Una niña de 13 años tutelada por la Generalitat de Catalunya es violada año y medio por pederastas, un niño de 20 meses se asfixia en Jaén por un olvido del padre acogedor de 70 años, una madre denuncia que Servicios Sociales de Madrid le quita a su bebé y un juez cierra un centro con 43 menores migrantes en Canarias por torturas y delitos de odio. ¿Vamos a cuidar de una vez de nuestros niños vulnerables?
La Dirección de Infancia catalana, en el ojo del huracán por el caso de la menor violada y una investigación de Antifraude
El 14 de febrero publiqué una columna sobre unos escalofriantes audios que destapaban cómo la Delegación de Bienestar de Toledo quitó a una pareja su bebé de 9 días justificándolo por el pasado de “maltrato y abandono” sufrido por la madre. Al fin, el 16 de abril, cuatro meses después de la retirada un juez ordenó devolver a la niña a sus padres calificando de “totalmente desproporcionada” esa separación que ha podido frenarse gracias a ese audio que tanto merece escucharse de cómo las técnicas de menores avasallaron a Yumara Oliver y Abdel Tahiri. Pero del sistema de protección de menores no dejan de aflorar escándalos, hace años, en comunidades gobernadas por partidos de todo signo político. ¿A qué esperamos para atajarlo?
El último caso con más atención mediática es el de la chiquilla, tutelada por la Generalitat de Catalunya, que con 13 años, entre 2020 y 2021, fue violada por un pederasta y miembros de la red que él dirigía, chica a quien luego, cuando tenía aún 15 y seguía bajo la responsabilidad de la administración, la acabaron dejando irse a vivir con un hombre de 25. Todo en medio de un posible entramado de corrupción y fraude en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña, que también ahora se investiga, por el que parece que se han estado falseando informes para que las entidades a las que se encarga alojar a los tutelados siguieran cobrando por sus plazas cuando estos, cumplida la mayoría de edad, se iban y no las ocupaban ya.
La Defensora del Pueblo Catalán dice que la violación durante año y medio de la niña tutelada por la Generalitat no es un caso aislado y que el sistema de protección de la infancia ha quedado “obsoleto”. ¿Cuándo y cómo se va a arreglar esto?
La Síndica de Greuges, es decir, la Defensora del Pueblo Catalán, Esther Giménez-Salinas, ha llegado a decir estos días sobre lo sufrido por la chavala antes citada que “no es un caso aislado” y que el sistema de protección de la infancia ha quedado “obsoleto”. Hace falta más porque esto es algo que ya se lleva viendo hace años, en los tribunales y en los medios, ¿se va poner remedio o no?
Abusos sexuales a menores tutelados
Os sonará que en 2019, seis años atrás, la violación grupal a una niña tutelada en Mallorca afloró que con ella otras 15 chicas y un chico con medidas de protección eran víctimas de una red de trata. Ya entonces hubo dictámenes alertando del “elevado índice de fugas, salidas no autorizadas o no retornos” de estas menores tan vulnerables a manipulaciones y necesitadas de cariño y expertas en victimización infantil y adolescente apuntaron que se trata de una lacra que afecta a “prácticamente todas las comunidades autónomas”.
Al hablar de “casos” o “lacra” podemos olvidar que hablamos de niñas que ya vienen de familias biológicas que no pueden o deben criarlas, que ya las maltrataban y que, cuando se supone que el Estado las protege, con 12 o 13 años, se ven a merced de quienes, según los escritos judiciales, les plantean: “Tú me follas y yo te consigo cosas”, un móvil, dinero, drogas… Y cuando se resisten son amenazadas con mensajes como: “Te voy a matar, te voy a violar, te voy a degollar, te voy a tirar gasolina en la cabeza después de haberte violado y hacerte de todo y quemarte toda”. Niñas que los pedófilos se recomiendan en sus chats: “Me ha costado 600 euros…”, “Tiene 13, vale eso y más”. “¿Es tu primera niña de 14?” “Pues yo la conocí con 13 recién”.
Investigaciones periodísticas recientes revelan que mínimo 1.113 niñas y niños tutelados por las autonomías han denunciado abusos sexuales desde 2019 y la cantidad puede ser mucho mayor pues falta rigor en el registro de datos de las administraciones y transparencia.
Sólo esta semana hay dos hombres detenidos por la Ertzaintza y otros dos investigados por la denunciada agresión sexual a una menor tutelada de San Sebastián y la Fiscalía malagueña ha pedido seis años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años que se fugó de un centro de menores de Álora para vivir con quien luego abusó de ella.
Este octubre, en Sevilla, trascendió otra forma de abuso sexual en centros de protección de menores, la infligida a unos niños por otros menores y que fue denunciada por una familia que acusó al centro que supuestamente guarda y custodia a sus cuatro hijos de no investigar sino tapar lo que otro interno les estaba haciendo.
Investigaciones con datos oficiales publicadas este marzo por El País revelan que al menos 1.113 niña/os tutelados por las autonomías han denunciado abusos sexuales desde 2019. Cifra que los entendidos temen sea mucho mayor pues, como puede verse aquí, las administraciones actúan con falta de rigor en el registro de datos y de transparencia en su comunicación.
