Las resoluciones judiciales acorralan al letrado mayor del parlamento autonómico, al que la Justicia reprocha que modificara la normativa para «para impedir su desenvolvimiento profesional» de una trabajadora pública y colocar a otro funcionario
La Justicia ordena a la Mesa de las Cortes de Castilla y León que devuelva su puesto a la funcionaria que denunció acoso
Las investigaciones judiciales asolan a las Cortes de Castilla y León tres años después de que la Mesa del parlamento nombrara un nuevo letrado mayor que acumula ya cuatro sentencias en contra de sus decisiones de personal porque la Justicia las considera arbitrarias. También está siendo investigado por otras convocatorias de plazas en lo Contencioso y como el presunto autor de un delito de acoso laboral y otro de prevaricación en lo Penal. El PSOE, Podemos y Francisco Igea pidieron hace meses su cese y Vox pide al letrado mayor que “recapacite”. También se ha sumado el PP, según fuentes parlamentarias, a pesar de que en público se han negado a pedir “ni su continuidad ni su cese”.
Este asunto está ahora mismo en manos de Vox. Concretamente, depende del presidente del parlamento, Carlos Pollán, decidir qué pasa con el letrado mayor, Marcos Herrero. elDiario.es se ha puesto en contacto con el letrado mayor a través de un correo electrónico y del departamento de prensa, pero ha declinado hacer declaraciones. Mientras tanto, cuatro sentencias continúan en el tablero, varios acuerdos de la Mesa han sido anulados y los derechos fundamentales de una funcionaria, vulnerados. Una “evidente conflictividad laboral” entre las partes, como dice el Tribunal Superior de Justicia.
El presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), propuso tras su elección en 2022 a uno de los letrados del parlamento para ser el secretario general y letrado mayor, sobre el que recaen también las cuestiones de funcionamiento interno. Es uno de los hombres que ‘controla’ las Cortes: es el jefe superior de todo el personal y de todos los servicios de las Cortes, y cumple sus funciones técnicas de apoyo y asesoramiento de los órganos rectores. El hombre elegido era Marcos Silvestre Herrero Martínez-Tutor, letrado de las Cortes desde 2019 que, de manera fugaz, formó parte del equipo de asesores del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP). Entonces fue un nombramiento aprobado por unanimidad (PP, PSOE y Vox).
Cuatro sentencias en su contra
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha emitido ya cuatro sentencias que anulan las actuaciones del letrado mayor y, como consecuencia, de la Mesa de las Cortes, puesto que es el último órgano responsable. Dos de estas sentencias son relativas a derechos fundamentales vulnerados —el de acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos y el del derecho a la tutela judicial efectiva—. En tres de ellas, la Mesa ha sido condenada en costas.
Las sentencias y el último auto, a las que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJ reprocha la “permanente vulneración de la dignidad personal y profesional” de la funcionaria y que se haya modificado ad hoc la normativa de la Cámara “para impedir su desenvolvimiento profesional”.
La funcionaria fue cesada como jefa de Gestión Administrativa y el letrado mayor modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que ella no pudiera acceder y sí un funcionario ingeniero, algo para lo que además no era competente, según la Justicia. El conflicto judicial se incrementa cuando se jubilan dos funcionarios del parlamento: el interventor y el viceinterventor. Entonces comienza un proceso para elegir a los próximos cargos y se convocan algunas plazas con requisitos que no cumplía ningún trabajador público con la intención clara de que esta funcionaria no pueda acceder a estas plazas, según las sentencias.
En diciembre de 2023, el TSJ tenía la “fundada sospecha” de que se pusieron requisitos para una plaza “con el único fin de excluirla y no por razones organizativas”. Ahora, va más allá: “Pocas veces se ha encontrado la Sala [del TSJ] con supuestos como el aquí examinado, en el que hay una deliberada voluntad de que la recurrente no ocupe o acceda a los puestos que tiene o pretende sin causa o motivo que se justifique”.
La Sala de lo Contencioso considera que esta modificación de la RPT se hizo para “eludir el cumplimiento” de una sentencia anterior para que un funcionario, ingeniero, pudiera participar en la convocatoria para cubrir el puesto que había ocupado provisionalmente y que continuara después al resolver la convocatoria. De hecho, en otra de las sentencias, el TSJ considera que las Cortes de Castilla y León no han argumentaron que las resoluciones impugnadas no pretendieran vulnerar los derechos fundamentales de la funcionaria.
La Justicia obliga a devolverle su puesto
Esta semana el Alto Tribunal autonómico ordenó a la Mesa de las Cortes de Castilla y León que devolviera su puesto a la funcionaria que está personada en un caso penal por acoso laboral. Anuló la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2024 y la convocatoria y la adjudicación de la Jefatura de servicio de Gestión Administrativa a un funcionario ingeniero. La RPT fue modificada precisamente para que este ingeniero pudiera ocupar el cargo de Jefe de Gestión Administrativa, una vacante que “se creó artificialmente” al cesarla injustificadamente.
Como colofón, el TSJ remitió los testimonio de particulares al Juzgado que investiga si se produjo acoso laboral para dilucidar “si se ha incurrido en responsabilidad penal”.
