las 7.291 víctimas
Un juez imputa por primera vez a altos cargos de Ayuso por los protocolos de las residencias en la pandemia
Esta mañana, por primera vez un juez ha llamado a declarar como imputados a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de no derivación de residencias durante la pandemia. El próximo lunes tendrán que comparecer ante el juzgado Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del covid, y su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por la demanda de decenas de fallecidos en residencias en la Comunidad de Madrid.
El juzgado número tres de Madrid ha decidido reabrir esta causa después de una petición de la Fiscalía impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos, que coordinan las entidades ‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’ y se presentó en octubre del año pasado. Se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, el artículo 511 del Código Penal que impone condenas de hasta dos años de cárcel en los casos más graves.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (ahora y durante la pandemia), ya se ha pronunciado al respecto, quitando hierro a la imputación y achacándola a un “cambio de criterio” por parte de la Fiscalía. “Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo”, ha trasladado la dirigente madrileña a los medios de comunicación tras visitar las obras de un nuevo centro de salud en Pozuelo de Alarcón.
Desde su propio Gobierno han sido más explícitos en sus reacciones. El consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín, ha hablado de “los intentos de la izquierda de enfangar” y ha dicho que “todas las cuestiones que han sido llevadas a los tribunales” han sido archivadas. “Todos y cada uno de los intentos de la izquierda y de la ultraizquierda de enfangar el terreno de juego han acabado en nada”, ha afirmado el consejero portavoz.
“He visto las decenas de denuncias que se han interpuesto en ese sentido y todas han acabado de la misma manera, por lo tanto entiendo que en este caso también va a ser así”, ha coincidido la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en respuestas a los medios sobre la investigación a estos dos altos cargos regionales.
“Se negó asistencia a 7.291 personas; es hora de rendir cuentas”
Desde la oposición a Díaz Ayuso, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha destacado la “persistencia” y “dignidad” de los familiares de los fallecidos en pandemia en las residencias de la región. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Bergerot ha destacado que “hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia”. “Fueron 7.291 y solo pasó en Madrid. Solo en Madrid hubo unos protocolos hechos por políticos para decidir quién tenía una oportunidad de salvarse y quién no, en función de si tenían un seguro privado o no. Solo en Madrid”, ha subrayado.
Por su parte, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciado en la red social X recalcando que “se abandonó a su suerte a 7.291 personas” y “se les negó asistencia médica”. Asimismo, ha criticado que “se ha despreciado y criminalizado durante años a quienes pedían justicia”. “Ya es hora de que alguien rinda cuentas”, ha reclamado.
El secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, considera que “después de muchos años de lucha se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que murieron en las residencias durante el covid” en Madrid. Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras conocerse la imputación de los dos antiguos altos cargos del Gobierno de Ayuso.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, espera que la Justicia “alcance” en su labor al “protocolo de la vergüenza” en la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia de covid
También la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido que “la justicia haga su curso” y ha expresado “todo” su “apoyo y solidaridad” con las familias de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de Madrid entre marzo y abril de 2020.
Asimismo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que “las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid y sus familiares merecen la verdad, la reparación, que se haga justicia y que se asuman responsabilidades por lo que sucedió” durante la pandemia. Bustinduy ha considerado positivo “cualquier paso que se dé” para reparar la “deuda que tenemos con la memoria de las personas que fallecieron en aquellas condiciones en las residencias” madrileñas.