Accidente o temeridad en Linares
A este lamentable panorama ha venido a sumarse esta semana la muerte por asfixia de un niño de 20 meses olvidado dentro del coche por su padre de acogida en Linares (Jaén). Una tragedia que también otras veces le ha pasado a padres biológicos, que seguro tiene destrozados a este hombre y su esposa, siendo, además, según todas las fuentes, ejemplares padres de acogida de otros 13 niños en la última década. Pero donde algo no puede pasarse por alto: el hombre tiene unos 70 años y la mujer 55.
¿Nos parece razonable que no haya límite de edad para ser padres de acogida cuando en España el límite para adoptar está en 45 años y para los tratamientos de fertilidad entre los 38 y los 50 años?
Ante la muerte asfixiado en un coche de un niño de menos de 2 años por el olvido de su padre de acogida que tiene más de 70 cabe preguntarse: ¿es razonable que no haya límite de edad para el acogimiento familiar cuando sí se limita la adopción a los 45 años y la fecundación in vitro a entre los 38 y los 50 años?
Atisbo que flexibilizar ese criterio de edad tendrá que ver con la noticia que ya en 2021 desvelaba nuestra compañera de elDiario.es Elena Cabrera de que “El sistema de protección de menores tutelados falla: cada vez hay más niños viviendo en centros que con familias de acogida”. Pero, además de mejorar la atención en los centros y de procurar que los pequeños se críen en hogares en vez de institucionalizados hay que extremar el rigor en la selección de familias de acogida, por muy buena intención que tengan todas las que aspiran a ser elegidas.
Clasismo y racismo
No me voy a extender en el gran peso del clasismo, para mí evidente, en las retiradas de custodia precipitadas o arbitrarias porque de eso iba mi columna de febrero Se quitan bebés a familias vulnerables donde, partiendo del atropello sufrido en Toledo por Yumara Oliver y Abdel Tahiri y enumerando casos de la última década en Cádiz, Bizkaia, Castilla y León, Canarias y Valencia refería también uno dramático que yo misma cubrí hace 20 años cuando le quitaron dos hijos a una madre sevillana que, tras una lucha tenaz, murió poco después de que los tribunales se los devolvieran.
Pero este abril ha trascendido otro caso paradigmático de la mala práxis extendida gracias a la denuncia de una joven madre peruana llegada en diciembre y víctima de violencia de género cuya bebé se llevó la Comunidad de Madrid del hospital de Torrejón donde la alumbró.
Que nuestro sistema de protección de menores trate con la negligencia que lo hace a las niñas y niños nacidos en España no justifica sino que da un marco relevante al escándalo de cómo tratamos a los menores migrantes. Esta misma semana un centro de menores inmigrantes en Gran Canaria ha sido cerrado por un juzgado, y nueve trabajadores arrestados, acusados de delitos de odio y presuntas torturas, nada menos. Caso que recuerda al del centro de menores de Ateca (Zaragoza) cerrado en agosto de 2024 y donde se detuvo al director y cuatro trabajadores por torturas, agresión sexual y lesiones, aunque el máximo responsable ya está en libertad provisional.
Con los abusos sexuales y las retiradas de custodia arbitrarias hay un problema de odio racista y torturas que llega hasta casos de muerte entre los menores que, además, son inmigrantes.
El propio Abdoulie Bah, muerto a tiros hace una semana en el aeropuerto de Gran Canaria por la Policía, que lo justifica porque llevaba un cuchillo con el que al parecer intentó robar a un taxista, llegó hace tres años como un quinceañero gambiano sin familia en su patera, se crió en centros hasta los 18 y ahora con 19 trabajaba como cuidador de otros, pero nadie cuidó a tiempo de los síntomas de enfermedad mental que ya daba. Su muerte mucho me temo que quedará tan impune como la del joven Illias Tahiri, de origen marroquí, que a los 18 años murió atado boca abajo a una cama en el centro juvenil Tierras de Oria (Almería) gestionado por la empresa Ginso bajo titularidad de la Junta de Andalucía.
Urge reformar la protección infantil
Es más que evidente que en España hace falta y urge reformar un sistema de protección de menores que no los protege, sino que, al revés, los maltrata. Un sistema que lleva fallando décadas, bajo gobiernos de derecha e izquierda, tanto en la administración central como en las autonómicas.
Es de temer que el sistema de protección haga aguas, como las residencias de ancianos, porque las autonomías ceden el servicio a entidades privadas, a quienes se paga con nuestros impuestos sin controlar que el dinero se invierta en buen personal y atención a los usuarios, sino dejando que se esquilme para beneficio de sus dueños.
Y mucho me temo que el sistema hace aguas, igual que las residencias de ancianos, por la concesión del servicio a entidades gestoras privadas, a quienes se paga con nuestros impuestos, pero con poco o nulo control de que inviertan el dinero en personal adecuado y buena atención a los usuarios, con lo que se permite que minimicen los gastos para maximizar los beneficios de sus dueños.
El único camino para arreglar este desastre es que la ciudadanía pongamos pie en pared y exijamos que se remanguen las consejerías, con las competencias transferidas, y el Ministerio de Juventud e Infancia. Porque esto que está pasando es intolerable.