Un día después de que este auto se hiciera público, la Mesa acordó ejecutar el auto del TSJ y reponer a la trabajadora pública en su puesto. La funcionaria en cuestión ocupaba hasta ahora la plaza de responsable de la Intervención General de las Cortes después de que su titular se jubilara en diciembre.
El Tribunal Superior de Justicia reprochó la “deliberada voluntad” de que la exjefa de servicio de las Cortes de Castilla y León no ocupara su puesto. Fuentes parlamentarias reprochan que en ocasiones también han recibido la documentación judicial varias semanas después de que estuvieran a disposición del letrado mayor.
Algunos procuradores cuestionan su trabajo
El letrado mayor es una ‘muleta’ para órganos como la Mesa de las Cortes, que organiza el funcionamiento interno del parlamento, elabora el proyecto de Presupuestos, aprueba la plantilla y admite todos los escritos y documentos. El letrado mayor orienta legalmente al presidente del parlamento, sus vicepresidentes y secretarios, de todo signo político. Es, al final, su mayor referencia en asuntos legales y de trámite. Sin embargo, fuentes parlamentarias critican a elDiario.es la existencia en ocasiones de informes verbales del letrado y que algunos de los escritos ni siquiera tengan una firma.
Su labor ha sido cuestionada desde un punto de vista político y judicial. Ejemplos de ello son la doble suspensión de la votación que realizó Carlos Pollán después de que PP y Vox votaran erróneamente a favor de las enmiendas socialistas de los Presupuestos o la aprobación de la terna de jueces al TSJ a propuesta del PP con más votos en contra que a favor. También fue polémica la retirada de la dedicación exclusiva del procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, y la limitación de debatir una sola Proposición de Ley en cada pleno. También es llamativo que en cada sesión plenaria un trabajador de las Cortes entregue a los periodistas un documento en el que se les insta a rellenar con sus datos personales (nombre, DNI y medio) sin que conste ningún acuerdo de la Mesa a pesar de que ya han sido registrados al entrar en el edificio.
Los servicios jurídicos trabajaron durante años en un informe sobre incompatibilidades, un estudio que solicitó en 2021 el Grupo Socialista ante un vacío legal que generaba dudas sobre lo que suponía tener una dedicación exclusiva, aparte de cobrar 90.000 euros. El Grupo Socialista reiteró su petición en ocho ocasiones hasta que en noviembre de 2024 se entregó el informe, que aclaró bien poco. En ese periodo de tiempo, Raúl de la Hoz cambió las Cortes de Castilla y León por el Parlamento Europeo, cuando desveló en su declaración de bienes que había cobrado otros 40.000 euros como ‘abogado’. En septiembre de 2024, los procuradores del Grupo Mixto reprochaban esta demora e ironizaban sobre lo “ocupado” que estaba el letrado mayor.
El asunto judicial es mucho más complejo: una decena de causas abiertas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, cuatro resoluciones que cuestionan decisiones del letrado mayor y una causa penal por los delitos de acoso laboral y prevaricación.
Denunció que el letrado mayor cobró dos sueldos
Todo arrancó, según la defensa judicial de esta alta funcionaria, después de que ella notificara a la mesa que el letrado mayor habría cobrado simultáneamente de las Cortes de Castilla y León y por su trabajo durante mes y medio en el Ayuntamiento de Madrid. También había desacuerdos por los procedimientos en los contratos administrativos. La trabajadora cogió una baja laboral y, cuando volvió, denunció que le trataban de manera distinta y que prohibieron a sus compañeros hablar con ella. Informó a la Mesa de nuevas irregularidades y le volvieron a cesar, según su abogado, aunque luego retrasaron su cese para que terminara una cuestión. Ella denuncia que también le quitaron los permisos informáticos y le redujeron el sueldo al rebajar su nivel profesional.
El letrado mayor del parlamento declaró ante el Juzgado de Instrucción en diciembre de 2014: negó que tuviera problemas con esta funcionaria y defendió que todas sus decisiones se ajustaron a derecho. Eso ya no se corresponde con la realidad después de que haya habido resoluciones judiciales como la de febrero de 2025, en la que el TSJ reconoce que se lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se convocó el puesto de la vicesecretaria general a pesar de que se había solicitado una suspensión cautelar del acuerdo previo.
Además, el 5 de junio están llamados a testificar los miembros de la Junta de Personal, que elaboró un informe de 44 páginas y siete anexos con abundante documentación en el que descartaba que hubiera habido acoso laboral. La víctima, sin embargo, sostiene que sí había informado a la Junta de Personal de la situación que vivía.
La reacción política
Vox ha empezado a sumarse a las críticas del resto de la oposición —que pidió apartarle a finales del año pasado— mientras el PP se niega a pronunciarse después de que varias actuaciones del letrado mayor y de la Mesa hayan sido anuladas por la Justicia. Este jueves, el partido de Santiago Abascal ha reclamado que las sentencias “se deben cumplir” y el parlamento debe ser “una institución ejemplar”. “A lo mejor el letrado mayor debe recapacitar sobre si cuatro sentencias en contra de decisiones tomadas por él e incumplidas son buenas para la imagen de una institución como las Cortes de Castilla y León”, ha manifestado el portavoz del Grupo Vox.
